El Consejo Superior de la UNT exige a funcionarios denunciar delitos a pesar de haber encubierto el robo de la Ciudad Universitaria en 2017
A través de una declaración, el saabismo tildó “de ataque” los dichos de los funcionarios nacionales y provinciales que se refirieron a la causa del robo del megacampus de San Javier. En 2017, en una sesión secreta el pleno del Consejo Superior -con la presencia de la decana de Derecho, del presidente del Colegio de Abogados y el director de la Escuela Judicial de Tucumán- tomó pleno conocimiento de la falsificación de la Ciudad Universitaria, sin embargo, sus miembros resolvieron “por unanimidad” no efectuar la denuncia penal a la que están obligados por Ley. En 2005, el mismo órgano aprobó el contubernio de Campero y Marigliano con Minera Alumbrera Ltd. que originó la estafa contra la UNT. Descargue la Declaración del Saabismo de la UNT.
El Consejo Superior presidido por Alicia Bardón.-
“Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:
1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.”
Artículo 177 de la Ley N° 23.984, Código Procesal Penal de la Nación Argentina.
En los últimos días, en el marco de protestas y reclamos universitarios al Gobierno Nacional, funcionarios nacionales y provinciales pusieron en agenda la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos U$S 85.000.000, que es la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia.
Funcionarios nacionales como Lisandro Catalán y Patricia Bullrich, el ministro del Interior d ela Provincia, Darío Monteros, y hasta el propio gobernador Osvaldo Jaldo hicieron referencia a los fondos que debían destinarse al megacampus para su construcción en los cerros de San Javier y que fueron utilizados para realizar obras de menor envergadura y refacciones en diferentes puntos de San Miguel de Tucumán.
Estos dichos provocaron que el Consejo Superior de la UNT emitiera una declaración ─un día antes que Jaldo recibió al rector Sergio Pagani en Casa de Gobierno─ donde sus miembros aseguraron que tomaron “con sorpresa y estupor los dichos de algunos funcionarios provinciales y nacionales sobre el debate presupuestario para el sistema educativo y les solicita sostener la discusión pública en un marco de respeto institucional”.
“No son tiempos de ataques gratuitos e infundados, de agravios, ni de ironías. Tampoco de sostener mentiras para justificar una posición política sobre un asunto que concierne al futuro de todos los argentinos. La crisis exige responsabilidad, madurez y diálogo”, acusaron desde el máximo órgano universitario en la sesión llevada a cabo el pasado martes 22 de octubre.
En ese sentido, señalaron que “la universidad forma profesionales y personas con sentido social y crítico, promoviendo prácticas que tienen que ver con la convivencia pacífica que habilita dicho sistema. Instamos a respetar el ejercicio de la libertad a peticionar conforme las pautas constitucionales vigentes”. “Sin amedrentamientos, ni amenazas de ningún tipo”, apuntaron.
Tras argumentar su reclamo por más presupuesto al gobierno Nacional de Javier Milei, trataron de explicar su postura ante el juicio que se lleva a cabo por estos días en los Tribunales Federales de la Provincia. “La UNT es, fue y será respetuosa de las normas. Los procesos judiciales que involucran a exfuncionarios de nuestra casa tienen como base auditorías a las que nos hemos sometido y nos seguiremos sometiendo siempre”, destacaron.
Además, recordaron que “por resolución de sus órganos de gobierno, nuestra universidad se constituyó en querellante, es decir, somos parte acusatoria en todas las causas en las que se investigan presuntos hechos de corrupción”, dijeron en referencia a la falsa querella llevada a cabo por el abogado estrella y multiple agente de la UNT, Rodolfo Tercero Burgos. “La decisión final está en manos del Poder Judicial, como corresponde en un sistema republicano”, sentenciaron.
Por último, enviaron una advertencia a los funcionarios que hablaron del latrocinio contra la UNT: “Solicitamos, además, que si algún funcionario conoce delitos cometidos en el marco de la función pública haga lo que le corresponde: denunciarlo en la Justicia”.
