Endurecen leyes contra motochorros, rompevidrios y escruchantes
NUEVAS MEDIDAS
La iniciativa modifica un inciso, agrega otro y suma tipificaciones al Código procesal Penal tucumano para ampliar el accionar punitivo de la Justicia provincial.
La Justicia tucumana podrá dictar prisión preventiva para criminales que cometan motoarrebatos, escruches (robo de viviendas sin sus propietarios en el momento del delito) o robos mediante la rotura de vidrios de vehículos. Eso una vez que el proyecto de ley sancionado con modificaciones este jueves en la Legislatura sea promulgado.
De esta forma se incorporan a la normativa procesal local las nuevas tipificaciones
motochorro y escruchante y, aunque no especifica la figura de los rompevidrios, consideran que las características y circunstancias detalladas en los párrafos agregados son suficientes para abarcar la modalidad. También suma un nuevo agravante para los delitos mencionados cuando la víctima es mujer.
La iniciativa fue propuesta en el cuerpo deliberativo por el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, y modifica el artículo 284 del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) para combatir las nuevas modalidades que proliferaron en el último tiempo en la provincia. En este sentido se modifica el inciso 7 del mencionado artículo y se agrega el 8.
Propuesta modificatoria del inciso 7 del artículo 284 del CPPTEn casos de delitos en la vía pública, cuando signifique un grave peligro psicofísico para la víctima o cuando sea evidente el aprovechamiento de las circunstancias de mayor vulnerabilidad de la víctima, ya sea en razón a su edad o condición (mujeres, menores, ancianos, discapacitados), o por los medios de movilidad utilizados o por las características del lugar del hecho. Específicamente se podrá dictar prisión preventiva hasta la finalización del proceso, para aquellos desapoderamientos cometidos en la vía pública, mediante la utilización de motocicletas, o cualquier tipo de transporte o vehículos en general.Nuevo inciso 8 del artículo 284 del CPPTCuando se cometan desapoderamientos en casas, viviendas, oficinas o lugares cuya residencia sea temporaria ante la ausencia de los propietarios o de sus ocupantes, en cualquiera de las figuras penales de los artículos 164 y 167, incisos 4 y 5 del Código Penal.
Si bien la medida pretendía que el alcance de la prisión preventiva sea hasta el final del proceso judicial (inciso 7 del artículo 284 del CPPT), finalmente se modificó el régimen para que no supere los dos años.
Una normativa de casi idénticas características existe desde 2014, durante el gobierno de José Alperovich. La ley 8.747 había sido sancionada para combatir a motochorros con prisión preventiva. Sin embargo, fue declarada inconstitucional y quedó sin efecto.
La principal preocupación a partir de la sanción de este nuevo proyecto de ley es dónde se alojarán los presos una vez aplicada la nueva modalidad que pretende terminar con la "puerta giratoria" de la Justicia. El colapso y las malas condiciones de cárceles y celdas en Comisarías -expuestas en un lapidario informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación- pueden no ser compatibles. En este sentido el ministro de Seguridad Claudio Maley anunció este jueves por la tarde la ampliación del Penal de Villa Urquiza. De acuerdo a las especificaciones que brindó el funcionario provincial a diario La Gaceta, se construirán módulos de 40 metros por 40, celdas de 5,4 metros cuadrados y habrá 20 alojamientos con baños para visitantes.
La “puerta giratoria” de la Justicia
El propio jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez, reconoció en mayo del año pasado la problemática denominada como “puerta giratoria”, en la que delincuentes con frondoso prontuario entran y salen de las dependencias penitenciarias y continúan su actividad delictiva.
Según especificó el ministro fiscal, se desconoce la reincidencia, no hay un sistema informático para saber si el delincuente entró y salió. "En ninguna de las causas se conoce que entró y salió; no hay un sistema informático para poder saber. Lo vengo denunciando hace dos años", admitió.
