Solicitan a la Cámara Federal de Tucumán la detención de "Pini" de Hernández, José Hugo Saab y González Navarro por fraude a la UNT

Ayer Lunes 10 de abril, el fiscal federal Gustavo Gómez requirió ante la Cámara Federal de Apelaciones se le ordene al Juez Federal de primera instancia Fernando Poviña que cite a indagatoria y "oportunamente se dicten las órdenes de detención de Maria Luisa Rossi de Fernández; Augusto González Navarro y José Hugo Saab" conjuntamente con "la formación de un nuevo legajo" que evite mayores dilaciones en la causa.

Con éste requerimiento fiscal se produjo un verdadero tembladeral en la Justicia Federal tucumana, en la causa que se sigue en torno a la investigación por el (des) manejo de la Universidad Nacional de Tucumán de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) comenzada en 2010 a partir de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, a la que se sumaron otras acusaciones del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación.

El expediente a cargo del fiscal federal n1 Carlos Brito investiga la malversación de fondos de Minera La Alumbrera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a partir del año 2008 y la estafa sobre la construcción de la Ciudad Universitaria. En esta causa están procesados el ex rector Juan Alberto Cerisola, y los exfuncionarios Olga Cudmani, Luis Sacca y Osvaldo Venturino, todos ellos con pedido de detención desde 2017.

Gómez criticó ante la Cámara la actuación de Brito porque "no es inteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación" que dejó fuera de la mira judicial al saabismo aún gobernante en la UNT y le solicitó ayer ampliar la investigación, imputar y detener a la ex vicerrectora de la UNT, María Laura Rossi de Hernández, al actual secretario general, José Hugo Saab, y al Director General de Asuntos Jurídicos del Rectorado, Augusto González Navarro. Se trata de un nuevo expediente en la Justicia para uno de los principales operadores de la UNT, que días atrás se vio involucrado en la denuncia de Ingrid Lausberg por la "asamblea fantasma" para hacer cambios en la estructura de Canal 10.

Con respecto a la ex vicerrectora del primer mandato de Cerisola, Gómez señala que "al momento de los hechos (...), ocupaba una posición de poder y de responsabilidad en la estructura de la universidad que imposibilita toda hipótesis que haga procedente una causal de exención de responsabilidad, al menos en este estado del proceso penal. La ex vicerrectora de modo alguno puede argumentar su falta de conocimiento, pues en un organismo público con una estructura jerárquica difícilmente pueda eludirse el sistema de controles, salvo, que se articulen medidas tendientes a evadir ese control administrativo interno".

Cabe recordar que entre abril y mayo de 2009, y presidiendo sesiones del Consejo Superior, la vicerrectora María Luisa Rossi de Fernández firmó 9 resoluciones mediante las que se convalidó el ingreso de fondos de Ymad y su distribución dentro del presupuesto universitario por casi 100 millones de pesos en aquel entonces (unos 27 millones de dólares de aquel entonces).

Asì, está probado que con la firma de Rossi de Hernández estampada en las resoluciones números 0445/009, 0471/009, 0776/009, 0777/009, 0778/009, 0472/009, 0779/009, 0780/009, 0782/009, 0783/009 ingresaron a la UNT -y se distribuyeron -  fondos de la minería por casi  27 millones de dólares (a valores de 2008) -un 38% del total de fondos provientes del Yacimientos Mineros Agua de Dionisio en aquel año- (los facsímiles puede ver el lector al final de ésta nota junto al requerimiento del fiscal general federal).

Por ejemplo en una sola resolución -la 0776-, la entonces vicerrectora dispuso con su firma “Convalidar la resolución n° 1015/08 dictada por el señor Rector ad referéndum del honorable Consejo Superior” por medio de la cual se ingresaron y distribuyeron $ 48.952.317 pesos (más de 13 millones de dólares de aquel entonces).

En cuanto al González Navarro, el fiscal apunta que "la aprobación de las resoluciones n° 365/366/367 del año 2008 y el pago a las empresas contratistas por parte de Cerisola contó con el previo dictamen positivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad. "Es decir, sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública. Por ello es que cabe y así postulo (su) citación a indagatoria". Cabe recordar que eltucumano.com dió cuenta de la burda maniobra del hasta hoy jefe del servicio jurídico de la UNT y profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la  UNT (colega docente de los fiscales federales Carlos Brito y Pablo Camuñas y Rodolfo Burgos que debieron investigarlo -éste último recibe suculento contrato como exclusivo apoderado querellante por toda la UNT).

A Gonzalez Navarro le cabe, según el fiscal, además de la prisión por estafa a la UNT la accesoria del artículo 248 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

En ese sentido, la máxima autoridad fiscal federal de Tucumán también apuntó a José Hugo Saab, quien "en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de 'urgente' la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694)". Gómez afirma que "este dato es más que suficiente para endilgarle responsabilidad por el hecho ilícito cometido".

Cabe recordar que el Secretario General de la UNT José Hugo Saab es desde hace 40 años la primera autoridad administrativa de la Universidad Nacional de Tucumán e increíblemente no fue citado en la causa a pesar de que está probado que el 2 de marzo de 2008 (Expediente 248/08) apuró a las áreas de la UNT una reglamentación especial para la contratación de obras por fuera de la ley de obras públicas.

Saab también participó de la increíble y voraz pirueta de la UNT según la cual el mandato de la Ley 14771 de culminación de la ciudad universitaria "conforme a los planos ya aprobados en 1958" (N.de la R: elaborados por un prestigioso equipo de arquitectos liderado por Eduardo Sacriste) se pudo cambiar por un plan con planos a las apuradas realizados por el hijo del entonces vocal de YMAD por la UNT y ex rector de la Casa de Altos Estudios Mario Marigliano. Este "cambio" de lo ordenado por la ley de Ymad contó con la vista gorda de Gonzalez Navarro y constituye un ejemplo cabaldel desprecio por la legalidad en la Universidad Pública tucumana.