La exigencia de denunciar ante la Justicia en caso de conocer desenmascara a las autoridades de la UNT, ya que en abril de 2017, en una sesión secreta del “Honorable” Consejo Superior, más precisamente el 25 de abril, el cuerpo tomó pleno conocimiento del accionar delictivo contra la universidad en el robo de la Ciudad Universitaria y sin embargo sus miembros resolvieron “por unanimidad” no efectuar la denuncia penal a la que están obligados por Ley. (El acta de la sesión secreta puede ser leída y/o descargada por el lector al final de éste artículo).
Ya en 2015, un año después de la denuncia de Florencio Aceñolaza, el consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán, mediante la resolución HCS 760-2015, creó una Comisión Especial para investigar la grave denuncia del doctor en geología sobre el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a instancias de uno de los partícipes necesarios del robo de la ciudad universitaria contra la UNT, es decir su aún director de Asuntos Jurídicos Augusto González Navarro - autor de dictamenes que declararon dinero privado al que ingresaba de YMAD, .
Adela Seguí, por ese entonces decana de la Facultad de Derecho, llegó a presidir las dos conformaciones de dicha “Comisión Especial” entre 2015 y 2022 y como tal accedió a toda la documentación probatoria de la mega estafa contra la Universidad y de todo el contubernio del radicalismo universitario, no hizo ninguna denuncia - tal como obliga la ley -: hoy ejerce el cargo de Directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Tucumán.
En 2017, la entonces decana de Derecho solicitó sobre tablas al Consejo Superior mediante una nota que la condena por sí sola como encubridora del latrocinio contra la UNT.
Las solicitudes de la encubridora que son prueba documental de lo que Adela Seguí saabía y encubrió.
Luego, mediante la Resolución del Consejo Superior n° 2032/17 se "reflotó" la Comisión Especial YMAD 2017 que la propia decana había pedido conformar y continuar como presidenta para incumplir lo ordenado en los artículos 2, 3 y 4 de la Res. HCS n° 2032/17 (Creación Comisión Especial YMAD 2017). Vergüenza ajena.
Y así comenzar solicitar informes/ aprietes como los siguientes:
Sin embargo, la gran preocupación de Adela Seguí era volver a estar vinculada a la Magistratura desde que un juicio político por mal desempeño -que justificó en la lactancia de su hijo- la alejó del cargo de Jueza Civil que ostentaba. Tanta preocupación que supo olvidarse de denunciar el enorme daño a la Universidad Nacional de Tucumán que la hizo profesional del Derecho y la Ley con conocimiento de la maniobra de encubrimiento que estaba realizando.
El saabismo judicial supo pagarle muy bien a Seguí y cumplir su sueño reivindicatorio:
Pleno del saabismo judicial que premió el encubrimiento de la falsificación de la Ciudad Universitaria de Adela Seguí.
La participación de una gavilla de abogados saabistas de la Facultad de Derecho de la UNT en el encubrimiento de la falsificación ideológica del 27 de diciembre de 2007 llevada a cabo por Rodolfo Campero y Mario Marigliano - y completada el 2 de enero de 2008 por Cerisola-, comienza en los dictamenes del inmoral director de Asuntos Jurídicos Augusto Gonzalez Navarro alias Hochi y sus famosos dictamenes. González Navarro es el mismo que adulteró la letra de la Ley 14.771 para que los fondos mineros no se destinen para al mega proyecto de 1947 en San Javier equiparando una ciudad de 130 hectáreas construidas con “la compra o alquiler de locales, remodelación o trabajos de refacción, adquirir equipamientos servicios de mantenimiento tales como instalaciones eléctricas, pintura, plomería y gas” (SIC) y “por fuera de la ley de Obras Públicas” (SIC). El director del servicio Jurídico es el autor, además, de un singular dictamen que transforma los dineros públicos en privados en la UNT conocido como 'Doctrina Hochi' que completa el iter criminis contra la Universidad Pública y que permitió a Cerisola el uso de los fondos mineros al margen de la Ley de Obras Públicas, desatando un festival de sobreprecios en refacciones y obras improvisadas del rectorado (por $ 28.346.052,17 - U$S 8.098.872 a valores constantes) junto a colocaciones financieras discrecionales (por unos $193.000.000 - unos U$S 55.000.000 a valores constantes) de acuerdo al requerimiento de elevación a Juicio del fiscal Brito .
