Imputan a la máxima autoridad de Canal 10 de Tucumán por abuso sexual en contra de su hija
La Justicia encontró sospechoso a Rodolfo Burgos del delito de abuso sexual en contra de su hija, hoy de 5 años. El hecho fue denunciado en 2021 por la madre de la menor y expareja del funcionario de la Universidad Nacional de Tucumán. Las pericias psicológicas como pruebas clave, órdenes de restricción y los casos en la Casa de Altos Estudios que marcan un precedente en el futuro del imputado.
Rodolfo Burgos es la máxima autoridad de Canal 10 de Tucumán.-
El próximo 22 de abril el presidente del Directorio de Canal 10 y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, Rodolfo Tercero Burgos, deberá prestar declaración como imputado luego de haber sido denunciado por abuso sexual en contra de su hija, hoy de cinco años.
La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual N° 2, a cargo del fiscal Fernando Blanno, consideró que existen elementos de prueba que sustentan la denuncia en contra de Burgos, originalmente realizada por la psicóloga Noelia Medina, que trató a la menor y detectó los indicadores de abuso sexual infantil, además de otros tres informes psicológicos a cargo de otras profesionales -incluída la prueba Cámara Gesell-, que atendieron a la niña y su mamá. De ser encontrado culpable, se expone a una pena de hasta veinte años de cárcel.
El hecho fue denunciado el 13 de julio de 2021 y ratificado 9 días después ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Moris, expareja de Burgos y madre de la menor, con el patrocinio del letrado Gustavo Morales, en una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima como al denuciado, la realización de una Cámara Gesell - y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación.
La Cámara Gesell es un dispositivo de trabajo creado por el psicólogo infantil y pediatra estadounidense Arnold Gesell cuyo objetivo fundamental es obtener la declaración testimonial del niño, niña o adolescente que ha sido víctima o testigo de algún delito, en un ambiente especialmente adaptado, que les reasegura la confidencialidad necesaria como para que puedan contar sobre los hechos que se investigan.
En los casos de abuso la Cámara Gesell suele ser, casi, la única prueba y la entrevista es única, por eso es muy importante que los profesionales estén capacitados para que la entrevista sirva como prueba sin que implique una re victimización para el niño/a o adolescente. Esta entrevista se graba y esa grabación es reproducida en debate oral para que la víctima no tenga que contar, en esta instancia, nuevamente los hechos.
Además, de acuerdo a la documentación de la causa, se encuentra la declaración y ampliación de la misma por parte de la doctora Moris, como también la declaración en Cámara Gesell de la niña ocurrida el 7 de septiembre de 2021, donde dio detalles de la acusación, mientras que Burgos fue sometido a un psicodiagnóstico en diciembre del 2021. "El psicodiagnóstico dice que Burgos no puede controlar su impulsividad en el área sexual, qué es lo que caracteriza a este tipo de abusadores. Se mueve en base a impulsos", indicó Morales a eltucumano.com.
Tras la denuncia y posterior investigación, la Justicia dictó contra Burgos tres prohibiciones de acercamientos a su expareja, su hija y la psicóloga Medina -que detectó los indicios de abuso en la menor-, realizadas el 30 de julio, 13 de octubre y 1 de diciembre del año pasado. “La última es la más grosera porque ahí trató de intimidar a la querellante (Daniela Moris) haciéndolo en la camioneta de Leonor López González. Esto surge de un informe que nos proporcionan cuando pedimos una referencia de la titular del vehículo en que andaba Burgos”, detalló el abogado defensor.
