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El asueto judicial tucumano por el Coronavirus ya tiene un costo superior a los mil millones de pesos

PANDEMIA y JUSTICIA

La feria sanitaria del Poder Judicial de Tucumán, otorgada sin obligación de trabajo telemático y con goce total de haberes, impacta negativamente en las arcas provinciales. El Colegio de Abogados reclama que jueces y funcionarios cesen su descanso e incorporen la tecnología del siglo XXI.

Mil millones de pesos mensuales es el costo mensual de los 4300 sueldos judiciales de Tucumán.





Los casi 30 días de parálisis total del Poder Judicial tucumano a raíz del asueto extraordinario dispuesto por la Corte Suprema de Tucumán ante la crisis sanitaria tienen enormes consecuencias, no sólo en el sistema judicial sino también en las arcas provinciales.


A pesar de haberse abonado íntegramente la planilla de sueldos de marzo del Poder Judicial tucumano (unos mil millones de pesos de un presupuesto para este año de $ 13.000 millones) en el bolsillo de los 4300 miembros de la familia judicial, los jueces, fiscales, relatores y secretarios no están trabajando: El teletrabajo no funciona; la firma digital recién está en fase de experimentación y por ende miles de expedientes quedaron congelados y cientos de juicios están paralizados en Tucumán.

“Nosotros estamos bregando para que todos los jueces avancen en la medida de sus posibilidades. Pero los expedientes se encuentran en los Tribunales e ir hacia allí quiebra la medida de aislamiento”, justificó Claudia Sbdar presidenta del tribunal.


Con sus supersueldos asegurados y “en modo vacaciones”, en la Corte tucumana se aprestan a prorrogar el asueto judicial extraordinario hasta fines de Abril, de acuerdo a los lineamientos del decreto de necesidad y urgencia 355-2020 que prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Ante este panorama, el Colegio de Abogados de Tucumán reclamó ante la Corte que restablezca "el funcionamiento del servicio de justicia -aunque más no sea de un modo acotado-, entendiendo de que debe conciliarse con el respeto de las medidas de aislamiento social”.


En un comunicado con las firmas de Marcelo Billone y Carlos Casal, presidente y vice del Colegio de Abogados respectivamente, el colegio profesional solicitó que la Corte adopten las siguientes medidas, para el caso de que la misma decida extender la duración de asueto extraordinario:
   
-Dejar sin efecto la disposición que releva a los magistrados y funcionarios afectado a cumplir tareas durante el asueto extraordinario, de su obligación de concurrir a las dependencias del Poder Judicial. En consecuencia, disponer que tales magistrados y funcionarios, así como el resto del personal que los mismos consideren necesarios e indispensables para el funcionamiento de la oficina jurisdiccional, desempeñen sus tareas en las dependencias del Poder en las que habitualmente lo hacen, sin perjuicio del puntual cumplimiento de las medidas de seguridad de higiene recomendadas por las autoridades sanitarias.


-Disponer que los procesos que se sustancien durante la vigencia del asueto extraordinario, serán resueltos por los jueces o funcionarios designados, determinándose que se afectarán dos por cada Fuero, los que deberán contar con un magistrado, un funcionario y tres empleados.


-Implementar un protocolo que garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene aconsejadas por la autoridad sanitaria, asegurando la efectiva provisión de los elementos y materiales necesarios para su cumplimiento.


-Restringir la atención al público y la circulación de justiciables y profesionales en general a lo estrictamente necesario, con el objeto de asegurar el cumplimiento del protocolo sanitario, el mantenimiento de las distancias mínimas entre personas, y toda otra medida de prevención que se considere pertinente al efecto.


-Acelerar la implementación del expediente digital y sobre todo el registro de la firma digital por parte de magistrados y profesionales intervinientes, aumentando el personal técnico necesario para concluir dicho trámite a la mayor brevedad.


-Habilitar, hasta tanto ello sea posible, el uso de los medios tecnológicos (tales como líneas telefónicas y whatsApp), cuyo funcionamiento ha sido ya implementado con éxito durante este tiempo de asueto extraordinario por algunos magistrados y funcionarios.


-- Hasta tanto se cuente con los medios tecnológicos adecuados en las dependencias del Poder Judicial, autorizar el uso de video llamadas como modo válido de celebración de las audiencias en todo tipo de proceso, utilizando para ello, de ser necesario, los teléfonos y computadoras particulares de partes, letrados, magistrados y funcionarios intervinientes


-Concluir las gestiones que se vienen realizando con el Banco Macro S.A. a fin de que se habilite en forma urgente las entregas de fondos en los expedientes judiciales, mediante transferencias electrónicas a las cuentas que al efecto indiquen los interesados, en caso de optar por tal modalidad.


A diferencia del resto de la ciudadanía, los miembros del Poder Judicial tucumano tienen una larga lista de privilegios: la inmensa mayoría de sus jueces, fiscales y relatores perciben de bolsillo cerca de medio millón de pesos mensuales, no pagan Impuesto a las Ganancias (los nombrados antes de enero de 2017); hacen su Declaración de Bienes ante la Corte y no ante la AFIP; se jubilan con el 82% móvil (es decir, con movilidad y porcentualidad garantizada); y tienen vacaciones anuales de seis semanas como mínimo -durante todo enero y durante la mitad de julio.


La medida sanitaria dejó expuesto el retraso tecnológico del sistema de justicia.
Los códigos procesales son arcaicos, la corporación judicial rechaza todo adelanto tecnológico sobre el sistema judicial. Al punto de que hay escritos que -en un porcentaje muy chico- todavía se siguen tipeando en máquinas de escribir y cosiendo a mano expedientes de papel.
"En el sistema judicial, el tiempo tiene un efecto político. El tiempo es poder. Dotar de tecnología a la Justicia es eliminar ese poder", confía a eltucumano una fuente que conoce muy de cerca los tribunales.