Por el cobro de comisiones millonarias, AFIP y Gendarmería allanaron Canal 10 de Tucumán

Este jueves la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto a personal de Gendarmería Nacional realizó un allanamiento en las oficinas de Canal 10 de Tucumán, señal que es controlada por la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (SAPEM) que se encuentra conformada por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de la Provincia. 

El operativo se llevó a cabo en el marco de la causa “SOMADOSSI LUCAS Y OTRO S/ EVASION FISCAL Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA”, iniciada tras la denuncia de la representante de la Provincia, Ingrid Lausberg, que en agosto de este año acusó a Lucas Somadossi, empleado de raso del canal nombrado por Rodolfo Tercero Burgos, de cobrar comisiones millonarias por la venta de publicidad. Por esta razón, la fuerza federal y el organismo fiscal se llevaron una CPU y documentación de las oficinas administrativas. 

Tal como lo informó eltucumano.com, Somadossi forma parte de "una familia ensamblada" con el director Burgos, que en su carácter de vendedor de publicidad ha llegado a facturar más de $14 millones en un mes y lleva una suntuosa vida que incluirían una colección de vehículos de lujo, como ser dos motos BMW, dos autos y un descapotable de colección, flota impropia para los ingresos de un empleado raso de la emisora.

Leonor Inés López González es una productora del noticiero y ex esposa de Rodolfo Tercero Burgos, con quien tienen una hija adolescente, que contrajo segundas nupcias con Lucas Sadomassi. Así, Somadossi y López González tienen a su cargo a la hija de ésta con Burgos, jefe de éste. Una "familia ensamblada", tal como la definió Burgos en una audiencia ante la magistrada María Carolina Ballesteros el 1 de septiembre de 2022 y en el marco de la causa en la que está denunciado por abuso sexual de su segunda hija, menor de edad.

Somadossi llegó a Canal 10 el 1 de diciembre de 2016, con un contrato de trabajo a plazo fijo para desempeñarse como Productor Comercial para realizar "las tareas de gestión comercial y publicitaria, incluyendo la producción de programas locales" y autorizado a "gestionar todas las líneas de publicidad a favor del empleador profundizando y ampliando la política comercial" con un sueldo mensual de $14.000 y comisiones por la venta de publicidad de hasta el 15% por ventas superiores a $180.000. Tras incorporarse a la planta permanente del Canal a propuesta de su "familiar" Rodolfo Tercero Burgos con una remuneración mensual de $25.000 en mayo de 2018.

Entre julio y agosto de 2022, Somadossi vendió millones en publicidad para Canal 10  lo que le significó un ingreso de $14.181.932,48, según consta en un documento ─que se encuentra al final de esta nota─ donde se detalla la liquidación de comisiones del vendedor. Llama la atención la facturación de algunas ventas con fechas previas como también los pagos de la Municipalidad de Graneros por $430.000, Aguilares por $500.000 y luego por $3.000.000, Famaillá por $500.000, La Cocha por $926.640, Tafí Viejo $250.000, la Cámara de Diputados por $391.137,12, Yerba Buena por $312.469,62, Las Talitas por $437.281, además de muchas otras con clientes privados.

En septiembre de 2023, Lausberg  acusó, a través de una solicitada en La Gaceta, al rector de la Universidad Nacional de Tucumán, Sergio Pagani, y al histórico secretario general, José Hugo Saab, de no tomar medidas ante las denuncias que realizó semanas atrás y que fueron publicadas por este diario.

“Por el cobro de comisiones millonarias y las irregularidades fiscales informadas por la sindicatura he denunciado estos hechos a la justicia para que investigue ante el silencio del Sr. Rector Ingeniero, Sergio Pagani, del Cons. Sup. UNT y del Lic. Jose H. Saab a quien además he pedido que se indague por presunta violacion del estatuto del Canal 10”, acusó la representante provincial en la solicitada publicada en la hoja 3 de La Gaceta del día 6 de septiembre.

Tras las denuncias, el saabismo controlante de la UNT intentó el pasado octubre, a través de una asamblea de accionistas, la aprobación de nueve (9) balances contables de los años 2014 a 2022 y tapar así las severas irregularidades que arrojó la labor de los síndicos por el Gobierno de Tucumán, Accionista Clase A de la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria junto con la propia UNT. 

Sin embargo, desde el Gobierno de la Provincia enviaron una nota al presidente de Canal 10, Leandro Díaz, y a Saab, donde se los puso en conocimiento de que no participarían de la misma, justificando su ausencia por las incosistencias detectadas en los documentamos contables del "canal de todos los tucumanos".

En la misiva firmada por la entonces ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aigansse, se solicitó que se fije una nueva fecha, posterior a la resolución judicial que determine la responsabilidad "sobre la posible comisión de los hechos que fueran denunciados ante tribunales federales" y que son tramitados bajo la causa Somadossi Lucas y otro s/ evasión simple tributaria y defraudación ´por administración fraudulenta. Denunciante Televisora de Tucumán SAPEM – Expte. 11916/2023. Además, se advirtió a las autoridades que toda resolución tomada en reunión asamblearia convocada para este martes, "será pasible de ser impugnada por resultar su contenido nulo de nulidad absoluta".

