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Crisis en Canal 10: sindican a Saab como responsable de una burda adulteración de actas del directorio

SAABISMO INSTITUCIONAL

El jefe de la casta que gobierna la universidad Nacional de Tucumán desde hace 40 años fue señalado por Ingrid Lausberg, vicepresidenta de la señal, como “enteramente responsable” de la falsificación de las firmas de Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos, quienes se encontraban de viaje por Europa cuando José Hugo Saab certificó que se encontraban "presentes".

Gavilla en Canal 10: José Hugo Saab y su pupilo Rodolfo Burgos.





El histórico Canal 10 de Tucumán atraviesa agitados días institucionales. Al pedido de destitución por parte gobierno de la Provincia contra los presuntos delincuentes Rodolfo Tercero Burgos y Leandro Dìaz - directores representantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT)- se suma la aparición de una auditoría que confirma manejos espurios de fondos por parte de los directores y una probada falsificación de actas en la que el secretario General de la UNT José Hugo Saab dispone un enroque de los funcionarios asegurando que se "encontraban presentes" aunque la Justicia Federal tiene probado que se hallaban en Europa de turismo aunque sus "firmas" aparecen en el documento en lo que confirgura un extraño caso de bilocación humana.

A través de una presentación al rector de la UNT Sergio Pagani, la directora del canal en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, solicitó "tome en consideración el otorgamiento de licencia u otra medida que considere oportuna" a fin de apartar temporalmente a Leandro Díaz,  procesado por una causa por mal desempeño de los deberes de funcionario público cuando estaba a cargo del manejo de los dineros públicos en la universidad, y de Rodolfo Tercero Burgos, imputado y a la espera del juicio en el que deberá responder por el abuso sexual de su hija menor"

En la solicitud enviada el pasado miércoles a Pagani, a las irregularidades ya mencionadas, se suma la falsificación de un acta que el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, firmó para habilitar un enroque en el directorio del Canal de Todos los Tucumanos. Allí sostuvo que todos los designados estaban presentes, cuando habría sobradas pruebas de que Burgos se encontraba en ese momento en Europa.

El 13 de marzo de 2023, Saab le puso su firma al Acta de Asamblea de Clase Accionista Clase B Universidad Nacional de Tucumán donde se designó al Ingeniero Leandro Díaz como Presidente del Directorio de Canal 10 y al Dr. Rodolfo Tercero Burgos como Director. "Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados", se lee en el acta adulterada por Saab, ya que estará probado en sede Federal que Burgos se encontraba en ese momento en España.

"No participé como representante de la Provincia, son dos las actas donde el Dr. Burgos y el Ing. Díaz se traspasan la presidencia de manera ilegítima, porque el estatuto de la empresa claramente establece que en ausencia del presidente asume el vicepresidente", explicó la vicepresidenta de Canal 10 en una entrevista con FM latucumana 95.9.

Y ejemplificó: "Es lo que pasó en la provincia con la ausencia de (Juan) Manzur, cuando se fue asumió (Osvaldo) Jaldo, lo dice la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y el estatuto de Canal 10".

Ante la consulta sobre el sentido de este acto irregular, Lasuberg indicó que desconoce las razones pero que sabe que "han violado el estatuto para que yo no asuma interinamente”. “Tuve que reclamar y pedir la nulidad de ese acto administrativo que ahora está en el Juzgado Federal II", detalló.

En ese sentido, Lausberg afirmó que "ninguno de los dos (Díaz y Burgos) estaba (en la asamblea) pero sus firmas figuran en las actas" e incluso puso en duda que se encontraran en la provincia: "He pedido que se chequee en Migraciones si las personas que firmaron el acta se encontraban o no en Tucumán. Eso sería una irregularidad más". Contó, además, que elevó "una nota al rectorado para que el accionista mayoritario tome una decisión, porque la situación es insostenible, tenemos 107 empleados que necesitan trabajar y continuar su día a día en paz". Con respecto a esto, manifestó que "nosotros hacemos un servicio social que es la comunicación, no podemos parar ese servicio"

Sobre el rol de José Hugo Saab, declaró que "firma ambas actas, es enteramente responsable de la violación del estatuto, de eso no hay dudas" y que tal afirmación "surge de la lectura del estatuto, del artículo 16, y de las actas, que tienen tres renglones para la designación de autoridades". Actas que "las tuve que pedir, porque me comunicaron verbalmente 'hoy el presidente es tal persona'".