El encubrimiento institucional dentro de la propia UNT se completa con la participación estelar de Diego Lamoglia -supuesto querellante y compañero de cátedra del actual vocal de la cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Fernando Poviña- que llevó el encubrimiento saabista a otro nivel cuando se presentó ante el Consejo Superior de la UNT el 4 de diciembre de 2017 -durante la gestión del entonces secretario Legal y Técnico Rodolfo Tercero Burgos -quien ahora descubierto como falso querellante por los testigos del TOF finge demencia-: “Hemos entrado a intervenir en un momento en que no se estaba trabajando con pruebas, o sea, posterior al procesamiento, lo que significaba apoyar y sostener, lo cual se hizo con éxito porque los procesamientos quedaron confirmados”, dijo Lamoglia suelto de cuerpo en aquella sesión de 2017 frente a Marcelo Billone, entonces presidente del Colegio de Abogados y ladero de las hermanas Seguí; y el abogado Fernando Ganami, por entonces director de Consejo de la Magistratura,
Durante la sesión sólo hubo preguntas a Lamoglia del decano de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, quien planteó si no era “llamativo” que quienes deben aportar información a la Justicia sean funcionarios que para un fiscal están considerados sospechosos. “No suele ser una cuestión de incompatibilidad, pero si hubiese percibido falta de colaboración por parte de la UNT ya hubiese puesto el grito en el cielo”, reconoció Lamoglia suelto de cuerpo sabiendo que la recompensa de la gavilla política con un cargo de juez provincial y otro cargo en la dirección de la Escuela Judicial de la Corte Suprema tucumana para quien -con toda la información que recabó- no cumplió con el mandato de denunciar todo lo que sabe. Así está la situación moral de los "profesionales del Derecho" en Tucumán. La conexión del saabismo con el poder judicial tucumano y nacional resulta harto evidente.
Se sabe que la dirección del servicio (anti)Jurídico aún ho y es ejercido por Augusto González Navarro, quien recomendó a Lamoglia y a su sucesor y actual encubridor de la camarilla saabista enquistada en la UNT. Sainete judicial garantizado.
El fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez solicitó en reiteradas ocasiones la detención de Saab y González Navarro por el riesgo de que obstruyan la investigación: "Entre los procesados en la causa encontramos personas que cumplieron funciones en la Universidad Nacional de Tucumán y otros que a la fecha continúan desempeñando roles en la estructura jerárquica como es el caso de José Hugo Saab y González Navarro. Este dato objetivo torna ostensible el riesgo de obstrucción del avance del proceso penal con afectación seria de la producción de prueba de cargo", planteó.
Diego Lamoglia, pieza clave del encubrimiento del saabismo que supo pagarle con un cargo de juez provincial.
El pacto de Adela Seguí con el saabismo se verificó también en la designación de la dupla Rodolfo "Ekeko" Burgos titular - Marcelo Juan Alberto Billone, suplente, como la propuesta Saabista 2021 para conducir el Canal 10 junto a la designación del síndico Federico Linardo Díaz, funcionario del decanato de extrema confianza de Adela Seguí.
El pasado 9 de abril de 2021, el Tribunal Oral Federal de Tucumán ordenó la incorporación al expediente del acta 498/2007 del directorio de YMAD “como prueba instrumental” (sic) del latrocinio contra la UNT como así también añadió el acta 382/2017 del Consejo Superior de la UNT, resuelta en la sesión secreta del 25 de abril de 2017, en la que Seguí, como presidenta a de la Comisión Investigadora, participó.
