A más de tres años de ser denunciado, Ni Una Menos rompió su silencio sobre el caso Burgos

A más de mil días de haber sido acusado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 -por entonces a cargo del fiscal Fernando Blanno- la organización feminista Ni Una Menos Tucumán, rompió el silencio sobre Rodolfo Tercero Burgos, exdirector de Canal 10 y actual abogado estrella de la Universidad Nacional de Tucumán, que se encuentra a la espera del juicio oral por el abuso sexual de su hija, hechos que fueron denunciados en 2021.

En efecto, desde la organización del movimiento progresista que dice representar la lucha contra la violencia contra las mujeres en el país, se emitió ayer el primer comunicado que lleva de título “Basta de dilaciones en el juicio contra Burgos”, expresando su repudio a las diferentes maniobras dilatorias que su expareja y madre de la menor, Marina Moris, denunció en soledad a lo largo de estos años y que fueron publicadas por este medio en reiteradas ocasiones. “Denunciamos las maniobras de impunidad por parte de la justicia para proteger a Rodolfo Burgos en la causa por abuso sexual a su hija. Luego de 4 años todavía no hay fecha de juicio firme y no se han tomado medidas de protección para la niña”, explicaron a través de las redes sociales, y recordaron que el encubridor disfrazado de querellante contratado por la propia UNT para representarla en el juicio donde se debería investigar el Robo de la Ciudad Universitaria, fue denunciado en 2021 “luego que la psicóloga de su hija identificara indicios de abusos”.

En ese sentido, destacaron que a pesar de tratarse de una niña y de la obligación de la Justicia de actuar con la debida diligencia, "se sigue dilatando el juicio y Burgos goza de completa impunidad”. 

Tras años de silencio, desde Ni Una Menos explicaron que la protección de Burgos se debe “al poder que detenta”. “Fue directivo de Canal 10 hasta marzo de este año. Es abogado querellante de la UNT en la causa por el robo de la Ciudad Universitaria. Conociéndose la denuncia y las pruebas en su contra, Burgos fue ratificado en todos sus cargos por las autoridades universitarias”, remarcaron.

Hizo mucho ruido el silencio del movimiento ante las denuncias contra Rodolfo Tercero Burgos, que hasta septiembre de 2021 tuvo como abogada a Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres, y que ese año fue denunciada ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados por la madre de la menor que la acusó de ejercer “graves faltas éticas, morales, y de violencia a través de su actuar” como representante del denunciado durante un conflicto de revinculación.

“Deza fue defensora de Burgos y denunciada por la doctora Moris porque ésta fue a retirar a su hija menor de edad sin orden judicial”, contó en 2022 a este medio el abogado de Moris, Gustavo Morales, que confirmó que en septiembre del 2021 fue reemplazada por Luis María Risso en la defensa del imputado. “A Burgos le quieren limpiar la imagen en los medios a través de Soledad Deza y otros voceros de las disidencias", acusó.

El hecho al que se refiere Morales ocurrió en junio del 2021, en donde Moris acusó a Deza de querer llevarse a su hija por la fuerza de su domicilo. “Ningún abogado puede llevarse a un niño sin una orden judicial, eso es extraño. Es casi un intento de secuestro lo que ha hecho María Soledad Deza. Y eso está registrado en la cámara de seguridad de mi edificio, la han visto testigos y efectué una denuncia en la comisaría”, explicó la madre de la menor en una entrevista a Tucumán Despierta.

En declaraciones a este medio, en abril de 2022, Deza indicó que ya no representa a Burgos y tampoco participa "de ninguna manera en su defensa". Además, confirmó que envió una carta documento contra Moris a la que intimó tanto de “rectificar la acusación de secuestro que sostiene maliciosamente” como de “abstenerse a dar entrevistas con afirmaciones falaces y calumniantes”.

Desde Ni Una Menos no fueron los únicos que hicieron silencio en estos años, ya que la UNT también protegió a Burgos a pesar de las denuncias. 

