Fiscal General se despega del encubrimiento federal al robo de la Ciudad Universitaria por parte de tres ex rectores contra la UNT

El próximo 27 de mayo es la fecha que fijó el Tribunal Oral Federal de Tucumán para el inicio del debate oral y público de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010, donde el delito de fondo es el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier a la Universidad Nacional de Tucumán y la malversación de por lo menos U$S 85.000.000, y que es la causa por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia.

En ese marco, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, hizo públicas sus actuaciones en el marco de la causa que se inició en el año 2010 y donde en su desempeño como fiscal pidió "la detención de todos los acusados".

Hoy están imputados el ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión-.

El fiscal general Gómez requirió también la indagatoria y detención de la exvicerrectora María Luisa Rossi de Hernández y de Augusto Gonzalez Navarro y José Hugo Saab, actuales director de Asuntos Jurídicos y secretario general del Rectorado, respectivamente.

En su rendición de cuentas, Gómez planteó que "en atención a la difusión que tienen las causas conocidas como UNT y el próximo juicio oral y público federal, me siento en la obligación de aclarar el rol que desempeñe como Fiscal General", ya que "hay varias causas penales contra funcionarios, empleados, etc. de la Universidad Nacional de Tucumán". Luego, detalló las cuatro principales causas y su actuación en cada una, que reproducimos a continuación:

1) Causa Minera La Alumbrera con más de 25 años de trámite y hoy está en la Cámara Federal para que se decida si se eleva a juicio oral y público al TOF. 

2) La causa que se inicia en el año 2010 por un grupo de profesores y que hoy se conoce como la Causa Cerisola/UNT en la que se debería iniciar el juicio en este mes de mayo. En el escaso tiempo que actue como Fiscal ante el TOF de Tucumán pedí la detención de todos los acusados. 

3) A pedido mío se sacan fotocopias de esa causa porque con el dinero aportado por YMAD/La Alumbrera se hicieron una serie de obras en la UNT a un costo muy superior al valor que podía presumirse como real. Luego de una pericia hecha por Gendarmería Nacional terminaron procesados más de 20 empresarios por graves delitos de estafa, etc., razón por la cual reclamó la detención y donde además solicito la indagatoria de Maria Rossi, Augusto Gonzales Navarro y José Hugo Saab. Ese expediente está en la Cámara Federal desde Marzo del año 2023 sin resolverse. 

4) Una causa civil iniciada por la UNT en Catamarca contra YMAD en el año 2017 por la que se pide la nulidad del acto administrativo que es la base del juicio oral y público próximo. En ese expediente (y en el año 2020) se hizo lugar a una medida cautelar contra YMAD por la cual ya se han depositado 600 millones de pesos y dice el fallo: “hasta la terminación de la Ciudad Universitaria de Tucumán declarada de modo expreso por el órgano competente”.

En su investigación, el fiscal federal Carlos Brito omitió el delito principal: el robo de la Ciudad Universitaria. Los fondos para esta obra debían provenir de las regalías de la minería, como marca la Ley 14.771 de creación de YMAD, que indica que el 40% de esos ingresos debían destinarse a construir un gran campus universitario "conforme a los planos ya aprobados". 

Dichos planos fueron localizados este año por eltucumano.com porque nunca fueron buscados por las autoridades de la UNT para construir la Ciudad Universitaria como manda la ley: desde YMAD, Rodolfo Martín Campero “gestionó” el arribó de un anticipo de un millón de dólares que Mario Marigliano -ya fallecido- destinó al final de su gestión a refacciones edilicias para el Museo de la UNT -en la ex escuela de Agricultura- y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10-, mientras que Cerisola a su turno puso en marcha “la Ciudad Universitaria del Siglo XXI”, obras menores en las dependencias universitarias de la Capital.

El delito contra los tucumanos comenzó a ejecutarse en 2005 con un “anticipo de utilidades” por USD 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses) que Campero – en su doble rol de gerente de Minera Alumbrera LTD y al mismo tiempo representante de la UNT en YMAD – negoció para su correligionario y entonces Rector Marigliano.

Ese millón de dólares de utilidades – adelantados directamente desde la empresa minera al rectorado de Marigliano-, se otorgó en el marco del artículo 18 inciso b) de la vigente ley 14.711 que ordena repartir el 40% de las ganancias de la minera YMAD en favor de la UNT para la construcción de la Ciudad Universitaria en San Javier.

Sin embargo, y contra el mandato de la ley que ordena destinar las utilidades mineras a la construcción de la Ciudad Universitaria, el entonces Rector Marigliano malversó los dólares recibidos y los utilizó en meras refacciones edilicias para el MUNT y la Escuela de Cine -en instalaciones de Canal 10.