Como ya publicara eltucumano.com, el Acta Nº 498 de YMAD incorporada al esquema probatorio federal, incrimina directamente a los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- en la organización y promoción del robo del mega campus universitario junto al entonces rector Cerisola.
Cabe recordar que el fiscal federal Nº1 Carlos Brito reconoce en el expediente que la UNT sufrió el robo de su campus universitario en San Javier al admitir que nunca se había satisfecho “la finalidad que oportunamente motivó la remisión de fondos por parte del YMAD a la UNT, que consistía en la finalización de las obras de la Ciudad Universitaria. De esta manera se causó un perjuicio patrimonial gravísimo, de acuerdo a lo informado en detalle por la Procuraduría de Criminalidad Económica”.
El 3 de julio de 2018, en su declaración ante el fiscal federal nº1 de Tucumán, Rodolfo Martín Campero - ex rector y candidato a gobernador por la UCR- confesó que “una vez aprobada” por Cerisola la falsificación ingeniada y promovida por él mismo desde YMAD “la UNT dejó de recibir el 40% de las utilidades líquidas para pasar a cobrar el 20%..." por disposición de YMAD que él mismo votó como miembro del directorio representando a la UNT…
Sin embargo existe otra prueba tan o más contundente del delictivo accionar de los ex rectores y directores de YMAD: Un pedido de informes al entonces rector Cerisola del 13 de septiembre de 2007 (que los lectores de eltucumano.com pueden descargar al final de éste artículo).
En dicha solicitud, Campero y Marigliano apuran a Cerisola a remitir a YMAD toda “la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria, en el marco de los alcances del Artículo 18 inciso b) de la ley 14771”.
Marigliano y Campero aseguran en dicho documento que la solicitud a Cerisola se efectúa en el marco de un “seguimiento contable e institucional de los aportes realizados a la UNT por parte de YMAD” y al mismo tiempo reconocen que la Ciudad Universitaria no fue construida a tan sólo tres meses de afirmar todo lo contrario en el acta 498, el día que falsearon su construcción y estafaron a la Universidad.
“El Directorio de la empresa nos ha encomendado solicitarle quiera tener a bien brinde a YMAD la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria, en el marco de los alcances del Artículo 18 inciso b) de la ley 14771”, puede leerse en la nota de Campero y Marigliano a Cerisola.
Para completar, los ex rectores estafadores de la UNT señalan en el pedido de informes a Cerisola que es “necesario contar con la citada información, toda vez que el Señor Rector (Cerisola), en virtud de lo establecido en el inciso b) del mencionado Artículo 18, ha manifestado en cada uno de los convenios de pago celebrados entre YMAD y la Universidad Nacional de Tucumán, que “a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”.
A la estafa originada por Campero, Marigliano y Cerisola, el contenido del acta 382/2017 del Consejo Superior revela la posterior complicidad del funcionariato que aún gobierna la UNT con el latrocinio del Campus Universitario valuado en USD 5.700 millones de dólares y la disminución de las utilidades mineras a la UNT del 40% al 20% prevista en la Ley una vez concluida la Ciudad Universitaria de San Javier que se falseó.
En efecto, aquel día martes 25 de abril de 2017, y por aconseja_miento del director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, las autoridades del Consejo Superior tomaron conocimiento fehaciente del robo contra la Universidad que juraron representar pero resolvieron no realizar la denuncia penal a la que los obliga la Ley.
Cabe recordar que el artículo de la Ley N° 23.984 - Código Procesal Penal de la Nación Argentina- establece que “tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”.
En la reunión secreta, el cuerpo presidido por la entonces rectora Alicia Bardón escuchó al director del servicio Jurídico de la UNT, Augusto hochi González Navarro aconsejar que “resulta insoslayable obtener la declaración de nulidad respecto de una decisión adoptada por el Directorio de YMAD con el voto unánime de sus miembros en sesión de fecha 27 de Diciembre de 2007, que consta en acta N° 498 y que obra como necesario antecedente del instrumento suscripto el 02/01/08 por el rector Cerisola”.