Acostumbrado a los disfraces, Rodolfo Tercero Burgos fue apoderado del Movimiento Popular 3 Banderas (MP3) y de Juntos por el Cambio/Cambiemos; dirigente de Franja Morada, cercano a Dante Caputo que integró el Gabinete Nacional durante el gobierno de la Alianza de Fernando De La Rúa en la Cancillería; es uno de los principales lobbystas de la Federación Universitaria del Río de la Plata (FURP); abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán; lobbysta histórico del diario La Gaceta; también es dirigente del Colegio de Abogados de Tucumán, y hasta tuvo un paso fugaz como militante de izquierdas anti minería y aún es el único y exclusivo letrado contratado por la UNT para representar sus intereses en la causa YMAD.

En la Facultad de Derecho, donde Burgos se desempeña como docente, también impulsó "un proyecto generacional, diferente" con Augusto González Navarro (director de Asuntos Jurídicos de la UNT, autor de la llamada Doctrina Hochi) y Fernando Valdez (exdirector ante YMAD por la UNT).

La Facultad de Derecho, bajo la conducción política de Adela Seguí -ex Decana, actual directora de la Escuela Judicial del Consejo Asesor de la Magistratura- es el centro neurálgico de la impunidad en la Universidad y desde allí se promueve esta tendencia feminista que exacerba el bienpensantismo en redes sociales, pero cuando se trata de una figura propia por amiguismo declina sus banderas.

Por sus influencias y poder político, Burgos no corrió la misma suerte que otros docentes con denuncias de abuso sexual en el marco de la UNT, que fueron desplazados de sus cargos. Incluso, fue ratificado como abogado exclusivo de la UNT en el juicio por corrupción más importante de la historia de la Universidad y goza del beneplácito del Rector Sergio Pagani y de la Vicerrectora Mercedes Leal, ícono del feminismo progresista de Tucumán que hoy mismo encabezó el Segundo Simposio Nacional de Filosofía Feminista del Lenguaje, pero defendió a Burgos cuando fue acusado de violar a su hija menor de edad.

En abril de 2022, en plena campaña universitaria para elegir al nuevo Rector, eltucumano.com le consultó a los por entonces candidatos Pagani y Leal por la denuncia en contra del director de Canal 10 por la UNT, y si tomarían medidas al respecto en caso de llegar al Rectorado. La pregunta los ofuscó: "El doctor Burgos tiene una cuestión en la Justicia que deberá dirimirse en ese lugar, no en la Universidad. No es algo que nos compete de momento”, afirmó Pagani.

Meses después, Leal aseveró en una entrevista al programa Todo Cambia (Mi Radio 92.7) que ella confiaba en la palabra en la palabra de Burgos: “Le creo a Burgos cuando dice que está resolviendo su tema personal”.

Sobre los vínculos de Burgos con la Justicia, este medio dio cuenta el año pasado que la Justicia federal tucumana corroboró el "estrecho vínculo" del imputado Burgos con el exjuez federal Gabriel Casas.

Carlos Jiménez Montilla, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, y Hugo César del Sueldo Padilla, secretario de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, firmaron el oficio que confirmaba que Rodolfo Tercero Burgos fue designado mediante Resolución 896/94 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expte. 796/94 de superintendencia de la CSJN) para desempeñarse como Oficial Mayor Relator del Tribunal Oral Federal - a instancias de su entonces suegro, según asegura la defensa de Moris-desde el 16 de junio de 1994 hasta el 31 de marzo del 2000 y a su vez, ratificó que Gabriel Eduardo Casas se desempeñó como Juez de Cámara desde el 15 de marzo de 1994 hasta el 19 de abril de 2021.

"Acreditamos el vínculo estrecho entre el acusado Rodolfo Tercero Burgos y la familia Casas. El Tribunal hizo lugar y esa fue la respuesta", explicó a eltucumano.com el abogado de Marina Moris.

