A sola firma, sin concurso, por ocho años y en secreto: un juez de la Corte prorrogó en el cargo a Adela Seguí como directora de la Escuela Judicial de Tucumán
El vocal de la Corte Daniel Posse prorrogó con su sola firma a Adela Seguí como directora de la Escuela Judicial de Tucumán hasta agosto de 2033. El pleno del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) ya la había prorrogado hasta abril de 2026, con una evaluación de por medio. Posse usó una facultad que el propio Consejo le había dado tres días antes, en una reforma que no figuraba en el orden del día. En octubre, otra firma suya le asignó un cargo permanente de Secretario de Corte a Seguí. Ninguna de las dos decisiones fue informada a los consejeros en las diecisiete sesiones siguientes. En la sesión de la reforma participó la hermana de la directora, la camarista Malvina Seguí, que en 2022 se había excusado en el concurso de su hermana. Posse, según publicó la propia consejera, es amigo de ambas desde hace cuarenta años.
"40 años de amistad": El vocal de la Corte Daniel Posse, las mellizas Malvina y Adela Seguí con su operador de campo Marcelo Billone.-
El lunes 4 de agosto de 2025, a las 9.34, el Consejo Asesor de la Magistratura abrió una sesión que parecía de rutina. El temario tenía nueve puntos: concursos para cubrir juzgados y una adhesión institucional. A las 11.23 se levantó la sesión. Para entonces, el Consejo había aprobado un cambio de reglas que no estaba en el temario. Tres días después, ese cambio le permitió a su presidente dejar a Adela Seguí como directora de la Escuela Judicial en el cargo por ocho años más, con su sola firma.
El tucumano reconstruyó lo que pasó antes y después de esa mañana con documentos que el propio CAM publica en su sitio web: actas de las sesiones, decisiones de los consejeros y resoluciones de la presidencia. Ningún dato de esta nota sale de fuentes anónimas.
¿Por qué importa quién dirige la Escuela Judicial?
El CAM es el organismo que elige a los jueces, fiscales y defensores de Tucumán. Toma los exámenes, entrevista a los candidatos y arma las ternas de las que el gobernador elige a quién nombrar. Lo integran representantes de la Corte, de los jueces, de los abogados y de la Legislatura. Cambian cada dos años.
La Escuela Judicial depende del CAM y prepara a quienes quieren ser jueces. Quien la dirige decide qué se enseña y quién enseña.
Adela Seguí, exdecana de la Facultad de Derecho de la UNT, ganó en 2022 el concurso para dirigirla. Pero el cargo que ganó duraba dos años y era temporario. En abril de 2024, el Consejo la renovó por otros dos años, hasta el 30 de abril de 2026, después de que el órgano que supervisa la Escuela, el Consejo Académico, aprobara su gestión.
La pregunta es cómo y por qué se pasó de ese sistema, con plazos cortos y evaluaciones, a uno de ocho años decidido por una sola persona y que al mismo tiempo le dio estabilidad laboral a Adela Seguí.
Las sesiones del CAM terminan con un punto llamado "Asuntos varios", pensado para comentarios y temas menores. El reglamento no permite tratar ahí temas nuevos así nomás: antes, todos los consejeros tienen que aceptar incluirlos.
Ese 4 de agosto, en "Asuntos varios", el legislador oficialista y presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, presentó una reforma completa del reglamento del Consejo. Recordó que en junio se había encargado una propuesta para reorganizar el organismo, y dijo que estaba lista y que todos tenían copia. El proyecto reordenaba áreas, creaba comisiones y daba estabilidad a los empleados. Y tenía un apartado sobre la Escuela. Leito fue claro: "Creemos necesario y conveniente darle facultades a la Presidencia para que considere si es necesario que los periodos que debe tener quien conduce la Escuela Judicial pueden ser aplicados en un segundo mandato, o no, y a esas facultades se la otorgamos, pura y exclusivamente, también, a usted, en este caso a la Presidencia".
Los consejeros pasaron a un cuarto intermedio de una hora, a solas. Al volver, Edgardo Sánchez propuso votar en ese mismo momento. La reforma se aprobó por unanimidad (Acuerdo 82/2025). El acta no registra la votación previa para aceptar el tema nuevo. Siete meses después, en marzo de 2026, el mismo Consejo sí hizo esa votación antes de tratar otro asunto de la Escuela.
