¿Maniobra de impunidad?: apartan al fiscal Federal General Gómez en las causas que "investiga" el fiscal Carlos Brito

La Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a un pedido de recusación contra el fiscal federal General, Gustavo Gómez, realizado por el fiscal federal, Carlos Brito por la causa “IMPUTADO: CALLATA, CRISTIAN DANIEL s/INFRACCIÓN LEY 23.737”, donde adujo una “enemistad manifiesta” contra él provocando “pérdida de objetividad que debe observar en su función, careciendo de equilibrio en los dictámenes que presenta en actuaciones donde interviene el suscripto”.

La Cámara Federal, en su fallo –que lleva la firma de los camaristas Ricardo Sanjuán, Mario Rodolfo Leal, Marina Cossio y Patricia Moltini– señaló que “la enemistad manifiesta entre el fiscal Brito y el Fiscal General Gómez conlleva la grave sospecha de la pérdida de unidad entre ellos y, en consecuencia, los fundamentos vertidos por el Dr. Gómez no resultarían suficientes para sostener que su actuación en las causas donde interviene el Dr. Brito sea, en efecto, objetiva”. 

Con esa justificación, se hizo lugar a la recusación “con causa articulada contra el señor Fiscal General, Dr. Antonio Gustavo Gómez, debiendo en consecuencia el Ministerio Publico Fiscal designar el funcionario subrogante que legalmente corresponda para que intervenga en la causa de autos ante esta instancia (arts. 120, 18 de la C.N y arts. 71, 55 del CPPN), en mérito a lo considerado”.

Con esta maniobra, Brito - de fuertes vínculos con el saabismo gobernante en la UNT y el diario La Gaceta que le garantizan que no se conozcan sus pseudo investigaciones como la que no pudo probar el enriquecimiento ilícito de Antonio Bussi a pesar de sus cuentas en suiza no declaradas- busca apartar a su jefe directo el fiscal federal general Gustavo Gómez de las causas de corrupción que investiga, entre ellas, el escandaloso robo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, que ya lleva más de una década dañando el legado de la provincia y los tucumanos.

Brito es el fiscal que consideró que sólo el exrector Juan Alberto Cerisola falsificó en soledad la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, cuya edificación fue ordenada por la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Pero la Casa de Altos Estudios tucumana fue víctima de una doble violación, ya que no sólo no se erigió la Ciudad Universitaria "conforme a los planos ya aprobados" tras la expropiación de 17.000 hectáreas en los cerros tucumanos, sino que ni antes ni después de que se la diera por terminada mediante un acta firmada el 2 de enero de 2008, la UNT nunca percibió el 40% de las utilidades que por ley debiera girarle YMAD.

El fiscal no tomó en cuenta  el Acta Nº498 del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), publicada en mayo por eltucumano.com, donde los exrectores de la UNT Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano promovieron y avalaron con su firma la decisión del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) de condicionar la entrega de “créditos” a cuenta de “futuras utilidades líquidas” a la UNT. Dicha "extorsión financiera" por parte de YMAD no era otra que la de condicionar la entrega de fondos a la universidad pública tucumana a que Cerisola firmase un acta -elaborada en y por el directorio de YMAD y adjunta al acta 498- en la que el entonces rector de la UNT diera por concluída y terminada la Ciudad Universitaria de San Javier -unas 130 hectáreas parquizadas con más de 12 edificios de 7 pisos para 22 mil estudiantes, cientos de viviendas para profesores, Estadio para 30 mil personas, auditorio para 15 mil, Funiculares y Hospital, entre otros- que ordena construir la Ley 14.771 en el cerro San Javier  con el 40% de las utilidades de YMAD y "conforme a los planos ya aprobados".

En abril, Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, reactivó la causa por el robo de la Ciudad Universitaria y se presentó ante el TOF para denunciar "una mora en la sustanciación de la presente causa, por lo que vengo a solicitar se instrumenten los medios pertinentes a fin de acelerar su tramitación" y en primer lugar "dado el estado de las actuaciones y en atención a las consideraciones que se desarrollaran. Además, criticó ante la Cámara la actuación de Brito porque "no es inteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación" que dejó fuera de la mira judicial al saabismo aún gobernante en la UNT.

Además, pidió nuevamente la detención de los procesados Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

González Navarro está sindicado como presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública, de defraudación por administración fraudulenta, de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público junto a Cerisola.

En su accionar las autoridades de la UNT crearon un mecanismo normativo paralelo (Resolución Nº 0365/2008 y Resolución Nº 0366/2008) con la finalidad de eludir los procedimientos contractuales que limitan la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos, obviando las disposiciones de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064. De ese modo, amparados en un régimen que ellos mismos crearon, habrían realizado maniobras para evitar la transparencia de los procedimientos, facilitando la arbitrariedad en la asignación de los contratos, además de reconocer erogaciones no previstas, incluso eludiendo todo mecanismo que haya sido diseñado para garantizar que las contrataciones se realizaran bajo el dominio de los principios de razonabilidad, eficiencia, trasparencia, publicidad, concurrencia e igualdad", aseguró el Ministerio Público Fiscal de la Nación en las actuaciones, por lo que la situación estaría comprometida desde que perdió poder su padrino político en el fuero federal.

Al tiempo que requirió la detención de Cerisola, el fiscal general  Gómez reiteró ampliar la investigación sobre González Navarro, como también de  Rossi de Fernández; José Hugo Saab; los integrantes del directorio de YMAD, el equipo de Planeamiento y el equipo Económico de la UNT, y los integrantes del Consejo Superior ni de los representantes de las empresas contratistas.

Gómez destacó que los “dineros aportados por YMAD, son la consecuencia de una explotación minera/industrial que es objeto de múltiples causas penales por supuesta contaminación ambiental”, y sostuvo que debía considerarse que los investigados habían conformado una asociación ilícita por cuanto “se está en presencia de una organización que supera ampliamente el mínimo de integrantes requeridos; hay una diferenciación prístina de roles y funciones en la asociación, que lucen observables sin esfuerzo, pues el grupo adoptó para sí los roles estipulados en la función a la división de trabajo que rige la actividad institucional de la Universidad”.

“La estructura administrativa montada con el objeto de otorgar apariencia de legalidad, la multiplicidad e informalidad de la obra pública licitada, sumado al flujo de los dineros y dividendos generados, tal como surge de los informes de los organismos de control como la SIGEN y la AGN son indicativos de que se estaría en presencia de una inconducta merecedora de ser calificada como modus operandi del delito de lavado de activos”, resaltó, y consideró que “resulta objetable la omisión que evidencia la sentencia criticada ya que se dejaría de lado una etapa del tracto delictivo que resulta indicativo de la intención que animó a los sujetos procesados en el manejo del patrimonio de la Universidad Nacional de Tucumán”.

La intervención de Gómez en esta causa sería el objeto de la enemistad que Brito denunció en la Cámara Federal de Apelaciones y que esta dio lugar, poniendo así una nueva incógnita sobre la investigación que ya lleva 11 años afectando el pratrimonio universitario. 

El fiscal Federal General, Gustavo Gómez durante una entrevista con eltucumano.com.-