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En medio del "modo vacaciones", la Corte dispuso aumentar los supersueldos judiciales

tucumán en cuarentena

El Máximo Tribunal de Tucumán habría autorizado el pago de la clausula gatillo para empleados, funcionarios y magistrados a través de la Acordada 285/20, emitida el pasado 19 de mayo. La Justicia es el único de los tres poderes de la provincia que aún no regresó al trabajo.

Foto de Flickr/Bruno Tórtola.-




En medio de un asueto extraordinario, extendido en varias oportunidades dentro del marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Poder Judicial de la Provincia habría autorizado una suba salarial para empleados, funcionarios y magistrados de Tucumán.

La novedad de una posible suba del 15% a los ya altos salarios que maneja la justicia tucumana, surge de la acordada 285/20 que reza “nuevas asignaciones en concepto de sueldo básico” y que lleva la firma de los vocales Claudia Sbdar (presidenta), Daniel Posse, Daniel Leiva y Eleonora Rodríguez Campos (Antonio Daniel Estofán se encuentra de licencia en Buenos Aires), que aprobaron la liquidación de las remuneraciones a partir de este mes “en función de las sumas indicadas en las actuaciones”.

Estas “nuevas asignaciones” serían en una principio el último pago de la cláusula gatillo que el Gobierno de Juan Manzur otorgó en forma escalonada y con sumas no remunerativas a los estatales a partir de marzo. Sin embargo, la poca precisión del documento publicado por la Corte confundió hasta los propios integrantes de uno de uno de los tres poderes de la provincia, el único que hasta la fecha no regresó a la actividad.



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“Nadie la tiene clara. Si bien hemos elevado una petición con varios puntos, entre ellos el salarial, la prioridad es ser empáticos y comprensivos con la sociedad durante la pandemia”, explicó a La Gaceta María Elisa Gallo, presidenta del Centro de Funcionarios Judiciales, que luego señaló que los ingresos están congelados desde septiembre de 2019, además de la reforma jubilatoria que llevó el descuento al 18%. “Esta actualización permitirá una compensación mínima”, agregó Gallo.

“No la llamamos suba, sino deuda. Nos pagarán la inflación de 2019. Aún así, seguimos abajo de lo que corresponde en función del aumento de precios. Queda pendiente la paritaria 2020”, advirtió Omar Maldonado, secretario general del sindicato Judiciales Tucumanos Agremiados, que como Gallo, ignora si la frase que desliza la acordada en cuestión es un incremento en los haberes. “De aquí al día que haya que ir al cajero puede pasar cualquier cosa. Tenemos que esperar a ver la boleta y a tener el dinero acreditado”.

En ese sentido, María Nélida Paz secretaria de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional-Seccional Tucumán (UEJN), reconoció que habían solicitado el pago de la clásula gatillo, sin embargo, la mayor preocupación hoy es volver a trabajar: "Nosotros pedimos el pago de la cláusula gatillo, pero nuestra preocupación mayor en este momento pasa por evitar los contagios de la covid-19 a partir del cese del asueto (judicial extraordinario)”.

El Poder Judicial de Tucumán cerró sus puertas el pasado 19 de marzo cuando anunció una “feria de emergencia” por la amenaza del COVID-19, que hasta la fecha registró 43 infectados en la provincia, de los cuales 28 ya fueron dados de alta. Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, la Corte Suprema decidió extender “el modo vacaciones” en cuatro oportunidades, la última de ellas el pasado sábado cuando se prorrogó hasta el 24 de mayo el asueto y descartando completamente el anuncio de que el 18 de mayo los pasillos de Tribunales iban a estar abiertos.

Si bien se intentó mitigar la falta de labores a través de un fallido teletrabajo y de una firma digital en fase de experimentación, jueces, fiscales, relatores y secretarios cobraron la totalidad de sus sueldos, lo que a las arcas provinciales le reportó cerca de $2.000 de pesos.

Este viernes, el Colegio de Abogados de la provincia elevó una nueva nota a la Corte Suprema de Justicia pidiendo exponer “propuestas, inquietudes y observaciones al “protocolo de seguridad previsto” por el máximo tribunal, tras dos reuniones que mantuvieron este miércoles y jueves.

Por esta razón, los letrados detallaron las principales cuestiones que consideran deben ser tenidas en cuenta para que la referida reanudación de la actividad de los Tribunales, como la presencia personal de los magistrados en las unidades jurisdiccionales, a excepción de los grupos de riesgo; la posibilidad de presentar escritos judiciales hasta “que se alcance el completo y aceitado funcionamiento del sistema informático del Portal SAE y del Expediente Digital”; La posibilidad de otorgar turnos para la atención personal de profesionales; una línea telefónica a través de la cual sea posible evacuar consultas y ser atendidos en modo personal, pero sin necesidad de presencia física; entre otras medidas destinadas a cumplir con las recomendaciones sanitarias.



 

Supersueldos  

La última información oficial de los sueldos del poder judicial tucumano data de julio de 2019. Ya con la planilla "sin indexar" por la cláusula gatillo, desde cargos en el Poder Judicial de Tucumán gozan de “supersueldos” que, en algunos casos, superan por mucho el salario del Gobernador de Tucumán y del Presidente de la Nación. El sueldo básico del Primer Mandatario provincial es de $59.400, comparable al de un Encargado Mayor del Poder Judicial que integra el Personal Técnico Administrativo, y lejos del básico de $192.161 de un vocal de la Corte Suprema, máxima autoridad judicial que, con la aplicación de ítems como título universitario y antigüedad, supera los $285.000, cifra mucho mayor también a los aproximadamente $270.000 percibidos por quien porta la máxima investidura nacional. 

 Para este 2020 la Justicia de la provincia cuenta con un presupuesto de más de $13.000 millones (casi el doble que el de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán o el de la Universidad Nacional de Tucumán). Esto significa que los $200 millones “donados” al Ejecutivo, equivalen a un poco más del 1,5% de lo presupuestado para este año.  

Si de privilegios se habla, la inmensa mayoría de los jueces, fiscales y relatores no pagan Impuesto a las Ganancias (los nombrados antes de enero de 2017); hacen su Declaración de Bienes ante la Corte y no ante la AFIP; se jubilan con el 82% móvil (es decir, con movilidad y porcentualidad garantizada); y tienen vacaciones anuales de seis semanas como mínimo -durante todo enero y durante la mitad de julio.