Buena parte de la reforma ordenó el organismo y, esa misma semana, permitió confirmar y ascender a una decena de empleados. El problema es una cláusula que viajó dentro del paquete.
Qué dice la cláusula, en simple: Desde ahora, al director de la Escuela lo elige el Consejo completo, por concurso, por hasta diez años. Pero para quien ya estaba en el cargo, la decisión quedó en manos de una sola persona: el presidente puede prorrogarla "por los períodos que decida", hasta diez años cada vez. Como el límite es para cada prórroga y no para el total, puede renovarla sin fin. En agosto de 2025, la única persona en esa situación era Adela Seguí.
Esa mañana estaba en la sala la camarista Malvina Seguí, hermana de la directora. Era consejera suplente, es decir, reemplazante. Como el titular de su banca, Edgardo Sánchez, estaba presente, ella podía hablar, pero no votar.
Y habló, fiel a su estilo, hizo la intervención más larga del día, unas cuatro páginas del acta, en defensa de la reforma. Agradeció "la confianza depositada por el señor presidente" y contó que el grupo había trabajado "con la directriz que nos dio el Presidente". No mencionó la cláusula de la Escuela. Pero el acta la muestra como una de las autoras del proyecto: Sánchez le agradeció por haber expuesto "cada uno de los puntos". Al cierre, fue ella quien propuso a qué consejera entregarle la copia firmada.
Recién antes de votar pidió que constara "su excusación". Excusarse es apartarse de una decisión cuando hay un motivo, como el parentesco, que pone en duda la imparcialidad. Pero ella se excusó solo de la votación, en la que igual no podía votar. De la discusión, que es donde se forma la decisión, ya había participado.
Malvina Seguí conocía la regla. En marzo de 2022, durante las entrevistas del concurso que ganó su hermana, el acta registra que "se retiró de la sala virtual por encontrarse excusada respecto de la postulante Adela Seguí". En 2022 se fue de la sala. En 2025, frente a la reforma que permitió prorrogar a su hermana ocho años sin un nuevo concurso, se quedó y la defendió.
Tres días después: ocho años con una firma
El jueves 7 de agosto, Posse firmó la resolución de la prórroga (Res. 256/2025). Tiene dos páginas. Su parte central dice: "DISPONER la prórroga de la designación de la Dra. Adela María Seguí, DNI. 12.675.710, Legajo N° 9.385, en el cargo de Directora Académica de la Escuela Judicial, desde el día de la fecha y por el plazo de ocho años".
Acuerdo 73/2024, considerandos y firmas.
Para justificarla, Posse escribió que la Escuela lleva adelante un proyecto de largo plazo que "exige continuidad en la conducción académica", y destacó la "reconocida trayectoria" de Seguí. Aclaró también que eligió ocho años y no los diez que permitía la regla. Lo que la resolución no tiene es una evaluación de su gestión ni una propuesta del Consejo Académico, como en 2024.
Y hay algo que tampoco dice: el mandato de Seguí no estaba por vencer. Le quedaban casi nueve meses. La prórroga no llegó para cubrir un vencimiento. Llegó para adelantarlo y multiplicarlo por cuatro.
La comparación con la renovación anterior lo muestra mejor que cualquier explicación:
Siete de los nueve consejeros que en 2024 firmaron la renovación con evaluación, Posse incluido, estuvieron en la sesión de 2025 que aprobó, por unanimidad, la regla que permitió ocho años sin ninguna.
Hay una explicación posible para la falta de evaluación: el Consejo Académico estuvo sin integrar. Según las actas de febrero y marzo de 2026, recién entonces se lo volvió a conformar, a pedido de Posse y por una propuesta de Malvina Seguí. Posse quedó como uno de sus miembros. El que firmó la prórroga integra hoy el órgano que debe evaluar a la directora.
Un puesto para siempre
Desde 2022, el puesto de Seguí era temporario. Así lo había dejado escrito una resolución de ese año. Para un cargo de dos años que se renovaba con evaluación, era lo lógico.
El 22 de octubre de 2025, otra resolución con la sola firma de Posse cambió eso (Res. 381/2025). Le asignó a la directora un puesto vacante de la planta permanente del Poder Judicial: un cargo de Secretario de Corte, con el sueldo de un juez de primera instancia, "mientras ejerza sus funciones" en la Escuela.