El 13 de septiembre de 2007 Campero y Marigliano le reclamaron a Cerisola que YMAD ya había entregado $210.422.000 a la UNT para construir la Ciudad Universitaria: "A la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso".

En su declaración indagatoria (13 de abril de 2016) Cerisola apuntó contra Campero y defendió la "reformulación" del concepto de Ciudad Universitaria: "El concepto de Ciudad Universitaria responde a una idea dinámica e inagotable pero que en la práctica es un concepto estático representado por su plan de obra y su valuación. Lo contrario, sería pretender sine die seguir percibiendo el 40% por siempre lo que es ilícito e inmoral. Reconoce que habían iniciado conversaciones al respecto dentro de la UNT, que el doctor Campero insistía en la necesidad de darle corte a lo del 40% pero nuevamente niega haberle dado ningún mandato al respecto a los señores directores", se lee en su indagatoria. Lo propio ratificó días atrás cuando rompió el silencio tras más de diez años.

El fiscal Brito le dedicó apenas un párrafo al delito de fondo, el robo de la Ciudad Universitaria:

“Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio Nº 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 en el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje del 40% de sus utilidades, previsto en el art. 18, inc. "b" de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha que se firmó”.

Las actuaciones del fiscal federal general Antonio Gustavo Gómez:

El 10 de abril de 2023, Gómez se presentó ante la Cámara Federal para "solicitar se imprima celeridad al presente incidente de apelación, se subsanen los defectos procesales detectados y se considere las razones de este Ministerio Público Fiscal para ordenar la detención de los imputados", ya que " se fue posponiendo la resolución de la cuestión de fondo" y hasta ese momento "han transcurrido más de 9 meses sin que se hayan tratado debidamente las pretensiones impugnativas".

"Es razonable sospechar que el indebido manejo de los dineros remitidos por “Minera Alumbrera Ldta”, a través de argucias articuladas con apariencias de legalidad, debieron ser redirigidos desde el circuito de dinero previa y decididamente estructurado hacia el peculio de los involucrados en los actos de corrupción investigados. Estas hipótesis solo pueden ser analizadas desde la perspectiva punitiva brindada por el tipo penal de lavado de dinero, lo contrario a todo especie o tipo de investigación en esa línea constituye un mascaron de impunidad que beneficiaría a los imputados", alertó.

Gómez requirió que se investigue la posible "asociación ilícita" entre funcionarios universitarios y una veintena de empresarios adjudicatarios de obras y fue más allá de las imputaciones contra el ex Rector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios universitarios Cudmani, Venturino y Sacca.

Sobre la vicerrectora Rossi de Hernández, subrayó que "ocupaba una posición de poder y de responsabilidad en la estructura de la universidad que imposibilita toda hipótesis que haga procedente una causal de exención de responsabilidad".

También pidió la indagatoria de Augusto González Navarro, director general de Asuntos Jurídicos, señalando que "sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública".

Respecto a José Hugo Saab, enfatizó: " impulso con carácter de “urgente” la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694). Este dato es más que suficiente para endilgarle responsabilidad por el hecho ilícito cometido".

El fiscal federal general también apuntó contra los integrantes del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio donde la UNT estaba representada por Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano (ambos exrectores de la UNT) ya que "con su accionar, facilitaron la rúbrica del convenio entre YMAD y UNT en fecha 02/01/2008, lo que facilito la disminución del monto dinerario que debía percibir la Universidad de acuerdo a la Ley 14.771, pasando de un 40% a un 20% de la utilidades que arroja el emprendimiento minero".

Gómez también puso la mira en el desempeño de los equipos de Planeamiento y de la Dirección General de Administración de la UNT y el pleno de integrantes del Consejo Superior.

El 12 de abril, requirió al TOF "que se imprima celeridad al proceso" tras notificar "el procesamiento de los empresarios imputados en la etapa de instrucción" y pidió que se ordene la detención y prisión preventiva de los acusados Cerisola, Sacca, Venturino y Cudmani.

"Repárese en que desde la fecha de radicación del legajo en esta etapa han transcurrido 4 años y tres meses aproximadamente, sin que se hayan concretado las audiencias de ley y el dictado de la sentencia absolutoria y/o condenatoria de los acusados", manifestó.

"A la fecha es imposible dar inicio al debate oral y público para determinar la responsabilidad penal de los ex funcionarios/as y funcionarios/as de la Universidad Nacional de Tucumán por el manejo de los dineros provenientes de la explotación minera Yacimientos de Aguas de Dionisio. En esta lógica, es que pido al Tribunal que instrumente las medidas necesarias para imprimir celeridad al legajo y disponga en una fecha inmediata la realización de las audiencias de juicio", sentenció.

