Rodolfo Tercero Burgos, el abogado defensor de la UNT fue condenado por abusador sexual de su hija

A 1.241 días de haber sido denunciado por el abuso sexual de su hija menor de edad, Rodolfo Tercero Burgos, exdirector de Canal 10 de Tucumán en representación de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), docente de la facultad de Derecho de la UNT, falso querellante de la universidad en la causa por el robo de la Ciudad Universitaria y lobbista del diario La Gaceta, fue condenado ayer miércoles a 5 años de prisión, luego de que fuera encontrado culpable por el juez Antonio Gutiérrez, en el juicio que había comenzado el pasado 28 de noviembre. 

“Quedó probado que Rodolfo Tercero Burgos ha abusado sexualmente de su hija menor de edad y le ha provocado graves daños a la salud psicofísica”, sostuvo el abogado querellante Gustavo Morales.

Por otro lado, el abogado confirmó que, una vez que la condena quede firme, irá a la cárcel, sin embargo, el condenado tiene diez días hábiles para interponer el recurso de casación “porque este proceso es con el viejo régimen que es el sistema conclusional”. Los fundamentos se realizarán el día 18 de diciembre a horas 12, pero, en principio, la querella está conforme con la calificación legal, aunque difiere en el monto porque había pedido diez años.

“La querella pidió 10 años de prisión y, además, solicitó la prisión preventiva de Rodolfo Tercero Burgos”, había sostenido Morales después de los alegatos y había argumentado: “La voz de la menor se refleja en todas las manifestaciones en Cámara Gessell, y en el testimonio de numerosas psicólogas”. “Burgos cuando declara reconoce que tocó en numerosas oportunidades a su hija, y la defensa de Burgos acaba de reconocer que Burgos la tocó a su hija, aunque dice que no tiene un sentido libidinoso", manifestó.

 Además, Morales sostuvo que estas declaraciones fueron omitidas el pasado 22 de abril del 2022, cuando en esa oportunidad declaró más de cuatro horas: “Vino aquí a confesar un delito para que le den la pena menor”.

El hecho, por el que fue condenado Burgos, fue denunciado el 13 de julio de 2021 y ratificado 9 días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Moris, expareja de Burgos y madre de la menor, con el patrocinio del letrado Gustavo Morales, en una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación. 

En abril del 2022, como aun presidente de Canal 10 se presentó en el programa Los Primeros invitado por Omar Noblega, que en una charla le consultó por "un tema instalado en las redes sociales". “Fui ampliamente viralizado en las semanas anteriores, por una situación penosa en lo personal y familiar de hace más de dos años que hizo epicentro en la cuarentena dura. Tiene que ver con una confrontación en lo personal y familiar y por la que fui denunciado en varias oportunidades por violencia de género y el abuso de mi hija más grande (5 años)”, confesaba Burgos, ratificando las denuncias que eran investigadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2. 

Luego, el profesor de Derecho Constitucional, contó que su carrera política dentro de la vida universitaria, que le permitió llegar a la presidencia del directorio de Canal 10, lo tenía por esos días envuelto en lo que él definió como una “campaña sucia” en su contra en el marco de las elecciones a Rector de la UNT de ese añó: “De alguna manera existe una clara maniobra, una campaña sucia de parte de la fórmula que encabeza el contador (Pío) Jiménez, que enfrenta a Sergio Pagani que es el oficialismo en la universidad, de una utilización familiar para hacer política”, y acusó a eltucumano.com de escracharlo por "afuera de cualquier interés periodístico”. Además, en esa entrevista, apoyó públicamente la candidatura  a Decano de Derecho Augusto González Navarro, histórico director de Asuntos Jurídicos de la UNT desde 1999 a la fecha, quien fue blindado por la no-investigación del fiscal federal Carlos Brito y no fue imputado a pesar de que omitió la letra de la Ley 14.771, de que es el autor del régimen paralelo para obras al margen de la Ley de Obras Públicas y que los fondos públicos sean tratados como privados en una Universidad Nacional.