Res. 381/2025, parte resolutiva.
El sueldo no cambia: Seguí ya cobraba eso desde 2022. Lo que cambia es la naturaleza del puesto. Un cargo temporario termina con la designación. Uno permanente forma parte de la planta estable. La propia resolución lo dice sin rodeos: los plazos de la designación y sus prórrogas, escribió Posse, "en casos concretos equivale a la permanencia".
La ley que creó el CAM fija un criterio sobre esto. Para su Secretaría, establece que el cargo permanente "deberá ser creado en la Ley de Presupuesto" y que, mientras tanto, el presidente solo puede designar a alguien "en carácter de temporario". Es decir: los puestos permanentes los crea una ley, no el presidente. Para darle estabilidad a la directora, Posse no esperó una ley. Tomó una vacante de otro cargo, con otra función, y se la asignó.
Hay además una contradicción en el propio texto. La resolución cita un informe de la administración del Poder Judicial que dejó ese puesto disponible "según lo disponga el Consejo Asesor de la Magistratura". El Consejo nunca lo dispuso. Lo hizo su presidente, que avisó al Tribunal de Cuentas, pero no a los consejeros. La resolución menciona también un dictamen legal que no se muestra en la página del consejo.
Diecisiete sesiones de silencio
El presidente del CAM puede firmar resoluciones por su cuenta, para agilizar la administración. Pero el reglamento le pone un control: tiene que informarlas a los consejeros en la sesión siguiente. Así, el resto del Consejo sabe qué se decidió en su nombre y puede objetarlo. En casos urgentes, el presidente también puede firmar decisiones sujetas a que los consejeros las aprueben después.
El tucumano leyó las actas de las diecisiete sesiones que siguieron a la prórroga: seis de 2025 y once de 2026, hasta el 29 de septiembre. En ninguna aparece la prórroga de la directora ni su puesto permanente. Las resoluciones están en la web del CAM. Pero nadie las presentó ante los consejeros, que eran quienes debían controlarlas.
La presidencia podría argumentar que no estaba obligada a informarlas y se trató de una simple omisión errónea. Pero su propia conducta dice otra cosa. El 13 de octubre de 2025, Posse planteó en la sesión lo que llamó "un tema menor": una resolución para que la Secretaría pudiera autorizar compras menores. La informó y la sometió a la aprobación del Consejo. Para delegar la compra de insumos, pidió el aval de los consejeros. Para dejar a la directora ocho años más y darle un puesto permanente, no dijo una palabra.
¿Quién controló a quién?
La ley del CAM obliga a los consejeros a apartarse por los mismos motivos que los jueces. Entre ellos, el parentesco y la "amistad que se manifieste por una gran familiaridad o frecuencia de trato". Nadie lo planteó en esta historia.
El parentesco entre las hermanas Seguí lo reconoció el propio Consejo en 2022. La amistad con el presidente la hizo pública la consejera. El 24 de noviembre de 2019 publicó en Facebook una foto con su hermana y con Posse: "Adela y yo con Daniel Posse y Marcelo Billone (expresidente del Colegio de Abogados). La subo porque es la imagen de la felicidad de la amistad que está viva luego de 40 años".
"Adela y yo con Daniel Posse y Marcelo Billone. La subo porque es la imagen de la felicidad de la amistad que está viva luego de 40 años."
Tres años después de esa foto, Posse presidía el Consejo que eligió a Adela Seguí. Seis años después, la dejó ocho años más en el cargo con su sola firma. Hoy integra el órgano que debe evaluarla. La foto prueba un vínculo que la ley considera motivo para apartarse, y que ninguno de los involucrados mencionó.
El control político tampoco apareció. El único consejero titular de la oposición, el legislador Manuel Courel, de Cambia Tucumán, había firmado en 2024 la renovación con evaluación.
Hay un dato posterior que el lector debe conocer, aunque no explique lo anterior. El 30 de septiembre de 2026 Courel copresentó en Tucumán el lanzamiento de la Fundación Bases, una "usina de pensamiento" cuyo taller inaugural reunió al empresario Rosendo Grobocopatel y al intendente de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, según La Gaceta. La fundación la preside Manuel Martínez Novillo, filósofo, becario del CONICET y columnista de la revista Seúl, que describió el acto en su boletín como "presentado por Manuel Courel y por mí". Martínez Novillo es hijo de Adela Seguí: ella misma lo publicó en Instagram el 20 de julio de 2024, etiquetándolo: "Con Manuel en el cumple de Victoria. Hijo queridísimo".
