La Justicia Federal reactiva la causa por el robo de la Ciudad Universitaria, dormida desde 2019
El fiscal federal general Gustavo Gómez subrogando al fiscal ante el TOF, Pablo Camuñas, reactivó la causa que estaba frenada hace cuatro años y solicitó la detención de Cerisola, Pini Hernández, Saab, González Navarro y empresarios tucumanos, y alertó sobre el "peligro de fuga" de algunos de los encartados.
Cerisola en el Rectorado de la UNT.
El fiscal federal general Gustavo Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, reactivó la causa por el robo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y por el (des) de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a las arcas de la Casa de Altos Estudios y pidió la detención de los procesados exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Gómez se presentó ante el TOF para denunciar "una mora en la sustanciación de la presente causa, por lo que vengo a solicitar se instrumenten los medios pertinentes a fin de acelerar su tramitación" y en primer lugar "dado el estado de las actuaciones y en atención a las consideraciones que se desarrollaran infra, solicito se ordene la detención y prisión preventiva de Juan Alberto Cerisola, Luis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino".
Luego, el fiscal federal general subrayó que "el análisis de las constancias de autos, indican que el legajo se radicó por ante este Tribunal en fecha 24/01/2019" y que su fiscalía ofreció pruebas el 19/03/2019, mientras que "las defensas técnicas de los acusados incoaron nulidades, recursos de reposición, pedidos de remisión de documentación a la instancia de instrucción y producción de prueba complementaria".
"Han transcurrido 4 años y tres meses aproximadamente, sin que se hayan concretado las audiencias de ley y el dictado de la sentencia absolutoria y/o condenatoria de los acusados", arremetió, y recalcó que el Ministerio Público Fiscal no debe "consentir actos defensivos que deliberadamente buscan la paralización del trámite procesal" ya que "a la fecha es imposible dar inicio al debate oral y público para determinar la responsabilidad penal de los ex funcionarios/as y funcionarios/as de la Universidad Nacional de Tucumán por el manejo de los dineros provenientes de la explotación minera Yacimientos de Aguas de Dionisio".
En ese marco, le pidió al Tribunal que instrumente las medidas necesarias para "imprimir celeridad al legajo" y disponer en una fecha inmediata la realización de las audiencias de juicio.
Gómez repasó que en abril de 2002 el juez federal Nº2 de Tucumán, Fernando Poviña, amplió el procesamiento sin prisión preventiva de Cerisola, Cudmani y Venturino y ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de los empresarios tucumanos implicados en el plan de obras que impulsó Cerisola al declarar culminada la Ciudad Universitaria por considerarlos participes necesarios de los hechos calificados como administración fraudulenta contra la administración pública.
Ellos son Marcelo Eduardo Boero; Pedro Alberto Varella Otonello; Juan Manuel Peña; Guillermo José Pasquini; Ana Inés Cossio; Juan Carlos Aranda; Norma del Valle Zottola; Ricardo Aníbal Fernández; Ruth Soledad Fernández; Manuel Guillermo Galindo; Roberto Antonio Galindo; Javier Martinez Riera; Oscar Enrique Prado; Juan Vicente Guzmán; Horacio Eduardo Gordillo; Fernando Adrián Gordillo; Jorge Ignacio Zeballos; Máximo Federico Mellace; Luis Exequiel Movsovich; Héctor Gerardo Preatonio; Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martin Preatonio.
"Dada la naturaleza de la presunta inconducta investigada, el volumen económico del perjuicio ocasionado, la cantidad de empresarios de la construcción involucrados y el carácter de funcionarios públicos de los imputados Cerisola, Sacca, Venturino y Cudmani, se procedió a solicitar a la Cámara Federal de Tucumán la revisión de la situación de los encartados y el dictado de las prisiones preventivas pertinentes", subrayó.
Pero también recordó que tanto Saab como González Navarro "continúan desempeñando roles en la estructura jerárquica", y advirtió que ellos "habrían cumplido roles sustanciales en la ideación y ejecución del plan cuyo objetivo fue la apropiación de los dineros de la alta casa de estudios".
"Tanto Saab como González Navarro se desempeñaron en lugares determinantes en la estructura jerárquica de la universidad, siendo secretario y director del Departamento Jurídico, lo que les permitió el acceso directo a instancias en la que se tomaron decisiones y se dictaron regulaciones que facilitaron el manejo discrecional de los dineros provenientes de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD). Este dato objetivo torna ostensible el riesgo de obstrucción del proceso penal con una clara repercusión en la entidad de la prueba de cargo producida", manifestó.
Gómez sentenció: "La envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros que se hace ostensible en la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, deben sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad. Este dato es indicativo de la capacidad económica con la que cuentan los acusados, lo que les permitiría acceder vías de escape que garanticen la evadirse de la celebración del debato. Es decir, el riesgo de fuga surge a las claras si recalamos en que el cuadro probatorio colectado y el inexorable dictado de condenas a prisiones efectivas".
Para el fiscal federal general, "las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán y los empresarios procesados, reprodujeron -a menor escala- el “montaje” de mecanismos administrativos que facilitaron el direccionamiento de activos públicos para beneficiar intereses espurios". Además, alertó sobre el "peligro de fuga" de los encartados que al estar el proceso "a la espera de fecha de juicio" el mismo "aumentará considerablemente".