Para fundamentar la necesidad de detener con prisión preventiva a los acusados, recalcó que "la envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros que se hace ostensible en la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, deben sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad".

El 20 de octubre de 2023, Gómez se presentó ante la Cámara Federal de Tucumán para reiterar el pronto despacho que ya había solicitado el 3 de agosto, sumando casi medio año de dilaciones.

"No puedo obviar que la causa lleva 13 años de trámite y ni siquiera hay una mínima posibilidad de que se requiera la elevación a juicio. Los medios periodísticos son absolutamente críticos -por decir lo menos- de nuestra labor. Mucho más aún cuando el vulgo se refiere a la grave “corrupción” que afecta a la Universidad Nacional de Tucumán en la figura de sus máximas autoridades. No es la única causa penal que aqueja a la casa tucumana de Altos Estudios. Son varias las causas penales incluida las que fueron procesados varios estudiantes de la Facultad de Derecho por las falsificaciones de sus notas, el manejo de los fondos provenientes de su rol de socia en Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio que lo vincula la causa de la compra irregular de lingotes de oro y un largo etcétera. El trámite de apelación se inicia en esta Cámara Federal en el mes de junio del año pasado y las postergaciones propias de un trámite confuso por la cantidad de imputados y procesados no puede seguir demorándose y mucho menos estar a lo que disponga el Tribunal Oral Federal de Tucumán", afirmó.

Finalmente, Gómez recordó que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán el 27 de mayo de 2020 hizo lugar al recurso interpuesto por la UNT y revocó la sentencia de junio de 2019 e hizo lugar a la medida cautelar que pidió la Casa de Altos Estudios para disponer que "el porcentaje del 50% del 40% de las utilidades comprendidas en el Art. 18 inc. b) de la Ley Nº 14.771 en favor de UNT sea reservado y depositado a la orden del Juzgado Federal de Catamarca (como perteneciente a los presentes autos) colocándose a plazo fijo dichos montos, mientras dure la tramitación de la presente causa o hasta la terminación de la Ciudad Universitaria de Tucumán (declarada de modo expreso por el órgano competente)".

Ese falló consideró que el Consejo Superior de la UNT "declaró lesivo para los intereses de la Universidad el acto administrativo irregular dictado por el ex Rector Cerisola, excediendo su competencia estatutaria, por estar basado en hechos inexistentes", como también que "el ex Rector fue procesado por administración fraudulenta; incumplimiento de deberes de funcionario público y disminución del porcentaje que debe recibir la UNT del dinero proveniente de YMAD".

La Cámara indicó que la UNT "solicitó la nulidad del instrumento “convenio N° 6” del 02/02/2008 suscripto por el ex Rector de la UNT, CPN Juan Alberto Cerisola y el Ing. Alberto Salmuni (en representación de YMAD) y de la resolución del directorio de YMAD del 27/12/2007 (acta N° 498)" por lo que se pidió a YMAD "abstenerse de distribuir el 50% del porcentaje del 40% previsto legalmente en favor de UNT (en el artículo 18 inciso b de la ley Nº 14.771) y que las utilidades sean reservadas y depositadas a la orden del Juzgado colocándose a plazo fijo los montos -para evitar su desvalorización mientras dure la tramitación de la presente causa o hasta que el Honorable Consejo Superior (HCS) de la UNT se pronuncie de manera expresa sobre la construcción de la Ciudad Universitaria".

La UNT denunció que "a pesar de que la Ciudad Universitaria no terminó de construirse (condición indispensable para modificar el porcentaje del 40% de utilidades que recibía para tal fin) se dio por satisfecha la obligación del artículo 18 inc. b y se pasó a la aplicación del inciso c de tal norma" por lo que "resultaría el irreparable perjuicio para la Universidad Nacional de Tucumán ya que las resoluciones cuya nulidad se persigue lograron que la UNT percibiera sólo el 20% al dar por finalizada la construcción –aunque esta no se efectivizó- por lo que debía seguir percibiendo el 40% de utilidades".

De ello se desprende que para la Cámara Federal es el Consejo Superior de la UNT el que debe determinar la terminación de la Ciudad Universitaria que ordena construir la Ley 14.771 y que la Universidad tiene desde entonces un 20% de utilidades de YMAD depositadas en un plazo fijo a la orden del Juzgado Federal de Catamarca y que siguió recibiendo el 20% de libre disponibilidad desde el 2 de enero de 2008.

Las principales actuaciones del fiscal general Gómez:

Fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán:

• Tucumán
• UNT