Pero los requerimientos del fiscal federal general no se quedan ahí: Gómez también apunta a los representantes de la empresa YMAD, sobre quienes también se precipita "la presunta responsabilidad penal por el perjuicio causado". Para Goméz, "los directores, con su accionar, facilitaron la rúbrica del convenio entre YMAD y UNT en fecha 02/01/2008, lo que facilito la disminución del monto dinerario que debía percibir la Universidad de acuerdo a la Ley 14.771, pasando de un 40% a un 20% de la utilidades que arroja el emprendimiento minero" y por lo tanto, "en el marco de la pesquisa corresponde citar en los términos del artículo 294 del CPPN al presidente de YMAD, a los dos directores por la provincia de Catamarca y a los dos directores por la UNT, todos ellos al momento del hecho", especificando que "a la fecha del hecho el Sr. Manuel Benitez era el presidente, los Sres. Bustamante y Colombo representaban a Catamarca, siendo Campero y Marigliano representantes de la Universidad Nacional de Tucumán".

La justificación del fiscal para pedir los llamados a indagatorias y detenciones se encuentran en el siguiente pasaje: "Entre los procesados en la causa encontramos personas que cumplieron funciones en la Universidad Nacional de Tucumán y otros que a la fecha continúan desempeñando roles en la estructura jerárquica como es el caso de José Hugo Saab y González Navarro. Este dato objetivo torna ostensible el riesgo de obstrucción del avance del proceso penal con afectación seria de la producción de prueba de cargo. La envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros, a través de la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, debieran sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad. El contraste de este factum procesal y lo que aconteció en otros procesos penales de público conocimiento, en los que se investigó el destino dado a los dineros públicos, evidencian que las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán y los empresarios procesados reprodujeron -a menor escala- el “montaje” de mecanismos administrativos que facilitaron el direccionamiento de activos públicos para beneficiar intereses espurios. El abordaje del factum a través de la figura de lavado de activos conlleva consecuencias que alcanzan para dictar medidas cautelares en contra de los sindicados como responsables del ilícito objeto del proceso. El cambio de destino de los dineros obtenidos mediante el despliegue de las maniobras defraudatorias es una consecuencia lógica y necesaria si se atiende a que la finalidad de este tipo conductas es acceder a sumas de dinero para sustraerlas de mecanismos de control y/o recuperación de activos. También es cierto que la insolvencia suele ser un denominador común entre aquellos involucrados en actividades defraudatorias, pues el riesgo de decomiso del activo es baremo contemplado por el infractor". A esto, agrega: "Estos elementos son indicativos de la necesidad de que por los medios pertinentes se disponga la detención de los imputados, hasta tanto se concluyan las medidas investigativas conducentes, se determine el destino impreso a los activos públicos detraídos y se concrete la realización del debate oral del tramo procesal que ya fue elevado al Tribunal Oral Federal. Justamente, el estado de avance del proceso y la esperable condena a prisión efectiva de Cerisola, Sacca y Cudmani juzgados en el Tribunal Oral, son elementos convictivos razonables y suficientes como para disponer las prisiones preventivas y detenciones de los sindicados en el presente dictamen".

Gómez alerta en el documento sobre la demora en los trámites judiciales, especialmente los que tienen que ver con las apelaciones por parte de la defensa, y la apuesta de los procesados por la prescripción de la causa. "Han transcurrido más de 9 meses sin que se hayan tratado debidamente las pretensiones impugnativas", señala y agrega que "si bien la complejidad de la causa contribuye a que se produzcan dislates temporales involuntarios, como ya fuera dicho, esta característica del proceso no justifica la mora que se evidencia sin que se concluya el trámite recursivo", por lo que "se torna imperativo acelerar la tramitación de las impugnaciones, garantizar el cumplimiento de los plazos procesales y evitar el acaecimiento de la hipótesis de prescripción de la acción penal".

En la parte final de su texto, el fiscal pide que "se le ordene al Juez Federal que cite en los términos del artículo 294 del CPPN, a Maria Luisa Rossi de Fernández; Augusto González Navarro y José Hugo Saab" y que "oportunamente, se dicten las órdenes de detención" de ellos tres, como así también de los empresarios que ya se encuentran procesados en la causa: "Marcelo Eduardo Boero; Pedro Alberto Varella Otonello; Juan Manuel Peña; Guillermo José Pasquini; Ana Inés Cossio; Juan Carlos Aranda; Norma del Valle Zottola; Ricardo Aníbal Fernández; Ruth Soledad Fernández; Manuel Guillermo Galindo; Roberto Antonio Galindo; Javier Martinez Riera; Oscar Enrique Prado; Juan Vicente Guzmán; Horacio Eduardo Gordillo; Fernando Adrián Gordillo; Jorge Ignacio Zeballos; Máximo Federico Mellace; Luis Exequiel Movsovich; Héctor Gerardo Preatonio; Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martin Preatonio".

Gónzalez Navarro junto a las actuales autoridades saabistas y el ex director de YMAd por la UNT Fernando Valdez. Para el fiscal federal todos participan del contubernio contra la UNT. La facultad de Derecho de la UNT es el epicentro del encubrimiento de la banda gobernante en la Universidad (encubrumiento del que no están exentos sus decanos desde 2008 a la fecha de hoy).

Resoluciones firmadas por Rossi de Hernández que omitió burdamente el fiscal n1 Carlos Brito,al igual que el dictamen de Jurídico signado por González Navarro que posibilito todo el accionar delictivo en la UNT con disfraz legal.