No hay constancia de que Courel integre la fundación ni prueba de que esa relación haya influido en su conducta de 2025. Lo que las actas documentan es suficiente por sí solo: el único consejero opositor no ejerció control sobre la decisión más trascendente que el CAM tomó ese año. Lo que las redes agregan es que, un año después, comparte escenario con el hijo de la beneficiaria.
Manuel Courel en Enterate, en una de sus varias visitas al medio que pertenece al diputado nacional y sindicalista, Carlos Cisneros.-
Lo que queda abierto
Desde el 9 de diciembre de 2025, Malvina Seguí es consejera titular, ya con voto. Las actas de 2026 no registran que se aparte de los temas que involucran a su hermana. En marzo, fue ella quien propuso volver a conformar el Consejo Académico, el que hoy integra Posse.
Quedan preguntas concretas. Quién puede revisar hoy una prórroga que firmó una sola persona. Por qué se adelantó en agosto un mandato que vencía recién en abril y que tenía prevista una evaluación. Con qué fundamento se usó un puesto de Secretario de Corte para otra función, sin la decisión del Consejo que la propia administración había pedido. Y por qué el presidente informó una resolución sobre compras y no estas dos.
Los consejeros duran dos años en sus cargos. Una decisión tomada en tres días de agosto de 2025 llega hasta agosto de 2033: cuatro conformaciones del Consejo. Para entonces, Posse y varios de los consejeros que intervinieron ya no estarán. La directora, sí. Y quedará una pregunta de fondo: si el organismo que elige a los jueces no controló una prórroga de ocho años firmada en tres días, a favor de una funcionaria y con su hermana en la sala, qué controles quedan para lo demás concursantes.
La doble vara de Malvina Seguí
En el Consejo Asesor de la Magistratura, defendió la reforma que permitió prorrogar a su hermana hasta 2033 y nunca preguntó por las resoluciones que la beneficiaron. En la Asociación de Magistrados, como candidata opositora, reclama información completa, actas con la posición de cada integrante y padrones sin manipulación.
En el Consejo Asesor de la Magistratura, Malvina Seguí conocía la regla. En 2022, cuando su hermana Adela concursó para dirigir la Escuela Judicial, se excusó y salió de la sala. Tres años después no lo hizo. El 4 de agosto de 2025 integró el grupo que redactó la reforma que le dio al presidente del CAM la facultad de prorrogar a la directora. La defendió con la exposición más larga de la sesión y solo pidió que constara su excusación en una votación en la que, como suplente, no tenía voto.
Tres días después, su hermana quedó en el cargo hasta 2033. En octubre, recibió un puesto permanente. Ninguna de las dos decisiones se informó a los consejeros. Malvina Seguí estuvo presente en casi todas las sesiones siguientes y tampoco preguntó por ellas.
Un año después, en la Asociación de Magistrados, el tono es otro. Como candidata opositora, reclama información completa, actas con la posición de cada integrante y padrones sin manipulación. En una nota a la conducción escribió que nunca había presenciado un nivel semejante de opacidad, demora y falta de claridad, y sostuvo, según Tendencia de Noticias, que ninguna autoridad está por encima de la ley y que una entidad de la magistratura debe ofrecer los mayores estándares de transparencia. En su amparo electoral pidió competir con padrones correctamente confeccionados, sin manipulación de ningún tipo, según La Gaceta.
Las reglas que hoy exige a la Asociación son las mismas que el CAM no aplicó a su hermana. La reforma se aprobó "por unanimidad", sin que el acta registre cómo votó cada consejero, y las dos resoluciones que la beneficiaron nunca llegaron a la mesa del Consejo. Para los demás, transparencia. Para su hermana, silencio.
El abogado de Seguí votó como consejero la reforma que dejó a su hermana hasta el 2033
Para ir a la Justicia contra la Asociación de Magistrados, Malvina Seguí eligió como abogado a Eugenio Racedo. Él patrocina el amparo electoral con el que ella pidió frenar los comicios, según informó La Gaceta.
