¿Cómo cobra Burgos? Hace 18 meses que el abogado estrella de la UNT no presenta facturas por sus servicios
Nuevo escándalo. La UNT amplió hasta septiembre de 2025 el contrato del encubridor disfrazado de querellante que la representa en el juicio contra por el Robo de la Ciudad Universitaria, pero desde abril de 2023 que no presenta facturas. La AFIP, alerta. “El Poder Judicial es un feudo, en las causas que involucran a Burgos no tengo acceso a la Justicia”, denunció Daniela Marina Moris, expareja del Ekeko y madre de la niña que éste está acusado de violar.

Rodolfo Burgos y José Hugo Saab. (Foto: Canal 10)
Un nuevo escándalo involucra a Rodolfo Tercero Burgos alias Ekeko, abogado catamarqueño denunciado por violación de su hija menor de edad, ex director de Canal 10 por la Universidad Nacional de Tucumán, múltiple agente de oscuro rol en la Justicia Federal, lobbista del diario La Gaceta, amigo personal y compañero de tenis de Federico Van Mameren y encubridor disfrazado de querellante contratado por la propia UNT para representarla en el juicio donde se debería investigar el Robo de la Ciudad Universitaria. Hace 18 meses que el abogado estrella del Saabismo no presenta facturas por sus servicios a la UNT, según se desprende del juicio por alimentos que le inició la madre de su hija y expareja Daniela Marina Moris, quien denunció: “El Poder Judicial es un feudo, en las causas que involucran a Burgos no tengo acceso a la Justicia”.
En el marco del juicio Moris Daniel Marina s/ Burgos Rodolfo Tercero s/ alimentos Expediente Nº3607/20-13 la Oficina de Gestión Asociada de Familia Nº1 solicitó a la UNT que informe el contrato de locación de servicios de Burgos como abogado querellante exclusivo pagado por la UNT para representarla en el juicio contra Cerisola y exfuncionarios de su Gabinete, donde funge como encubridor del delito de fondo: El Robo de la Ciudad Universitaria a la UNT de parte de una camarilla de exrectores radicales.
El Director General de Administración de la UNT, contador Guillermo Figueroa, ratificó que "existe una prórroga prevista en la cláusula séptima del Contrato de Locación de Servicios Profesional Nº 1641-2019 a favor de Burgos que amplía la contratación de sus servicios profesionales desde el 12 de septiembre de 2023 por el término de dos años, con vencimiento el 12 de septiembre de 2025".
Además, la UNT subrayó que "el último pago realizado en concepto de Locación de servicios al Dr. Burgos, fue el correspondiente al mes de abril de 2023", y que "los meses posteriores, no fueron abonados porque el Dr. Burgos no presentó las facturas correspondientes", y aclarando que "una vez que el Profesional emita las facturas correspondientes por los meses adeudados, se retendrá la suma a percibir y se depositará en la cuenta del Banco Macro sucursal tribunales que se informa a fs. 1 dorso del presente referente".
Burgos se habría declarado "insolvente" en el marco del juicio por alimentos que le inició Moris, más allá de haber confesado a la Justicia tiempo atrás haber vacacionado en Ibiza, según afirmó la denunciante en declaraciones a Tucumán con Todo, el programa del también saabista Germán Valdez en América Tucumán.
Esto habría encendido las alarmas tanto en los Tribunales provinciales y federales como en la sede local de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ya que se genera a partir de este escenario un manto de dudas respecto del pago por los servicios de Burgos como abogado contratado por la UNT: no está así claro cómo cobra por su trabajo y cómo vive si no presenta facturas por sus servicios y se declara insolvente ante la Justica. De allí se desprende las dudas sobre si la UNT realizaría pagos por otras vías, a través de algunas de las múltiples cajas del Rectorado, como también si Burgos incurre en algún tipo de delito de índole fiscal.
Vale recordar que a fines de 2023, la AFIP y Gendarmería Nacional allanaron las oficinas de Canal 10 en el marco de la causa SOMADOSSI LUCAS Y OTRO S/ EVASION FISCAL Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, iniciada tras la denuncia de la representante de la Provincia, Ingrid Lausberg, que en agosto de ese año acusó a Lucas Somadossi, empleado de raso del canal nombrado por Rodolfo Tercero Burgos, de cobrar comisiones millonarias por la venta de publicidad.
Somadossi forma parte de "una familia ensamblada" con el director Burgos, que en su carácter de vendedor de publicidad ha llegado a facturar más de $14 millones en un mes y lleva una suntuosa vida que incluirían una colección de vehículos de lujo, como ser dos motos BMW, dos autos y un descapotable de colección, flota impropia para los ingresos de un empleado raso de la emisora.