Hasta el año 2021, Gabriel Casas era el hombre fuerte en el Tribunal Oral Federal; su esposa Ester Valderrábano de Casas es camarista en el fuero Civil, en Familia y Sucesiones, y en el marco del Caso Burgos, intentó intervenir en una apelación que interpuso Moris en dos juicios contra su expareja por la pensión alimenticia y el régimen comunicacional con la menor, de la cuál finalmente recusada y apartada.

La camarista Valderrábano de Casas está apuntada por haber intentado revincular a Burgos con la víctima cuando éste ya había sido citado a prestar declaración como imputado por abuso sexual. Este requerimiento fue recusado y dejado sin efecto. Laura Casas, hija de la mencionada camarista y del exjuez Gabriel Casas, fue pareja de Burgos durante doce años -según Morales- y se desempeña como jueza de Impugnación Penal, desde donde habría intentado intervenir en pedidos de impugnación a favor del ex presidente del Directorio de Canal 10 luego de que la jueza María Carolina Ballesteros sobreseyera a Moris en la causa penal incoada por Burgos, al considerar que no había delito alguno.

Morales afirma que la familia Casas tiene gran poder de lobby en la familia judicial tucumana, al completar que María Florencia Casas se desempeña como camarista de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y está casada con Carlos Arias, jefe de Jurídico de la Dirección General de Rentas de Tucumán. A esto se suma que Guadalupe Casas se desempeñaba hasta 2023 como Secretaria de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.

Nuevo escándalo en torno a Burgos y la UNT

Ayer, eltucumano.com publicó que hace 18 meses que el Burgos no presenta facturas por sus servicios a la UNT, según se desprende del juicio por alimentos que le inició la madre de su hija y expareja Daniela Marina Moris, quien denunció: “El Poder Judicial es un feudo, en las causas que involucran a Burgos no tengo acceso a la Justicia”.

En el marco del juicio Moris Daniel Marina s/ Burgos Rodolfo Tercero s/ alimentos Expediente Nº3607/20-13 la Oficina de Gestión Asociada de Familia Nº1 solicitó a la UNT que informe el contrato de locación de servicios de Burgos como abogado querellante exclusivo pagado por la UNT para representarla en el juicio contra Cerisola y exfuncionarios de su Gabinete, donde funge como encubridor del delito de fondo: El Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT de parte de una camarilla de exrectores radicales.

El Director General de Administración de la UNT, contador Guillermo Figueroa, ratificó que "existe una prórroga prevista en la cláusula séptima del Contrato de Locación de Servicios Profesional Nº 1641-2019 a favor de Burgos que amplía la contratación de sus servicios profesionales desde el 12 de septiembre de 2023 por el término de dos años, con vencimiento el 12 de septiembre de 2025".

Además, la UNT subrayó que "el último pago realizado en concepto de Locación de servicios al Dr. Burgos, fue el correspondiente al mes de abril de 2023", y que "los meses posteriores, no fueron abonados porque el Dr. Burgos no presentó las facturas correspondientes", y aclarando que "una vez que el Profesional emita las facturas correspondientes por los meses adeudados, se retendrá la suma a percibir y se depositará en la cuenta del Banco Macro sucursal tribunales que se informa a fs. 1 dorso del presente referente".

Burgos se habría declarado "insolvente" en el marco del juicio por alimentos que le inició Moris, más allá de haber confesado a la Justicia tiempo atrás haber vacacionado en Ibiza, según afirmó la denunciante en declaraciones a Tucumán con Todo, el programa del también saabista Germán Valdez en América Tucumán.

Esto habría encendido las alarmas tanto en los Tribunales provinciales y federales como en la sede local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que se genera a partir de este escenario un manto de dudas respecto del pago por los servicios de Burgos como abogado contratado por la UNT al no quedar claro cómo cobra por su trabajo y cómo vive si no presenta facturas por sus servicios y se declara insolvente ante la Justica. Se desprenden de allí las dudas sobre si la UNT realizaría pagos por otras vías, a través de algunas de las múltiples cajas del Rectorado, como también si Burgos incurre en algún tipo de delito de índole fiscal.

• Rodolfo Burgos