Arde Tucumán: no es el calor, es la política

Juan Manzur fue el primero de los gobernadores en reunirse con el nuevo ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro. También se reunió a solas con el titular del Ministerio de Economía, Martín Guzmán. A su regreso, trajo dos noticias: una buena y una mala. 

Nación enviaría a Tucumán $1.000 millones como adelanto de recursos coparticipables, pero con una condición ineludible y que se deberá replicar en las provincias que busquen mantener buena sintonía con la austeridad que profesa Fernández desde Casa Rosada: un ahorro en las cuentas públicas.

Las medidas de contingencia incluyen el congelamiento por 180 días de haberes de funcionarios del Poder Ejecutivo provincial; restricción de fondos para traslados aéreos, viáticos y gastos de cortesía; eliminación de erogaciones en combustibles, alquileres de inmuebles, telefonía celular y adquisición de bienes de capital; revisión de designaciones recientes de personal y contracción de horas extras para empleados estatales.

Un error de interpretación/comunicación llevó a que alguien diga desde Casa de Gobierno que se anulaba la cláusula gatillo, cuando esta fue postergada. Parece lo mismo, pero no lo es. Sí estuvo muy mal cambiarle a los trabajadores las reglas de juego sobre la marcha y prorratear el incremento salarial en sintonía con la inflación 2019. No es menos cierto que Tucumán fue de las pocas provincias que alcanzó ese tan anhelado acuerdo con los gremios, y que la extensa planta estatal provincial es de las mejores pagas del país.

El problema para Manzur fue doble: más allá de los $1.000 millones de Nación, los gremios (principalmente de la Salud y Educación), que supieron ser sus grandes aliados, colmaron los alrededores de la vallada plaza Independencia para reclamar por la cláusula gatillo postergada. El panorama financiero desmoronó el "equilibro fiscal" y "cuentas en orden" que el mandatario ostentaba y presumía. 

"Nosotros, en los últimos tres años, vinimos actualizando los haberes de los trabajadores a partir de la inflación. Sólo prorrogamos el último tramo de estos dos meses porque la provincia no tiene más recursos para hacer frente a este incremento”, se sinceró Manzur, antes de comenzar sus vacaciones. Las vacaciones en Argentina son un derecho y como tal puede ejercerlo. 

De la mano del Ejecutivo y en línea con el pedido de Nación, la Legislatura y el Concejo Deliberante capitalino renunciaron a incrementos salariales por seis meses. Todas las miradas recayeron en la Justicia tucumana y sus "supersueldos", uno de los privilegios a los que no querrían renunciar. 

La Legislatura sesionará a fin de mes para hacer oficial el congelamiento salarial, mientras que el Concejo de la Capital sesionó de forma extraordinaria. Desde allí llegaron las críticas del alfarismo, que cuestionó el manejo de las arcas provinciales y reivindicó la gestión de 'Germán', que le requirió a Manzur le coparticipe los fondos que comprometió Nación y hace gala de sus arcas en orden. 

"Si el intendente Alfaro no pudiera pagar sería el primero en ajustar. Si a los municipales se les puede evitar este ajuste, hay que evitarle, porque acá nadie tira manteca al techo. Hemos trabajado para ser ordenados con nuestras cuentas públicas", arremetió el concejal 'Fredy' Toscano.

Alfaro asoma la cabeza en el arco opositor con miras a 2021 y 2023, mientras Silvia Elías de Pérez y José Cano deben lidiar con acusaciones en torno al otorgamiento de Registros Automotores en la Provincia, en presunto beneficio discrecional de asesores y allegados. El bussismo se regocija del "ajuste político" que requería en la campaña electoral y que está en marcha.

El opositor que permanece ajeno a toda esta problemática es el senador José Alperovich. Tiene asuntos personales más importantes que atender. En la Justicia. 

Este martes tendrá lugar la primera audiencia pública a fin de comenzar a definir dónde se investigará la denuncia por presunto "abuso sexual con acceso carnal" que presentó su sobrina y exsecretaria personal en su contra. Tanto el exgobernador como la denunciante pueden no acudir a la audiencia, pero sí deberán hacerlo sus defensas. Alperovich no se expidió en público desde que solicitó licencia sin goce de haberes por seis meses en el Senado ante tamaño escándalo. Sus pares, dicen, ya analizan medidas “más drásticas”.

Quién sí habló fue su hija Sarita Alperovich, quien a través de las redes solicitó a la provincia adherir a la Ley Micaela, luego de que el presidente Fernández y su gabinete participaron de una jornada de capacitación obligatoria en género y violencias contra las mujeres y diversidades. Más allá de que la adhesión de Tucumán a misma es imperiosa, más de uno sonrío al analizar el planteo de la legisladora, dadas las denuncias contra su padre.

Tucumán tampoco adhiere todavía al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que actualizó el ministro de Salud, Ginés González García. ¿Se lo habrá reclamado a la ministra tucumana Rossana Chahla durante su encuentro en Buenos Aires?

Mientras los gremios permanecen en estado de alerta, el Gobierno asiste a las víctimas de las fuertes lluvias que azotaron a Tucumán. No importa cuánto llueva, la temperatura no desciende y arde Tucumán. No es el calor, es la política.