Leonor Inés López González es una productora del noticiero y ex esposa de Rodolfo Tercero Burgos, con quien tienen una hija adolescente, que contrajo segundas nupcias con Lucas Sadomassi. Así, Somadossi y López González tienen a su cargo a la hija de ésta con Burgos, jefe de éste. Una "familia ensamblada", tal como la definió Burgos en una audiencia ante la magistrada María Carolina Ballesteros el 1 de septiembre de 2022 y en el marco de la causa en la que está denunciado por abuso sexual de su segunda hija, menor de edad.
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Los contratos de Burgos con la UNT
En marzo de 2024 se conoció que Burgos confesó ante la Justicia que hace años no ejerce la profesión de abogado: "si bien es cierto que estoy matriculado, la presidencia del directorio de Canal 10 (desde 2016) me sacó prácticamente de la labor profesional", admitió el 18 de febrero de 2022 el Juzgado Civil de la V nominación del Centro Judicial Capital de Tucumán y en el marco del juicio por alimentos que le inició Moris. Sin embargo, esto no impidió que en el año 2019 la UNT lo contrate como abogado exclusivo para juicios penales, incluido la causa por El Robo de la Ciudad Universitaria, donde es el querellante exclusivo de la UNT.
El primer contrato que convirtió a Burgos en el único letrado apoderado legal de la Universidad Pública con acceso exclusivo a la causa penal federal caratulada Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa expediente 400360/2010 fue subscripto el 20 de septiembre de 2019 por el entonces Rector José García y el sempiterno secretario general del Rectorado, José Hugo Saab.
En ese momento, Burgos venía desempeñándose desde 2016 como presidente de Canal 10 designado por la propia UNT. Antes, en 2014, la entonces rectora Alicia Bardón había designado a Burgos a cargo de la Subsecretaría Legal y Técnica. El Ekeko ejerce también en diversas causas como abogado particular de la exRectora.
Dicho contrato entre el rectorado de la UNT y Burgos dejó establecido que “EL PROFESIONAL” asumirá la representación de la UNT como apoderado en su intervención como querellante en la causa N° 33.813/2013, caratulada “Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Eudal, Ramón s/Su denuncia” que se tramita por ante el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, presentándose en tal carácter en dicho proceso y ejerciendo en el mismo todas las facultades que el Código Procesal Penal confiere al querellante”, instituye el contrato aún vigente entre el múltiple agente y la UNT.
"Como contraprestación por las tareas que constituyen objeto de este contrato, "LA UNIVERSIDAD" retribuirá a "EL PROFESIONAL" con la suma total de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 496,248,61) por todo concepto", reza la cláusula cuarta del contrato suscripto en 2019 ─que en dicho año, el valor del dólar cerró era de $69─.
El contrato de Burgos fue renovado en 2022 por el exRector García y ratificado en 2023 por el actual Rector Sergio Pagani, y fue escamoteado ante pedido de consejeros superiores por el Director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.
En abril de 2016, La Gaceta se preguntaba "¿Cuánto le saldrá a la UNT participar como querellante en la causa YMAD?", y advertía que González Navarro recomendaba "el nombre de un abogado penalista de Tucumán", pero además que la contratación “se efectúe por un término específico y por un monto de honorarios prefijables”. En ese marco, señalaba La Gaceta que "según el artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación, 'los honorarios de los abogados y procuradores se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido'”
"Fuentes judiciales explicaron que en una causa en la que se investiga el manejo de más de $ 353 millones, si sólo se regulara el 1% de honorarios, serían más $ 3,5 millones", indicaba La Gaceta, y subrayaba que los abogados porteños Pablo Ezequiel Lanusse, Fernando Díaz Cantón y Joaquín Pedro da Rocha que "recomendaban a la Universidad presentarse como querellante" le "enviaron sus pretensiones dinerarias (...) Cifras que rondaban los $ 1.500 la hora más IVA y viáticos (viajes y estadía en Tucumán)".
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“El Poder Judicial es un feudo, en las causas que involucran a Burgos no tengo acceso a la Justicia”.
En su visita al programa del Saabista Germán Valdez, la expareja de Burgos Daniela Marina Moris repasó: “En 2015 nace mi hija, inicio una convivencia con Rodolfo Burgos. El Dr. Rodolfo Burgos, conocido como El Ekeko. Va a vivir a mi domicilio cuando mi hija tenía aproximadamente tres años, se inicia una convivencia, nos separamos al poco tiempo por malos tratos, por violencia. La salud de mi hija se estaba viendo afectada y la mía también, por supuesto. No se quería retirar, tengo que poner sus pertenencias en bolsas de consorcio y se las llevó al domicilio de su madre y es así como logro que salga de mi casa. Se va, amenaza con llenarme de juicios diciendo que tenía muchos conocidos en el Poder Judicial, que me iba a hacer la vida imposible”.
