La crisis en Canal 10 llegó a La Gaceta mediante una dura solicitada

La grave crisis institucional de Canal 10 de Tucumán quedó evidenciada una vez más, esta vez a través de una dura solicitada en el diario La Gaceta, que lleva la firma de la directora en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, donde informó de las irregularidades que atraviesa la señal que hoy está sumergida en una crisis institucional. 

La vicepresidenta, acusó en la edición impresa del centenario diario, al rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani, y al histórico secretario general, José Hugo Saab, de no tomar medidas ante las denuncias que realizó semanas atrás y que fueron publicadas por eltucumano.com. 

“Por el cobro de comisiones millonarias y las irregularidades fiscales informadas por la sindicatura he denunciado estos hechos a la justicia para que investigue ante el silencio del Sr. Rector Ingeniero, Sergio Pagani, del Cons. Sup. UNT y del Lic. Jose H. Saab a quien además he pedido que se indague por presunta violacion del estatuto del Canal 10”, acusó Lausberg en la solicitada que hoy salió publicada en la hoja 3 de La Gaceta.

En ese sentido, la directora recordó que “Canal 10 tiene 57 años de historia gracias al esfuerzo de su personal, quienes llevan la televisión a Los Tucumanos todos los días. Los directivos pasan, Canal 10.... sigue”, finalizó. 

La solicitada que salió publicada este 6 de septiembre en la página 3 de la edición impresa de La Gaceta.- 

A mediados de agosto, eltucumano.com informó que el Gobierno de la Provincia pidió remover a dos directores de la señal por parte de la UNT, debido a que se encuentran procesados por delitos graves. 

A través de una presentación al rector Pagani, la directora del canal en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, solicitó "tome en consideración el otorgamiento de licencia u otra medida que considere oportuna" a fin de apartar temporalmente a Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos, "por las graves causales” por las que se los acusa.

“Como es público y notorio, ambos directores de la principal emisora de televisión abierta de la Provincia designados por la UNT se encuentran procesados, tanto por la justicia Federal (tal el caso del designado presidente del directorio, Ing. Leandro Díaz a quien se le endilgan la comisión de delitos contra la administración pública), como por la justicia provincial (tal el caso del director vocal Rodolfo Tercero Burgos por el delito de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad)”, explicó la funcionaria. 

Sobre los graves delitos por los que ambos directores se encuentran procesados, Lausberg detalló que el juez federal, Guillermo Molinari, dejó en claro que “se pudo comprobar que las resoluciones de fechas 04/06/2014, 22/12/2014 y 22/12/2014 –obrantes a fs. 33/35-, dictadas por Leandro Raúl Díaz –en su carácter de Secretario Financiero de dicha casa de Altos Estudios dispusieron el pago de un “Suplemente por Antigüedad” a determinados funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán” y que dichas resoluciones se apartaron “de los parámetros establecidos por la Ley N° 14.473, y a partir del año 2015, el Decreto N° 1246/15 correspondiente al Convenio Colectivo para docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales”.

El juez federal consideró  que “se encuentran reunidos al presente con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa procesal elementos de convicción suficientes en los términos del art. 306 y c.c. del C.P.P.N. para el dictado de procesamiento sin prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, por considerarlos prima facie co-autores (art. 45 del C.P.), penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), al haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales y el haber ejecutado las mismas, resultando responsables en los términos enunciados respecto a la sanción de las resoluciones señaladas precedentemente”.

Asimismo, el juez dictó un embargo “en tres millones de pesos ($3.000.000) en relación a Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, para cada uno de ellos, sobre bienes suficientes de su propiedad” (SIC).

Sobre Burgos, recordó que se encuentra imputado por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor, además de las tres medidas de restricción impuestas por la Justicia provincial. “Desde diciembre de 2022 la causa está elevada a juicio oral y público. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo del fiscal Fernando Blanno, consideró que existen elementos de prueba que sustentan la denuncia en contra”, especificó Lausberg.

Además adjuntó evidencias del silencio protector de Leandro Díaz ante los pedidos de que se tomen medidas contra Burgos. A través de una carta documento, el actual presidente desestimó su solicitud ya que “se aparta de lo normado en la Ley General de Sociedades”. “Por un lado, porque dicha ley no le otorga competencia al directorio, como órgano de administración societaria, para entender en un requerimiento de esa naturaleza (art. 255 y cctes. de la LGS).

“Por otro lado, porque ese digesto no prevé la posibilidad de que el director de una SA o SAPEM solicite la licencia (ni la renuncia) de otro director (art. 256 y cctes. de la LGS)”, añadió y finalmente adució que “esa ley no contempla la posibilidad de forzar u obligar a un director a tomar una “licencia preventiva' por haber sido imputado de un delito y, a mayor abunda-miento, admitir algo semejante implicaría violar el principio de inocencia (art. 18 de la CN, art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.

Por último, Lausberg afirmó que “configura una extrema gravedad institucional el desmanejo económico financiero producto de la gestión de los directores Leandro Diaz y Rodolfo Burgos que ha sido detectado y comprobado por las auditorías de la sindicatura de Canal 10”, documentos que adjuntó en el petitorio enviado al Rector de la UNT para fundamentar los graves hechos a los que refiere:."concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionadas con hechos o con condiciones que pueden generar dudas importantes sobre la capacidad de TELEVISORA DE TUCUMÁN SAPEM para continuar como empresa en funcionamiento".