Uno de los capítulos de esta causa involucra a la reconocida abogada Soledad Deza
y profesora titular de la cátedra Etica Feminista I, que hasta septiembre del 2021 fue defensora de Burgos y terminó denunciada ante el tribunal de ética del Colegio de Abogados por la madre de la menor que la acusó de ejercer “graves faltas éticas, morales, y de violencia a través de su actuar” como representante del denunciado durante un conflicto de revinculación. “Deza fue defensora de Burgos y denunciada por la doctora Moris porque fue a retirar a su hija menor de edad sin orden judicial”, contó Morales y apuntó contra su colega, que el 29 de septiembre de ese año fue reemplazada por Luis María Risso en la defensa del hoy imputado. “A Burgos le quieren limpiar la imagen en los medios a través de Soledad Deza, de Fabián Vera del Barco que es profesor de la facultad Filosofía y Letras y Augusto Moeykens que es profesor de Derecho. Deza de facto sigue defendiéndolo a Burgos”, acusó.
El hecho al que se refiere Morales ocurrió en junio del 2021, en donde Moris acusó a Deza de querer llevarse a su hija por la fuerza de su domicilo. “Ningún abogado puede llevarse a un niño sin una orden judicial, eso es extraño. Es casi un intento de secuestro lo que ha hecho María Soledad Deza. Y eso está registrado en la cámara de seguridad de mi edificio, la han visto testigos y efectué una denuncia en la comisaría”, explicó la madre de la menor en una entrevista al sitio Tucumán Despierta.
En respuesta al abogado de la querella y la madre de la niña, Deza indicó a este medio que ya no representa a Burgos y tampoco participa "de ninguna manera en su defensa". Además, confirmó que envió una carta a documento contra Moris a la que intimó de “rectificar la acusación de secuestro que sostiene maliciosamente”, como de “abstenerse a dar entrevistas con afirmaciones falaces y calumniantes”.
Según la misiva con fecha del 29 de marzo pasado, la también presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, se encontraba cumpliendo un régimen de comunicación dispuesto por resolución del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones con fecha de 4/3/2020. Ese régimen de comunicación se encontraba vigente hasta el 29/7/2021, fecha en que fue suspendido por la denuncia de abuso sexual. “Sus publicaciones digitales y sus declaraciones públicas respecto mi labor profesional de la abogacía, omiten maliciosamente datos de la realidad como es que mi tarea se desarrolló en sede civil desde antes de la denuncia de abuso y que su denuncia se formalizó el 22 de julio, y fue por lo tanto posterior a las imágenes que usted publica bajo la idea de ‘secuestro’”, argumentó.
Al recibir la carta documento, la madre de la menor aseguró que “Burgos claramente apunta a lograr impunidad y está buscando protección a través de distintos medios”. Luego apuntó contra la prensa a la que acusó de tener “amistades" con su expareja: “los medios callan porque Rodolfo Burgos es presidente de canal 10 y profesor constitucional en la facultad de Derecho de la UNT y tiene amistades en el diario más viejo de Tucumán, con periodistas que escriben sobre todo los días sábados y domingos y son ellos los que me han censurado”.
A pesar de la imputación, Morales señaló que durante el avance de la causa hubo diferentes tipos de irregularidades que obligaron la intervención del Observatorio de Niños Niñas y Adolescentes del Colegio de Abogados. “La Fiscalía a cargo de Fernando Blanco es bastante deficiente y hubo actitudes procesales maliciosas de María José Lens, integrante del Ministerio Público Fiscal que trataron de favorecer al acusado Burgos”, afirmó el abogado.
Pedido de "medidas disciplinarias"
A raíz de las graves acusaciones en contra del integrante de la Universidad, la querella puso en aviso al Rector de la UNT José García, y a la Decana de Abogacía Adela Seguí, a través de cartas documentos enviadas en octubre del año pasado, que ponían a las autoridades al tanto sobre la situación de Burgos en la causa “Burgos Rodolfo Tercero s/ Abuso sexual agravado” y solicitaba que se adopten “medidas disciplinarias que correspondan ante tamaña imputación".
Esta solicitud sólo fue respondida por Seguí, que a fines de la semana pasada, pasó actuaciones al Consejo Directivo para iniciar juicio académico contra el docente de Derecho Constitucional de dicha facultad.