“Lo conocía desde hace muchos años, no conocía esto. He tomado todas estas palabras como amenazas, como un enojo de primera instancia, como algo que iba a pasar. Él continúa en contacto con mi hija, estando en contacto con mi hija me hace juicios, cumple sus amenazas. Entrando a la cuarentena me empieza a hacer demandas, ahí intervienen otros abogados a modo de veedores. Miente: dice que iba a retirar una denuncia y a través de la doctora (Valeria Judith) Brandt, quien debía rechazar esas presentaciones de Burgos sin pruebas, me lleva al Fuero Penal. Me hace una denuncia por desobediencia judicial, por lesiones, estoy llena de falsos procesos sostenidos por este fiscal (Gerardo Salas), la ayudante del fiscal”, enumeró.
En ese sentido, Moris reprochó: “El Poder Judicial es un feudo. Tengo más de 20 procesos. Burgos inclusive me hace un juicio civil y comercial por daños y perjuicios a mí y al abogado de mi hija, el doctor (Gustavo) Morales, una vez iniciado el juicio de abuso a modo de intimidarme, de que tenga miedo. Todos los procesos que él ha iniciado han transcurrido normalmente, sin embargo yo no logro llegar a nada. En los juicios en los que está implicado Burgos no obtengo acceso a la Justicia”.
Luego, en el estudio de Valdez, el abogado Jorge Ernesto Zagarese enumeró los jueces implicados en las causas y Moris fue detallando y cuestionando sus respectivas actuaciones, siempre a favor de Burgos. En primer lugar, señaló que “la jueza que llevaba todos estos procesos, Valeria Judith Brandt, es amiga de Burgos. El ex gobernador (Juan) Manzur le acepta la renuncia posibilitando conservar sus beneficios e irónicamente el Colegio de Abogados llamó en septiembre para que dicte cursos de derecho de la niñez, este año “.
El segundo señalado fue el camarista Hugo Felipe Rojas: “Estando Burgos con una restricción de acercamiento y después imputado por abuso, llega una cédula a mi domicilio firmada por el Dr. Hugo Felipe Rojas y la Dra. Ester Valderrábano de Casas llamando a mi hija a una escucha. Esta audiencia se produce porque la abogada feminista, presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, Soledad Deza, abogada de un violento porque tiene sentencia en los juzgados civiles por violencia, y pedófilo; habiendo participado de la Cámara Gesell y escuchado el triste relato de mi hija dice que no se puede esperar a que el juicio termine, que no se puede cortar el vínculo con el padre. Y se lo concede Hugo Felipe Rojas.”.
Acto seguido, Moris disparó: “María Celeste Silva es la actual jueza después de la camuflada destitución de Brandt porque le aceptaron la renuncia y está rindiendo nuevamente para ingresar al Poder Judicial. Todas las presentaciones que hago tampoco llegan: me niega presentaciones de oficio, me niega formación de incidentes. Está llamando a mi hija a ser escuchada, yo me opongo a ese llamado. Puede parecer procesal pero está gravemente afectada la salud de una niña tremendamente judicializada, no solo en el juicio por abuso”.
También arremetió contra el fiscal Fernando Blanno, a quién le reprochó que “no ha dado ninguna garantía ni nos ha dado seguridad a mi hija y a mí”, e incluso denunció: “Nos ha intentado atropellar Burgos en la misma cuadra de mi domicilio, con una camioneta que yo no reconocía. Mando el número de la patente, el horario, todo en ese mismo momento al doctor Morales y me informa que esa camioneta pertenecía a Leonor Inés López González, madre de la primera hija de Burgos. Blanno pide una cámara de seguridad y como no funciona desestima mi denuncia, desestima mi palabra y merma una restricción de acercamiento de 500 metros a pedido de María Soledad Deza”.
Finalmente, señaló a la jueza Isabel Méndez: “Cuando se produce la audiencia de imputación, el 15 de febrero de 2022, el fiscal Blanno con el auxiliar Leonel Sosa solicitan que pase al viejo sistema penal el juicio de mi hija: la audiencia la toma la jueza Isabel Méndez. Ya estaba el nuevo Código: la jerarquía constitucional dice que por arriba de un código de procedimiento, que es una ley, está la Constitución y los tratados internacionales. Esta jueza garantizó la impunidad de Burgos, que los derechos de mi hija no sea cumplidos. En esta audiencia Burgos relata que está de vacaciones en Ibiza. Debería haber estado preso por pedido del fiscal Blanno con la Cámara Gesell”.