En abril de 2022, durante la campaña universitaria para elegir al nuevo rector, este medio le consultó a los por entonces candidatos Sergio Pagani y Mercedes Leal, por la denuncia en contra del director de Canal 10 y si tomarían medidas de llegar al Rectorado. La pregunta ofuscó al actual rector y vicerrectora: "El doctor Burgos tiene una cuestión en la Justicia que deberá dirimirse en ese lugar, no en la Universidad. No es algo que nos compete de momento”, afirmó Pagani.  

En junio de 2022, la fiscalía a cargo de Fernando Blanno había expresado que se encontraba acreditado el delito en contra de la hija menor de Burgos de tan sólo 3 años de edad. “En relación al planteo de ampliación de la imputación a los fines de encuadrar los hechos en el delito de ‘Corrupción de Menores’, cabe señalar que, a criterio de esta acusación, los hechos atribuidos al imputado Burgos Rodolfo se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas, especialmente, la declaración testimonial de la víctima realizada a través de Cámara Gesell. Que dicho episodio lícito encuadra, prima facie, en el delito de ‘Abuso sexual agravado’, ello sin perjuicio de la probable variación posterior de la situación”, habían expresado en un decreto en el que se decidió “no hacer lugar” al pedido de ampliación de la denuncia por “Corrupción de Menores”, contra Burgos.

A pesar de las pruebas contundentes y que la causa avanzaba con muchas dilaciones, la fecha establecida juicio y ahora su condena, Burgos permanece firme en sus labores universitarias en las que fue ratificado tiempo atrás por las autoridades universitarias encabezadas por el secretario General de la UNT, José Hugo Saab y el rector Pagani. Hasta hoy, Burgos sigue siendo el millonario abogado querellante contratado por la Universidad Nacional de Tucumán en el juicio por el desfalco de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier.

"¿Cómo puede ser que un imputado, con una causa a juicio oral que se dilata, continúe en todos sus cargos? ¿Cómo puede ser que sea el abogado de un juicio multimillonario de la Ciudad Universitaria, actuando de falso querellante, permitiendo un robo a Tucumán?, se preguntó Marina Moris semanas atrás en una entrevista con FM La Tucumana 95.9, cuando la Justicia había fijado una anterior fecha de juicio que no se llevó a cabo. 

La inhabilidad moral manifiesta de Burgos quedó al descubierto cuando se conoció que confesó ante la Justicia que hace años no ejerce la profesión de abogado, ya que la Presidencia de Canal 10 -cargo en el que fue designado por la UNT- lo "sacó del ejercicio profesional" pero al mismo tiempo cobraba millones de la propia UNT como exclusivo abogado querellante para investigar el Robo de la Ciudad Universitaria. Desde su designación en 2019, no se conoce actuación alguna de esa querella.

El primer contrato que convirtió a Burgos en el único letrado apoderado legal de la Universidad Pública con acceso exclusivo a la causa penal federal caratulada Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa expediente 400360/2010 fue subscripto el 20 de septiembre de 2019 por el entonces Rector José García y el sempiterno secretario general del Rectorado, José Hugo Saab.

En ese momento, Burgos venía desempeñándose desde 2016 como presidente de Canal 10 designado por la propia UNT. Antes, en 2014, la entonces rectora Alicia Bardón había designado a Burgos a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica. El Ekeko ejerce también en diversas causas como abogado particular de la exRectora.

Dicho contrato entre el rectorado de la UNT y Burgos dejó establecido que “EL PROFESIONAL” asumirá la representación de la UNT como apoderado en su intervención como querellante en la causa N° 33.813/2013, caratulada “Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal, Ramón s/Su denuncia” que se tramita por ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, presentándose en tal carácter en dicho proceso y ejerciendo en el mismo todas las facultades que el Código Procesal Penal confiere al querellante”, instituye el contrato aún vigente entre el múltiple agente y la UNT.

"Como contraprestación por las tareas que constituyen objeto de este contrato, "LA UNIVERSIDAD" retribuirá a "EL PROFESIONAL" con la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 496,248,61) por todo concepto", reza la cláusula cuarta del contrato suscripto en 2019 ─que en dicho año, el valor del dólar cerró era de $69─.