Por esta razón, Morales confirmó que se inició una querella criminal en la Fiscalía General Federal de Tucumán a cargo de Antonio Gustavo Gómez, en contra de García y el vicerrector Sergio Pagani, además de los otros integrantes del Consejo Superior de la UNT, por considerar que incurrieron en el delito de “encubrimiento agravado” en los términos del Art. 277 inc. 12, apartados a. y d. e inc. 32 apartados a. y d. del Código Penal.
El año pasado, días antes de que las autoridades de la UNT conozcan de las acusaciones en contra Burgos, el Consejo Superior, de forma unánime, lo reeligió como representante de la casa de altos estudios ante la Televisora de Tucumán Sapem (Canal 10).
El también abogado llegó al cargo en el año 2016 para cumplimentar el mandato de las autoridades que habían renunciado por ese entonces y en 2018 fue elegido por el máximo órgano universitario. Con esto Burgos en principio debería ocupar el cargo hasta 2024.
En noviembre de 2019, el Consejo Superior de la UNT adhirió a la Ley Micaela, normativa que "establece la formación y capacitación en perspectiva de género para todos los funcionarios de la gestión pública, con el objetivo de terminar con el acoso, la discriminación y la violencia contra la mujer en la Administración Pública nacional y provincial".
La UNT ofrece además una carrera de posgrado de Especialización en Estudios de Mujeres y de Géneros, dictada en la Facultad de Filosofía y Letras. La decana de esa unidad académica y candidata a vicerrectora, Mercedes Leal, sostuvo que "Tucumán necesita mucho de la universidad pública. Hay que pensar en transformaciones, por ejemplo desde una concepción distinta del feminismo, ver el tema de la paridad de género. Me pasa que en numerosas actividades me veo siendo la única mujer. Hay mucho por hacer", en declaraciones a La Gaceta en febrero de 2021.
Burgos siendo nombrado presidente del directorio de Canal 10 en 2016.-
La UNT apartaría a Burgos del Canal 10
Antecedentes de denuncias de violencia sexual que ya fueron tratados por el Consejo Superior de la UNT, y el contexto universitario a escasos días de las elecciones a rector y vice y decanatos, determinarían la aplicación de la doctrina con perspectiva de género del "apartamiento preventivo" del imputado Rodolfo Burgos al frente de la pantalla de Canal 10, el primer canal de Televisón de Tucumán (a raíz de un "contrato" a punta de pistola de la última dictadura militar, la UNT quedó como socia mayoriataria con el 70% siendo desde entonces las restantes acciones del gobierno provincial).
En octubre de 2016, Sergio Aragón, por ese entonces títular de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Tucumán , fue acusado por tres mujeres por acoso laboral y sexual.
Debido a las denuncias, Asuntos Jurídicos de la universidad abrió una investigación donde las acusaciones fueron ratificadas. Luego se conoció que el titular de esa área, Augusto González Navarro, aconsejó a las denunciantes de que fueran trasladadas transitoriamente, a lo que ellas se negaron.
El 16 de diciembre, luego de un pedido explícito de la entonces rectora, Aragón presentó su renuncia a través de un escrito donde negó todas las acusaciones que hicieron sobre él.
Dos años después, la UNT se vio sacudida nuevamente por acusaciones de violencia de genéro y abuso sexual que involucraban a dos docentes de la centenaria institución.
Estos fueron los de Eduardo Hassan, docente de la Facultad de Odontología y Víctor Chocobar, profesor de la Facultad de Derecho, que tras estallar las denuncias en su contra, ambos fueron separados reventivamente de sus cargos y como respuesta a las presiones impuestas por la opinión pública, mientras que meses después fueron destituidos y exonerados respectivamente de sus cargos.
De seguir con la línea de los casos mencionados, el Consejo Superior debería "apartar preventivamente" a Rodolfo Burgos de su cargo al frente del Directorio de Canal 10 como de la cátedra de Derecho Constitucional de la carrera de Derecho.