Racedo no es un abogado cualquiera en esta historia. Entre 2023 y 2025 fue consejero titular del CAM por los abogados del Sur. En abril de 2024 firmó la renovación de Adela Seguí por dos años, con evaluación de por medio. El 4 de agosto de 2025 estuvo en la sesión de la reforma, la votó y firmó el acuerdo que le dio al presidente la facultad de prorrogar a la directora sin evaluación.
Hoy los dos siguen en el mismo organismo: ella como consejera titular, él como suplente por los abogados del Sur. Y fuera del CAM, él es su abogado.
Aguas del Aconquija: la demanda que la provincia retiró
Malvina Seguí fue fiscal de Estado durante el gobierno de Julio Miranda. En ese cargo le correspondía defender a la provincia en el conflicto con la Compañía de Aguas del Aconquija, controlada por la francesa Compagnie Générale des Eaux, luego Vivendi, concesionaria del servicio de agua potable de la provincia a mediados de los noventa. El 3 de abril de 2000, por el Decreto 580/1, firmado por el vicegobernador Sisto Terán, la provincia retiró la demanda que la propia Fiscalía de Estado había presentado contra la empresa, según recordó La Gaceta en una editorial de 2016. Un informe de 2002 consignaba que "la ex fiscal de Estado Malvina Seguí desistió de la demanda" y que la gestión siguiente intentó reiniciarla.
En paralelo, la empresa litigaba contra la Argentina ante el tribunal arbitral del Banco Mundial en el caso CIADI ARB/97/3. El laudo del 20 de agosto de 2007 condenó al país a pagar 105 millones de dólares más intereses por actos de la administración tucumana de 1996 y 1997. La provincia terminó asumiendo cerca de 170 millones de dólares, pagados en cinco cuotas durante 2016, con la posibilidad de afectar fondos coparticipables. Es uno de los pagos más onerosos que Tucumán afrontó por un pleito perdido. El desistimiento de 2000 fue criticado como una renuncia a defender a la provincia cuando el arbitraje estaba en marcha; el tribunal, hay que decirlo, fundó la condena en hechos anteriores a esa decisión. Lo que queda documentado es que la fiscal que ejecutó el retiro de la demanda es hoy la consejera que participó de la reforma que benefició a su hermana.
YMAD: siete años de comisión y ninguna denuncia
Seguí, como decana de Derecho, presidió entre 2015 y 2022 la Comisión Especial del Consejo Superior de la UNT que debía investigar el destino de los fondos de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). La Ley 14.771 destina el 40% de las utilidades de la empresa minera a construir la Ciudad Universitaria de San Javier. Entre 2006 y 2009 la UNT recibió por ese concepto unos 353 millones de pesos, unos 85 millones de dólares de la época, que se aplicaron a otras obras, con sobreprecios, y el 2 de enero de 2008 el rectorado firmó un acta que declaró "terminada" una Ciudad Universitaria que nunca existió, lo que redujo los fondos a la mitad y los volvió de libre disponibilidad, según reconstruyeron La Gaceta y Once Diario. La Fiscalía Federal estimó el perjuicio en más de 84.000 millones de pesos actualizados a 2023, el equivalente a un año de funcionamiento de la universidad, según La Palta.
La comisión que presidió Seguí no formuló denuncia penal. El 25 de abril de 2017, en sesión secreta, el Consejo Superior resolvió no denunciar; en diciembre de ese año Seguí pidió sobre tablas reconstituir la comisión, según consta en el registro de la Resolución HCS 2032/2017. Este medio documentó en 2024 esa omisión. La causa avanzó por impulso de la Justicia Federal, no de la universidad: tras 457 días de juicio oral, en septiembre de 2025 el Tribunal Oral Federal condenó al exrector Juan Alberto Cerisola a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua, a Olga Cudmani a tres años y dos meses y a Osvaldo Venturino a dos años en suspenso, con una reparación solidaria de 39 millones de pesos, y absolvió a Luis Sacca por duda razonable, según La Gaceta y El Ojo del Poder; la sentencia está apelada. En ese juicio Seguí declaró como testigo y calificó el acta de 2008 como un "encubrimiento institucional". Quien hoy dirige la escuela que forma a los jueces de Tucumán presidió durante siete años una comisión que tuvo ante sí el mayor desvío de fondos públicos de la historia de la universidad y no lo llevó a la Justicia.