El contrato de Burgos fue renovado en 2022 por el exRector García y ratificado en 2023 por el actual Rector Sergio Pagani, y fue escamoteado  ante pedido de consejeros superiores por el Director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

En abril de 2016, La Gaceta se preguntaba "¿Cuánto le saldrá a la UNT participar como querellante en la causa YMAD?", y advertía que González Navarro recomendaba "el nombre de un abogado penalista de Tucumán", pero además que la contratación “se efectúe por un término específico y por un monto de honorarios prefijables”. En ese marco, señalaba La Gaceta que "según el artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación, 'los honorarios de los abogados y procuradores se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido'”

"Fuentes judiciales explicaron que en una causa en la que se investiga el manejo de más de $ 353 millones, si sólo se regulara el 1% de honorarios, serían más $ 3,5 millones", indicaba La Gaceta, y subrayaba que los abogados porteños Pablo Ezequiel Lanusse, Fernando Díaz Cantón y Joaquín Pedro da Rocha que "recomendaban a la Universidad presentarse como querellante" le "enviaron sus pretensiones dinerarias (...) Cifras que rondaban los $ 1.500 la hora más IVA y viáticos (viajes y estadía en Tucumán)".

El rol de la exjueza y candidata a camarista Valeria Brand

En agosto del 2023, la comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán, decidió correr traslado a las cuatro denuncias realizadas en contra de la por entonces jueza Valeria Brandt, a cargo del Juzgado de Familia y Sucesiones de la V° Nominación del Centro Judicial de la Capital, por su desempeño en cuatro causas, entre la que se encontraba la de Burgos.

Una de las denuncias contra la jueza fue realizada por Daniela Moris, madre de la menor abusada por el abogado querellante de la UNT en la causa por el robo de la ciudad universitaria de San Javier,.

Según el abogado Gustavo Morales, representante de Moris, a raiz de una denuncia que ingresó el pasado 3 de agosto a la Legislatura, los parlamentarios integrantes de esta comisión "se dieron cuenta que Brandt tiene los mismos patrones de conducta: siempre esta del lado del padre abusador, golpeador". "Esto llevo al tribunal que revean los archivos que hicieron y comenzaron a correr traslado", dijo en una entrevista con eltucumano.com. 

En abril del 2022, Moris contó que debió soportar una sentencia de la jueza Brand, que ordenó revincular a su hijita con quien la menor evidenciaba “indicadores de angustia, temor, inseguridad y tensión interna” a partir de una figura paterna calificada como "hostil, amenazante y muy temida", según el propio organismo judicial encargado de velar por la menor.

La pericia a la menor fue realizada por la psicóloga del Poder Judicial, licenciada Mabel Martínez, tres meses y 19 días antes de que la madre de la pequeña denuncie a Burgos ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) por el abuso sexual de la pequeña.

Esta pericia psicológica alertabaa la jueza Brandt el 29 de marzo de 2021, sobre los riesgos de una revinculación de Rodolfo Tercero Burgos con su hija menor, hoy víctima de abuso sexual infantil.

El reencuentro obligado entre Burgos y su hijita ordenado por Brandt, y ratificado por la camarista Ester Valderrábano de Casas, tuvo lugar durante los meses de junio y julio de 2021. Sincrónicamente, en ese mismo lapso de revinculación forzada judicialmente, la menor experimenta cambios de conducta violentos.

Esto a pesar de que en 2022, la fiscalía a cargo de Fernando Blanno acreditó el delito en contra de la menor, que por ese entonces tenía 3 años: “En relación al planteo de ampliación de la imputación a los fines de encuadrar los hechos en el delito de ‘Corrupción de Menores’, cabe señalar que, a criterio de esta acusación, los hechos atribuidos al imputado Burgos Rodolfo se encuentran adecuadamente intimados de acuerdo a las pruebas incorporadas, especialmente, la declaración testimonial de la víctima realizada a través de Cámara Gesell. Que dicho episodio lícito encuadra, prima facie, en el delito de ‘Abuso sexual agravado’, ello sin perjuicio de la probable variación posterior de la situación”.

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán había decidido por unanimidad abrir el proceso de destitución de la jueza Brand para investigar su desempeño en cuatro casos en los cuales, según los denunciantes, “la jueza en vez de proteger a las niñas y niños, los maltrató, los dejó desamparados ante sus abusadores y, en el caso más grave, dictó una resolución quitándole el cuidado al padre que la criaba a la nena desde su nacimiento, para entregarla a sus violadores”.