A pesar de la magnitud del latrocinio contra la UNT y la gravedad de los hechos que el acta 498 conlleva, en dicha sesión secreta de abril de 2017 el pleno del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán resolvió no denunciar a los ex rectores Campero, Marigliano y Cerisola por la falsificación de su Ciudad Universitaria en San Javier. El máximo órgano de Gobierno de la UNT se constituyó así en cómplice de los ex rectores, aconsejado por el director (anti) Jurídico Augusto González Navarro, doctor en Derecho y titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNT.
Pero lo que aún no dimensiona la dirigencia saabista del Superior son las implicancias de la aprobación por parte del Consejo Superior en sesión del 30 de noviembre de 2005 del contubernio de Campero- Marigliano con Minera Alumbrera por un millón de dólares que no ingresaron a las arcas de la UNT, de acuerdo a información oficial.
El expediente que dio origen al robo de la Ciudad Universitaria en San Javier tiene fecha de ingreso el 4/11/2005 a las 12:00:00 a.m. y su carátula reza textual: “Causante: Honorable consejo Superior UNT- Aprueba las gestiones realizadas por el sr rector y sres rectores de YMAD tendientes al cobro anticipado de utilidades que pudieran corresponder en el futuro a la UNT y autoriza al sr. rector a celebrar los convenios necesarios para el cobro ante la empresa Minera Alumbrera por u$s 1.000.000.-determina que el arq. Raúl Torres Zuccardi actuará como veedor. Se agregan notas referencia al contrato de fideicomiso en garantía Banco Río, comprobantes y copia de notas del sr. rector n° 4,5 y 6/06(03-03-06) se agrega nota de pedido de fondos n° 3 y transferencia por $146.310,99 del arq.Torres Zuccardi(18-10-06)”.
30 Noviembre de 2005:
Delito a cielo abierto: en el contrato Marigliano hace reconocer que “la UNT que es beneficiaria, según disposiciones de la ley 14.771, del 40% de las utilidades liquidas y realizadas que arrojen los balances de YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA DE DIONISIO (YMAD)” para construir el campus universitario del cerro San Javier.
En la ciudad de Buenos Aires, la avidez y voracidad de Campero y Marigliano se materializa en un pacto escrito con Julian Rooney, el presidente de Minera Alumbrera en el que el rector de la UNT asegura estar actuando en el marco de la ley 14771 que ordena la terminación de La Ciudad Universitaria de San Javier “de acuerdo a los planos ya aprobados”. Esta vez los tres “señores” ex rectores de la UNT actuaron defraudando a su mandante (la Universidad a la que debían defender) violando la Ley de Sociedades (jamás fueron investigados sumariamente como corresponde) e involucrando hasta hoy a todos los organismos de control interno de la universidad pues conocían sus deberes y no los cumplieron Asuntos Jurídicos, Dirección General de Administración (Castillo directamente retiraba los dólares junto a Torres Zuccardi) y la Unidad de Auditoría Interna de la UNT.
El 30 de Noviembre de 2005, en la Ciudad de Buenos Aires, se consumó la estafa más grande contra la Universidad Pública Argentina al firmarse un ruinoso “contrato” con la minería transnacional británica que – a cambio de una coima de un millón de dólares – lastimó a la UNT toda y trocó un colosal campus universitario de 120 hectáreas construidas en un mero e improvisado listado de obras menores y refacciones para encubrir el pase de un millón de dólares de Minera Alumbrera Ltd para financiar la campaña a gobernador de Mario Marigliano por el radicalismo tucumano. Y todo con aprobación del "Honorable" Consejo Superior hoy escandalizado por la verdad.
Declaración del Consejo Superior de la UNT 2024 por los dichos de funcionarios sobre la causa del robo de la Ciudad Universitaria:
Descargar
Acta de la sesión secreta del Honorable Consejo Superior
Descargar
