Sesión secreta y delitos públicos: el día que la Universidad Nacional de Tucumán encubrió a los autores del robo de su Ciudad Universitaria
El Tribunal Oral Federal incorporó en 2021 prueba documental a la investigación, entre las que destaca el encubrimiento del Consejo Superior de la UNT presidido por la entonces rectora Alicia Bardón. En abril de 2017 el cuerpo decidió sesionar secretamente para esconder la participación de Campero y Marigliano junto al ya imputado Cerisola en el falseamiento de la construcción de la Ciudad Universitaria. Encubrimiento disfrazado de querella.
González Navarro y José Hugo Saab en la sala de sesiones del Consejo Superior de la UNT.
“Tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:
1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones.”
Artículo 177 de la Ley N° 23.984, Código Procesal Penal de la Nación Argentina.
“Le quiero decir a la rectora que no es mi estilo saludar a las personas que pueden ser imputadas”
Del Fiscal Federal General Gustavo Gómez a la rectora de la UNT Alicia Bardón, martes 5 de abril de 2016 - Sala de sesiones del Consejo Superior UNT.
La incorporación de pruebas documentales a la Investigación Federal 400360/2010 por el robo a la UNT de su Ciudad Universitaria en San Javier, consolida la pesquisa de la fiscalía Federal General de Tucumán respecto de una asociación ilícita, un complot del funcionariato universitario para falsear y encubrir “la terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados” (sic) ordenada en el artículo 18, inciso b, de la Ley N° 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y quedarse así con el manejo de fondos mineros de libre disponibilidad. El campus de 130 hectáreas construidas (en un predio de 18.000 hectáreas) robado a la UNT está valuado en más de USD 5.700 millones de dólares por las propias autoridades universitarias.
En efecto, el 9 de abril de 2021, el Tribunal Oral Federal de Tucumán ordenó la incorporación al expediente del acta 498/2007 del directorio de YMAD “como prueba instrumental” (sic) del latrocinio contra la UNT como así también añadió el acta 382/2017 del Consejo Superior de la UNT, resuelta en sesión secreta del 25 de abril de 2017.
Como ya publicara eltucumano.com, el Acta Nº 498 de YMAD incorporada al esquema probatorio federal, incrimina directamente a los ex rectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano –ya fallecido- en la organización y promoción del robo del mega campus universitario junto al entonces rector Cerisola.
Cabe recordar que el fiscal federal Nº1 Carlos Brito reconoce en el expediente que la UNT sufrió el robo de su campus universitario en San Javier al admitir que nunca se había satisfecho “la finalidad que oportunamente motivó la remisión de fondos por parte del YMAD a la UNT, que consistía en la finalización de las obras de la Ciudad Universitaria. De esta manera se causó un perjuicio patrimonial gravísimo, de acuerdo a lo informado en detalle por la Procuraduría de Criminalidad Económica”.
El 3 de julio de 2018, en su declaración ante el fiscal federal nº1 de Tucumán, Rodolfo Martín Campero - ex rector y candidato a gobernador por la UCR- confesó que “una vez aprobada” por Cerisola la falsificación ingeniada y promovida por él mismo desde YMAD “la UNT dejó de recibir el 40% de las utilidades líquidas para pasar a cobrar el 20%..." por disposición de YMAD que él mismo votó como miembro del directorio representando a la UNT...
La Confesión del ex rector Rodolfo Campero ante el fiscal Carlos Brito que no originó detención.
Fiscal Brito reconoce en autos que la Ciudad Universitaria a la UNT fue falseada.
Sin embargo existe otra prueba tan o más contundente del delictivo accionar de los ex rectores y directores de YMAD: Un pedido de informes al entonces rector Cerisola del 13 de septiembre de 2007 (que los lectores de eltucumano.com pueden descargar al final de éste artículo).
En dicha solicitud, Campero y Marigliano apuran a Cerisola a remitir a YMAD toda “la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria, en el marco de los alcances del Artículo 18 inciso b) de la ley 14771”.
Marigliano y Campero aseguran en dicho documento que la solicitud a Cerisola se efectúa en el marco de un “seguimiento contable e institucional de los aportes realizados a la UNT por parte de YMAD”·y al mismo tiempo reconocen que la Ciudad Universitaria no fue construida a tan sólo tres meses de afirmar todo lo contrario en el acta 498, el día que falsearon su construcción y estafaron a la Universidad. “Más mala Fe contra la UNT no se puede”, deslizan en el ministerio Público.
“El Directorio de la empresa nos ha encomendado solicitarle quiera tener a bien brinde a YMAD la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria, en el marco de los alcances del Artículo 18 inciso b) de la ley 14771”, puede leerse en la nota de Campero y Marigliano a Cerisola.
Para completar, los ex rectores estafadores de la UNT señalan en el pedido de informes a Cerisola que es “necesario contar con la citada información, toda vez que el Señor Rector (Cerisola), en virtud de lo establecido en el inciso b) del mencionado Artículo 18, ha manifestado en cada uno de los convenios de pago celebrados entre YMAD y la Universidad Nacional de Tucumán, que “a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso”.
La otra prueba contundente que quedó incorporada por resolución del Tribunal Oral Federal en abril de 2021 es la resolución 382/2017 que da cuenta de una sesión secreta del “Honorable” Consejo Superior de la UNT del 25 de Abril de 2017 en la que el cuerpo tomó pleno conocimiento del accionar delictivo contra la universidad y sin embargo sus miembros resolvieron “por unanimidad” no efectuar la denuncia penal a la que están obligados por Ley. El acta de la sesión secreta puede ser leída y/o descargada por el lector al final de éste artículo.
A la estafa originada por Campero, Marigliano y Cerisola, el contenido del acta 382/2017 del Consejo Superior revela la posterior complicidad del funcionariato que aún gobierna la UNT con el latrocinio del Campus Universitario valuado en USD 5.700 millones de dólares y la disminución de las utilidades mineras a la UNT del 40% al 20% prevista en la Ley una vez concluida la Ciudad Universitaria de San Javier que se falseó.
En efecto, aquel día martes 25 de abril de 2017, y por aconseja_miento del director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro, las autoridades del Consejo Superior tomaron conocimiento fehaciente del robo contra la Universidad que juraron representar pero resolvieron no realizar la denuncia penal a la que los obliga la Ley.
Cabe recordar que el artículo de la Ley N° 23.984 - Código Procesal Penal de la Nación Argentina- establece que “tendrán obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1°) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones”.
En la reunión secreta, el cuerpo presidido por la entonces rectora Alicia Bardón escuchó al director del servicio Jurídico de la UNT, Augusto hochi González Navarro aconsejar que “resulta insoslayable obtener la declaración de nulidad respecto de una decisión adoptada por el Directorio de YMAD con el voto unánime de sus miembros en sesión de fecha 27 de Diciembre de 2007, que consta en acta N° 498 y que obra como necesario antecedente del instrumento suscripto el 02/01/08 por el rector Cerisola”.
A pesar de la magnitud del latrocinio contra la UNT y la gravedad de los hechos que el acta 498 conlleva, en dicha sesión secreta de abril de 2017 el pleno del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán resolvió no denunciar a los ex rectores Campero, Marigliano y Cerisola por la falsificación de su Ciudad Universitaria en San Javier. El máximo órgano de Gobierno de la UNT se constituyó así en cómplice de los ex rectores, aconsejado por el director (anti) Jurídico Augusto González Navarro, doctor en Derecho y titular de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNT.
González Navarro es el mismo que adulteró la letra de la Ley 14.771 para que los fondos mineros no se destinen para al mega proyecto de 1947 en San Javier equiparando una ciudad de 130 hectáreas construidas con “la compra o alquiler de locales, remodelación o trabajos de refacción, adquirir equipamientos servicios de mantenimiento tales como instalaciones eléctricas, pintura, plomería y gas” (SIC) y “por fuera de la ley de Obras Públicas” (SIC).
El director del servicio Jurídico es el autor, además, de un singular dictamen que transforma los dineros públicos en privados en la UNT conocido como 'Doctrina Hochi' que completa el iter criminis contra la Universidad Pública y que permitió a Cerisola el uso de los fondos mineros al margen de la Ley de Obras Públicas, desatando un festival de sobreprecios en refacciones y obras improvisadas del rectorado (por $ 28.346.052,17 - U$S 8.098.872 a valores constantes) junto a colocaciones financieras discrecionales (por unos $193.000.000 - unos U$S 55.000.000 a valores constantes) de acuerdo al requerimiento de elevación a Juicio del fiscal Brito .
La decisión del TOF de incorporar pruebas documentales a la causa dejó expuesta también la “muy endeble” investigación que llevó adelante la fiscalía Federal nº1 a cargo de Carlos Brito (sobre todo respecto de los sospechosos Campero, González Navarro y Saab, entre otros) –agravada por la magnitud y gravedad del latrocinio y su trascendencia pública- y exhibe con crudeza la gravedad institucional por la que atraviesa la UNT, institución que debiera ser rectora y ejemplo para la sociedad tucumana y nacional. Hasta La Gaceta ha reconocido hace apenas unos días - y después de quince años - la coautoría de Campero y Marigliano.
Por último, la decisión tomada por el Tribunal federal en 2021 expone, con máxima gravedad institucional para la UNT, el encubrimiento disfrazado de querella ejercido actualmente por Rodolfo Tercero Burgos, múltiple agente universitario y abogado particular de la ex rectora Alicia Bardón y militante de González Navarro como candidato a decano de Derecho.
Es que en los tribunales federales -hasta el momento- no se advierte actuación conducente alguna de la supuesta querella que la UNT abona a su presidente de Canal 10 de forma particular como abogado recientemente recontratado por el actual rector Sergio Pagani..
Burgos funge también como abogado defensor de Alicia Bardón en la causa "Universidad Nacional de Tucumán s/ Malversación de Caudales Públicos". - Expte. Nº 16418/20" donde está imputada por haber recibido $17.643.765 (Diecisiete millones seiscientos cuarenta y tres mil setecientos sesenta y cinco) en concepto de programas y beneficios del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación entre julio de 2014 y marzo de 2017 "los cuales no fueron rendidos, pese a estar obligados en virtud de leyes cuyo cumplimiento debían respetar, generando de esta forma un perjuicio al patrimonio estatal, e incumpliendo sus deberes de funcionario público".
En abril de 2022, en plena campaña electoral universitaria, Burgos reveló en una entrevista con Omar Noblega para Los Primeros ─que se emite en el canal que preside─ la complicidad con González Navarro, el partícipe necesario del robo a la Casa de Altos Estudios: “Llevamos adelante un proyecto generacional, diferente y con el que pretendemos ganar la facultad”, contó.
La sesión secreta del Honorable Consejo Superior y el pedido de Campero y Marigliano a Cerisola:
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