En ese sentido, calificaron de "temerario" el tratamiento y la posible aprobación de nueve ejercicios de gestión de un directorio que es cuestionado por la justicia.

Lucas Somadossi y Rodolfo Tercero Burgos.- 

Directores procesados

A mediados de agosto, eltucumano.com informó que el Gobierno de la Provincia pidió remover a dos directores de la señal por parte de la UNT, debido a que se encuentran procesados por delitos graves. 

A través de una presentación al rector Pagani, la directora del canal en representación de la Provincia, Ingrid Lausberg, solicitó "tome en consideración el otorgamiento de licencia u otra medida que considere oportuna" a fin de apartar temporalmente a Leandro Díaz y Rodolfo Tercero Burgos, "por las graves causales” por las que se los acusa.

“Como es público y notorio, ambos directores de la principal emisora de televisión abierta de la Provincia designados por la UNT se encuentran procesados, tanto por la justicia Federal (tal el caso del designado presidente del directorio, Ing. Leandro Díaz a quien se le endilgan la comisión de delitos contra la administración pública), como por la justicia provincial (tal el caso del director vocal Rodolfo Tercero Burgos por el delito de abuso sexual agravado contra su hija menor de edad)”, explicó la funcionaria. 

Sobre los graves delitos por los que ambos directores se encuentran procesados, Lausberg detalló que el juez federal, Guillermo Molinari, dejó en claro que “se pudo comprobar que las resoluciones de fechas 04/06/2014, 22/12/2014 y 22/12/2014 –obrantes a fs. 33/35-, dictadas por Leandro Raúl Díaz –en su carácter de Secretario Financiero de dicha casa de Altos Estudios dispusieron el pago de un “Suplemente por Antigüedad” a determinados funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán” y que dichas resoluciones se apartaron “de los parámetros establecidos por la Ley N° 14.473, y a partir del año 2015, el Decreto N° 1246/15 correspondiente al Convenio Colectivo para docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales”.

El juez federal consideró  que “se encuentran reunidos al presente con el grado de provisoriedad que habilita esta etapa procesal elementos de convicción suficientes en los términos del art. 306 y c.c. del C.P.P.N. para el dictado de procesamiento sin prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, por considerarlos prima facie co-autores (art. 45 del C.P.), penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 248 (incumplimiento de deberes de funcionario público), al haber dictado resoluciones u órdenes contrarias a las leyes nacionales y el haber ejecutado las mismas, resultando responsables en los términos enunciados respecto a la sanción de las resoluciones señaladas precedentemente”.

Asimismo, el juez dictó un embargo “en tres millones de pesos ($3.000.000) en relación a Juan Alberto Cerisola y Leandro Raúl Díaz, para cada uno de ellos, sobre bienes suficientes de su propiedad” (SIC).

Sobre Burgos, recordó que se encuentra imputado por el delito de abuso sexual en contra de su hija menor, además de las tres medidas de restricción impuestas por la Justicia provincial. “Desde diciembre de 2022 la causa está elevada a juicio oral y público. La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo del fiscal Fernando Blanno, consideró que existen elementos de prueba que sustentan la denuncia en contra”, especificó Lausberg.

Además adjuntó evidencias del silencio protector de Leandro Díaz ante los pedidos de que se tomen medidas contra Burgos. A través de una carta documento, el actual presidente desestimó su solicitud ya que “se aparta de lo normado en la Ley General de Sociedades”. “Por un lado, porque dicha ley no le otorga competencia al directorio, como órgano de administración societaria, para entender en un requerimiento de esa naturaleza (art. 255 y cctes. de la LGS).

“Por otro lado, porque ese digesto no prevé la posibilidad de que el director de una SA o SAPEM solicite la licencia (ni la renuncia) de otro director (art. 256 y cctes. de la LGS)”, añadió y finalmente adució que “esa ley no contempla la posibilidad de forzar u obligar a un director a tomar una “licencia preventiva' por haber sido imputado de un delito y, a mayor abunda-miento, admitir algo semejante implicaría violar el principio de inocencia (art. 18 de la CN, art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 14 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)”.

Por último, Lausberg afirmó que “configura una extrema gravedad institucional el desmanejo económico financiero producto de la gestión de los directores Leandro Diaz y Rodolfo Burgos que ha sido detectado y comprobado por las auditorías de la sindicatura de Canal 10”, documentos que adjuntó en el petitorio enviado al Rector de la UNT para fundamentar los graves hechos a los que refiere:."concluyo sobre si existe o no una incertidumbre significativa relacionadas con hechos o con condiciones que pueden generar dudas importantes sobre la capacidad de TELEVISORA DE TUCUMÁN SAPEM para continuar como empresa en funcionamiento".