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El presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán pide no asistir a las audiencias del juicio Cerisola YMAD

(In)Justicia Federal

La causa más importante de corrupción que haya tratado el Tribunal Oral Federal de Tucumán puede sufrir otra "demora" ya que su presidente, Carlos Enrique Jiménez Montilla, solicitó su inhibición "exclusivamente" para no participar en las audiencias de debate oral del juicio que -se sospecha- sólo será una farsa judicial al tratar sólo la malversación de fondos de Ymad provenientes de la falsificación de la ciudad universitaria -delito principal que el fiscal federal nº1 Carlos Brito jamás investigó-. Jimenez Montilla rechazó el año pasado un pedido de acceso a la información pública de eltucumano.com para conocer la "actuación" judicial en la causa.

Jimenez Montilla, el presidente del TOF que no quiere presidir audiencias de la causa más importante de la historia del tribunal.





El presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Dr. Carlos Enrique Jiménez Montilla, solicitó su inhibición “exclusivamente” para entender y participar durante las audiencias de debate oral del juicio Cerisola YMAD previstas para el próximo 29 de abril, debido a una patología médica que lo aqueja y "el tratamiento médico que estoy recibiendo”(SIC).

La causa espera Juicio Oral desde hace 5 años,  caratulada "Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" expediente 400360/2010 y es un compendio de maniobras de encubrimiento del delito principal: el robo de la ciudad universitaria en San Javier contra la Universidad Nacional de Tucumán por parte de una asociación ilícita de la que participan aún ex rectores y vicerrectores, y funcionarios aún en funciones como el sempiterno secretario general de la UNT José Hugo Saab y su director de Asuntos Jurídicos el ultrasaabista Augusto Gonzalez Navarro.

Solicito mi inhibición exclusivamente para entender y participar durante las audiencias de debate oral.- Solicitando que en el presente, se aplique subsidiariamente la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual las causales de la recusación y, consecuentemente las de la inhibición, no deben limitarse taxativamente a lo previsto en el art. 55 del CPPN, y deben admitir otros motivos que hicieren temer que un magistrado no está en condiciones de efectuar su tarea de la forma que se requiere ( fallos: 328:1491)”, consignó el magistrado en su solicitud fechada el pasado 8 de Marzo que el lector puede ver y descargar al final de ésta nota.

Según fuentes judiciales a las que consultó eltucumano.com, en el marco del Código Procesal penal de la Nación, y observando todas las doctrinas y jurisprudencias “este juez (por Jiménez Montilla) en las postrimerías de un debate oral y publico importantísimo, alega una enfermedad física, pero además pide que se interprete de manera amplia su recusación. Esto se trata de una dilación indebida que tiende como eslabón más a garantir la impunidad de todos los acusados”, señalaron. 

“La sorpresiva inhibición del camarista genera una dilación indebida tendiente a favorecer a los acusados para que con el transcurso obtengan la impunidad a través de un sobreseimiento por proscripción”, agregaron las fuentes consultadas. 


Esta nueva posible demora del juicio oral de una causa que lleva 13 años de "investigación" por parte de la Justicia Federal de Tucumán, sería provocada porque al elevar a un juez subrogante (en este caso el reemplazo de Jiménez Montilla) se produce un trámite judicial que debe ser informado a todas las partes del proceso: Ministerio Público Fiscal, defensas técnicas, a la querella - aún a cargo de Rodolfo Tercero Burgos- y a los imputados de manera persona. Luego de ello, la ley procesal prevé un plazo de tres días para que el nuevo magistrado se inhiba o se aparte si hay una causal. A su vez, el nuevo juez debe contar con su par subrogante que deberá ser nombrado. 

Mientras, en los pasillos federales se comentó en las últimas semanas que Jiménez Montilla "solicitó su inhibición para no participar en las audiencias de debate oral del juicio que se prevé será una gran farza porque trata solamente de la supuesta malversación de fondos de Ymad provenientes de la falsificación de la ciudad universitaria -delito principal èste que el fiscal federal nº1 Carlos Brito jamás investigó ni quiso investigar cuando cualquier estudiante sabe que en delitos como los de lavado de activos, como el de marras en el que inclusive se convocó a la PROCELAC, era deber del fiscal Brito investigar el delito precedente, osea el delito que dio origen a los fondos supuestamente malversados, ya que todas las pericias le juegan en contra a la pseudoinvestigación/ encubrimiento agravado por parte del encubridor judicial disfrazado de fiscal federal"

El encubrimiento del fiscal federal Carlos Brito, docente de la facultad de Derecho de la UNT, se sumaría así al encubrimiento del falso querellante y profesor de la misma facultad Rodolfo Tercero Burgos alias "Eeko", contratado por el saabismo a propuesta de otro abogado encubridor, Augusto gónzalez Navarro, quien aún funge como director de Asuntos Jurídicos de la UNT desde hace 25 años y dá cátedra como titular desde la facultad de la UNT que enseña a robar bajo el disfraz de la juridicidad.

El decano de Ciencias Económicas, José Luis Jiménez, preguntó a la "querella" -en sesión del Consejo Superior de la UNT en diciembre de 2017 - si no era “llamativo” que quienes deben aportar información a la Justicia sean funcionarios que para un fiscal federal general están considerados sospechosos José Hugo Saab, González Navarro, Luis Castillo, entre otros- y la respuesta del entonces abogado querellante antecesor de Burgos ya despertó sospechas: “No suele ser una cuestión de incompatibilidad, pero si hubiese percibido falta de colaboración por parte de la UNT ya hubiese puesto el grito en el cielo”, reconoció Diego Lamoglia quien luego fuera "premiado" por el con el cargo de juez provincial. La corrupción minera intoxica en grado sumo las bases mismas de convivencia de la sociedad tucumana.

Cabe acotar que en el marco del oscurantismo medieval que aún habita en plena era digital de inteligencia artificial, la Justicia Federal, rechazó el pedido de acceso a la información incoado por nuestro diario el 24 de noviembre de 2022 para conocer cómo investigó la fiscalía saabista de Brito y la querella de Rodolfo "ekeko" Burgos el robo de la Ciudad Universitaria a la UNT.  A más de 15 años del contubernio entre ex rectores y funcionarios radicales que despojó a la Universidad Nacional de Tucumán de la mega obra que ordena la ley 14771 con fondos de la minería, el Tribunal Oral Federal de Tucumán - con la firma de Jimenez Montilla- consideró que la petición de nuestro diario “no puede acogerse en esta etapa del proceso, en aras de salvaguardar las garantías del imputado Cerisola, máxime cuando nos encontramos cercanos a la efectiva realización del juicio oral y público”.

La inhibición de Jiménez Montilla ante el TOF:


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