El  Acta de Asamblea de Clase Accionista Clase B de la Universidad Nacional de Tucumán:



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Los presuntos delitos de los directores de la UNT


Sobre los graves delitos por los que Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos se encuentran procesados, en el escrito enviado al rector de la UNT, Sergio Pagani, se detalla que el juez federal, Guillermo Molinari, dejó en claro que “se pudo comprobar que las resoluciones de fechas 04/06/2014, 22/12/2014 y 22/12/2014 –obrantes a fs. 33/35-, dictadas por Leandro Raúl Díaz –en su carácter de Secretario Financiero de dicha casa de Altos Estudios dispusieron el pago de un “Suplemente por Antigüedad” a determinados funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán” y que dichas resoluciones se apartaron “de los parámetros establecidos por la Ley N° 14.473, y a partir del año 2015, el Decreto N° 1246/15 correspondiente al Convenio Colectivo para docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales”.

El juez federal consideró  que “se encuentran reunidos al presente con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa procesal elementos de convicción suficientes en los términos del art. 306 y c.c. del C.P.P.N. para el dictado de procesamiento sin prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, por considerarlos prima facie co-autores (art. 45 del C.P.), penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), al haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales y el haber ejecutado las mismas, resultando responsables en los términos enunciados respecto a la sanción de las resoluciones señaladas precedentemente”.

Asimismo, el magistrado dictó un embargo “en tres millones de pesos ($3.000.000) en relación a Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, para cada uno de ellos, sobre bienes suficientes de su propiedad” (SIC).

Sobre Burgos, recordó que se encuentra imputado por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor, además de las tres medidas de restricción impuestas por la Justicia provincial. “Desde diciembre de 2022 la causa está elevada a juicio oral y público. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo del fiscal Fernando Blanno, consideró que existen elementos de prueba que sustentan la denuncia en contra”, especificó Lausberg.

Además adjuntó evidencias del silencio protector de Leandro Díaz ante los pedidos de que se tomen medidas contra Burgos. A través de una carta documento, el actual presidente desestimó su solicitud ya que “se aparta de lo normado en la Ley General de Sociedades”. “Por un lado, porque dicha ley no le otorga competencia al directorio, como órgano de administración societaria, para entender en un requerimiento de esa naturaleza (art. 255 y cctes. de la LGS).

“Por otro lado, porque ese digesto no prevé la posibilidad de que el director de una SA o SAPEM solicite la licencia (ni la renuncia) de otro director (art. 256 y cctes. de la LGS)”, añadió y finalmente adució que “esa ley no contempla la posibilidad de forzar u obligar a un director a tomar una “licencia preventiva' por haber sido imputado de un delito y, a mayor abunda-miento, admitir algo semejante implicaría violar el principio de inocencia (art. 18 de la CN, art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.

Luego de la presentación realizada, Lasuberg aclaro que "tampoco quiero ser identificada con este directorio" porque "no es positivo un directorio integrado por personas procesadas, les he pedido que renuncien o pidan licencia, su situación procesal obstaculiza la dirección de una empresa". Consideró que "el funcionario público debe tener un perfil moral, que estas personas, con las graves acusaciones en su contra, no lo tienen" y lamentó: "Es una situación poco feliz, que pone en peligro a la empresa, que aparte no es una empresa privada. Supongo que se va a constituir una asamblea extraordinaria para determinar quién sigue en el directorio".

Leandro Díaz y Rodolfo Burgos, a la derecha de la foto.Junto a ellos, José Hugo Saab y el exRector José García.-




La entrevista completa de Ingrid Lausberg en FM latucumana 95.9: