"Estando presentes los designados": el acta trucha de Saab en Canal 10 que preocupa al Rectorado de la UNT
La falsificación de un acta para llevar a cabo un enroque en el Directorio del Canal de Todos los Tucumanos llegó a la Justicia Federal y enciende las alarmas en la Casa de Altos Estudios.
José Hugo Saab en Los Primeros.
La Justicia Federal tiene en la mira a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Tras la reactivación, luego de más de cuatro años, de la causa por el (des)manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y la falsificación de la construcción de la gran Ciudad Universitaria de San Javier, también preocupa el acta trucha que el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, firmó para habilitar un enroque en el directorio del Canal de Todos los Tucumanos. Allí sostuvo que todos los designados estaban presentes, cuando habría sobradas pruebas de Rodolfo Tercero Burgos se encontraba en ese momento en Europa.
El 13 de marzo de 2023, José Hugo Saab le puso su firma al Acta de Asamblea de Clase Accionista Clase B Universidad Nacional de Tucumán donde se designó al Ingeniero Leandro Díaz como Presidente del Directorio de Canal 10 y al Dr. Rodolfo Tercero Burgos como Director. "Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados", se lee en el Acta falseada, ya que estaría probado que Burgos se encontraba en ese momento en España. Incluso, en el marco de la causa por presunto abuso sexual de su hija menor de edad, se ha requerido a la Cámara Penal Conclusional de Tucumán un eleve su pedido de captura internacional.
Recordemos que Canal 10 es una Sociedad Anónima con Participación Mayoritaria del Estado provincial (SAPEM): el 70% de sus acciones corresponden a la UNT, mientras que el 30% restante son propiedad del Gobierno de Tucumán. Ingrid Lausberg, representante del Poder Ejecutivo provincial, denunció ante la Justicia Federal el "enroque" de Directores: la denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez. Los desmanejos en la conducción de Canal fueron el eje central del encuentro privado entre el Rector Sergio Pagani y el vicegobernador y candidato a gobernador del Frente de Todos por Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Cercado por estas denuncias, Saab esbozó una defensa esta mañana en Los Primeros, en el prime time del Canal de Todos los Tucumanos y en diálogo con Álvaro Aurane: "La grieta no debe llegar al seno de la educación pública", planteó en el marco de la presentación de la Escuela de Formación Política y Gobierno de la UNT. "No falla la política, somos nosotros, los políticos, que por ahí en lugar de ir por un camino que tenemos que transitar buscamos atajos que nos llevan a mal puerto; no a los políticos, sino a la gente, a quién nos debemos", reconoció.
"Aquellos que hablan mal de un funcionario, en este caso de mi persona, es un medio, están hablando mal de 100.000 personas que transitan los pasillos de la Universidad Nacional de Tucumán: tenemos 82.000 estudiantes, más de 10.000 docentes y nodocentes", subrayó.
"La Universidad Nacional de Tucumán ha sido catalogada entre las cinco mejores del país. Nosotros los Universitarios nos sentimos orgullosos de nuestra institución. Esto no significa que cualquier ciudadano común y con buenas intenciones nos marque, seguramente, los muchos errores que tenemos, como funcionarios cometemos errores y tenemos la capacidad de saber escuchar y revertir el rumbo si es que éste no es el correcto", admitió.
Ante el Juzgado Federal de Tucumán, Lausberg requirió la impugnación del acta fantasma del Saabismo: "Vengo a impugnar ACTA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA CLASE “B” UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN, de fecha 13 de marzo de 2023, en su punto 2 del orden del día, conforme dicha resolución expresa:…”Respecto del segundo punto del orden del día, se resuelve designar al Ing. Leandro Rául Diaz D.N.I. 13.***.*** como Presidente del Directorio, de conformidad a lo establecido en el Artículo DECIMOSEXTO del Estatuto y al Abogado Rodolfo Tercero Burgos D.N.I. 20.***.*** como Director. Estando presentes los designados, aceptan los cargos mencionados” solicitando, se declare la NULIDAD ABSOLUTA de la misma por CARECER DE LOS REQUISITOS DE VALIDEZ que dispone el Estatuto de la S.A.P.E.M. y la Ley de Sociedades 19.550. Asimismo, solicito SE DICTE MEDIDA CAUTELAR ordenando la correcta aplicación del ARTICULO DECIMOSEXTO DEL ESTATUTO de la S.A.P.E.M".
Los hechos, según denunció Lausberg:
En fecha 16 de marzo, el director Leandro Díaz, me informa verbalmente que, por disposición del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, fue designado Presidente del Directorio de la S.A.P.E.M. TELEVISORA DE TUCUMÁN alegando como motivo de esta decisión, la ausencia del Presidente del Directorio, el Dr. Rodolfo Burgos. Ante la informalidad con la que me notificara de esta resolución, solicité al departamento administrativo de la empresa, me enviaran copia de la misma. Ante reiteradas peticiones, la referente del área administrativa, CPN Carolina Ferreira me envía vía mail copia de la misma en fecha 20 de marzo, es decir, siete días después de la fecha de celebración de reunión asamblearia, conforme el acta que se impugna, lo expresa.
Tal como el Ingeniero Leandro Díaz lo mencionara y como circula en diferentes medios de comunicación, esta irregular designación surge como motivo del viaje del Presidente del Directorio, Dr. Rodolfo Burgos a Europa. En virtud del marco jurídico vigente, me eximo de probar hechos que son de público conocimiento ya que han sido difundidos por la prensa.
De este viaje y consecuente ausencia del representante máximo del directorio, no se informó, ni tampoco el director Burgos, dio aviso de su ausencia, ni obra pedido de licencia alguna. Para dar cabal veracidad a los extremos que manifiesto, solicito al Sr. Juez, oficie a la Dirección Nacional de Migraciones a los efectos de que informe salidas y entradas del país de RODOLFO TERCERO BURGOS D.N.I. 20.***.*** desde el 10 de marzo al 27 de marzo del corriente año.
En ese marco, requirió se declare la nulidad de la misma: “Esta irregular designación surge como motivo del viaje del Presidente del Directorio, Dr. Rodolfo Burgos a Europa. En virtud del marco jurídico vigente, me eximo de probar hechos que son de público conocimiento ya que han sido difundidos por la prensa. De este viaje y consecuente ausencia del representante máximo del directorio, no se informó, ni tampoco el director Burgos dio aviso de su ausencia, ni obra pedido de licencia alguna desde el 10 de marzo al 27 de marzo del corriente año
"El acta que se ataca, firmada por la primera autoridad administrativa de la Universidad Nacional de Tucumán, el Secretario General José Hugo Saab, se entiende que fue consentida por el Sr. Rector Ing. Sergio Pagani, lo que significa, desde el punto de vista político, impedir ilegítimamente mi asunción como Presidente interina hasta tanto retorne el Presidente luego de esta subrepticia ausencia. Además, pongo en conocimiento de V.S. que estuve presente el día 13 de marzo en la sede de la SAPEM sito en Av. Aconquija 729 tal como se puede constatar y allí no se encontraban ni el director Díaz ni el Director Burgos. En virtud de ello, requiero se oficie a la empresa Aerolíneas Argentinas a efectos de que informe vuelos desde Tucumán tomados por los Sres. RODOLFO TERCERO BURGOS DNI 20.***.***, LEANDRO RAUL DIAZ DNI 13.***.*** y JOSÉ HUGO SAAB DNI 16.***.*** entre los días 12 a 14 del mes de marzo del corriente año. Por la gravedad institucional que este asunto refiere, solicito se oficie con habilitación de días y horas", manifestó en sede judicial Federal.
El acta falsa de Saab
La denuncia de Lausberg
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El robo de la Ciudad Universitaria
La semana pasada, el fiscal federal general Gustavo Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, reactivó la causa por el robo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y por el (des) de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a las arcas de la Casa de Altos Estudios y pidió la detención de los procesados exrector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
"Han transcurrido 4 años y tres meses aproximadamente, sin que se hayan concretado las audiencias de ley y el dictado de la sentencia absolutoria y/o condenatoria de los acusados", arremetió, y recalcó que el Ministerio Público Fiscal no debe "consentir actos defensivos que deliberadamente buscan la paralización del trámite procesal" ya que "a la fecha es imposible dar inicio al debate oral y público para determinar la responsabilidad penal de los ex funcionarios/as y funcionarios/as de la Universidad Nacional de Tucumán por el manejo de los dineros provenientes de la explotación minera Yacimientos de Aguas de Dionisio". En ese marco, le pidió al Tribunal que instrumente las medidas necesarias para "imprimir celeridad al legajo" y disponer en una fecha inmediata la realización de las audiencias de juicio.
"Tanto Saab como González Navarro se desempeñaron en lugares determinantes en la estructura jerárquica de la universidad, siendo secretario y director del Departamento Jurídico, lo que les permitió el acceso directo a instancias en la que se tomaron decisiones y se dictaron regulaciones que facilitaron el manejo discrecional de los dineros provenientes de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD). Este dato objetivo torna ostensible el riesgo de obstrucción del proceso penal con una clara repercusión en la entidad de la prueba de cargo producida", manifestó.
Gómez sentenció: "La envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros que se hace ostensible en la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, deben sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad. Este dato es indicativo de la capacidad económica con la que cuentan los acusados, lo que les permitiría acceder vías de escape que garanticen la evadirse de la celebración del debato. Es decir, el riesgo de fuga surge a las claras si recalamos en que el cuadro probatorio colectado y el inexorable dictado de condenas a prisiones efectivas".
Para el fiscal federal general, "las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán y los empresarios procesados, reprodujeron -a menor escala- el “montaje” de mecanismos administrativos que facilitaron el direccionamiento de activos públicos para beneficiar intereses espurios". Además, alertó sobre el "peligro de fuga" de los encartados que al estar el proceso "a la espera de fecha de juicio" el mismo "aumentará considerablemente".