Sin embargo, al otro día de presentar su renuncia, la Comisión decidió dar por concluida las actuaciones y procedió a archivar las causas. Esto implicó que la magistrada no podría ser sometida a juicio. “La actuación de la comisión de juicio político con respecto a las siete denuncias en contra de la doctora Bran ha terminado en el día de la fecha”, manifestaron ante los micrófonos de eltucumano el pasado 28 de septiembre de 2023. 

El pasado lunes 11 de noviembre, el Consejo Asesor de la Magistratura, comenzó con las entrevistas en el marco del Concurso n°328 para Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil en Familia y Sucesiones, Sala II, del Centro Judicial Capital. Durante esa sesión llamó la atención que una de las postulantes al cargo, tercera por órden de mérito, fue la  exjueza Valeria Brand.

Crisis en Canal 10

El año 2023 estuvo marcado por los escándalos en Canal 10, el otrora canal de todos los tucumanos quedó manchado por el acta trucha que propició un enroque en el directorio para designar al Ingeniero Leandro Díaz como Presidente del Directorio de Canal 10 y a Rodolfo Tercero Burgos como Director; el embargo a Díaz en una causa por el pago de sobresueldos en la UNT; la inminente elevación a juicio de la causa contra Burgos por abuso sexual de su hija; el pago de comisiones millonarias a vendedores de publicidad; la suspensión de la asamblea de accionistas en una puja con el Gobierno; para cerrar el año con un allanamiento de AFIP y Gendarmería.

El Saabismo no pudo seguir sosteniendo en el directorio del Canal a una de sus vacas sagradas y Burgos se despidió así de Canal 10 en marzo de este año, tras casi ocho años: se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la exrectora Alicia Bardón cuando el Consejo Superior lo nombró como sucesor de Mauro Feldman, mientras que Leandro Díaz -por entonces secretario Económico Administrativo- reemplazó a Daniel Moeremans en el cargo de director vocal.

El blindaje de La Gaceta -garantizado por la sociedad periodística y amistad de Rodolfo Burgos y Federico Van Mameren- es tal que el centenario diario esconde sistemáticamente el Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT (en sintonía con el fiscal federal Carlos Brito se concentra en la causa por el desmanejo de fondos menores y no en el origen de los fondos) como los pedidos de citación a indagatoria y posterior detención de José Hugo Saab y Augusto González Navarro. Incluso, la directora de Canal 10 por la provincia, Ingrid Lausberg, debió pagar una solicitada en La Gaceta para que allí se tome nota de la crisis en el canal.

Garante de la impunidad

El rol de Burgos al frente de la seudo querella de la UNT en la causa por el desmanejo de los fondos que debían ser destinados a la construcción de la Ciudad Universitaria comenzó a tener sus primeras acciones en mayo, donde hizo uso de la palabra durante el inicio del juicio que se desarrollará de acá hasta fin de año en la sede del TOF.

Hasta la fecha se desconocen actuaciones encabezadas por Burgos, que no se especializa en derecho penal. Sin embargo, a pesar de no tener experiencia en este tipo de casos, Burgos es muy cercano a la política universitaria, ya que fue subsecretario legal y técnico de Alicia Bardón y abogado personal de la ex Rectora a la que defiende en una causa en la que se acusa por "malversación de fondos" universitarios.

Antes de ser recusado y apartado de la causa, el fiscal Federal Gustavo Gómez afirmó en una entrevista con eltucumano.com desconocer "una actividad importante de la querella”. “La actividad del querellante tiene que ser incluso mucho más efectiva que la del fiscal. Se supone que el querellante tiene que tener un interés mayor. Nosotros defendemos el interés público, pero el querellante defiende el interés particular. En ese marco, tengo que pelear por la recuperación de los fondos”, explicó el Fiscal.

Hasta la publicación de esta nota, desde la Universidad Nacional de Tucumán no se expresaron por sus canales oficiales sobre si el condenado Rodolfo Tercero Burgos seguirá representando sus interes en el juicio por el desfalco de fondos que debían ser destinados para la Ciudad Universitaria de San Javier. 

Los contratos de Burgos con la UNT

El momento de la condena de Burgos por abuso sexual

• Rodolfo Burgos