"Podría impulsar impunidad": juntan firmas para evitar la destitución del fiscal federal Gustavo Gómez

A principios de septiembre, eltucumano.com informó que la Cámara Federal de Apelaciones dio lugar a un pedido de recusación contra el fiscal federal General, Gustavo Gómez, realizado por el fiscal federal, Carlos Brito por la causa “IMPUTADO: CALLATA, CRISTIAN DANIEL s/INFRACCIÓN LEY 23.737”, donde adujo una “enemistad manifiesta” contra él provocando “pérdida de objetividad que debe observar en su función, careciendo de equilibrio en los dictámenes que presenta en actuaciones donde interviene el suscripto”.

Con esta maniobra, Brito - de fuertes vínculos con el saabismo gobernante en la UNT y el diario La Gaceta que le garantizan que no se conozcan sus pseudo investigaciones como la que no pudo probar el enriquecimiento ilícito de Antonio Bussi a pesar de sus cuentas en suiza no declaradas- busca apartar a su jefe directo el fiscal federal general Gustavo Gómez de las causas de corrupción que investiga, entre ellas, el escandaloso robo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán, que ya lleva más de una década dañando el legado de la provincia y los tucumanos.

Por esta razón, desde la plataforma Change.org se impulsa una junta de firmas con el fin de apoyar al doctor Gómez, para solicitar que el Ministerio Público de la Nación desestime el pedido de destitución presentado en su contra. 

“Desde hace meses el Fiscal General Gustavo Gómez nuevamente está siendo perseguido y cuestionado injustamente por hacer bien su trabajo. Esta vez por un funcionario de menor jerarquía: el fiscal federal de Tucumán, Carlos Brito”, comenzó explicando Javier Fernandez, investigador científico especializado en salud pública y ambiental, impulsor de la movida que agregó:  “el Tribunal hizo lugar al primer pedido y lo apartó al Fiscal Gómez. Son muchas y muy importantes las causas penales en las que ha pedido ser apartado, pero especialmente las vinculadas a crímenes ambientales y hechos de corrupción de un largo listado de autoridades nacionales”.

Luego explicó que “el fiscal Britos pretende que el Dr. Gómez sea desplazado de causas de gran trascendencia social, argumentando que este tiene ‘enemistad manifiesta contra él’, lo cual provoca la pérdida de la objetividad que debe observar (el Dr. Gómez) en su función; careciendo de equilibrio en los dictámenes donde el (o sea, Britos) interviene".

Carlos Brito.- 

“Esta recusación vino a partir de que el Fiscal Gómez impulsara causas donde interviene Brito como Fiscal Federal de primera instancia, algunas de las cuales -como lo es el caso de la Minera La Alumbrera- ya llevan 22 años de trámite. O las que promoviera el Dr. Gómez desde la Fiscalía General pidiendo la detención de rectores y funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán por el robo de los millones de dólares destinados a construir la Ciudad Universitaria de la Universidad. Ambas  investigaciones que están a cargo de Britos, sin avances”, señaló..

Y añadió: “los argumentos de este fiscal no sólo son cuestionables desde el punto de vista legal, más bien es preciso señalar que bajo estos se escondería la causa real que motivó su pedido de destitución”. “En palabras sencillas y breves, a Britos le molestó que Gómez haya intentado que se reactiven las causas que ‘duermen’ en su despacho. También, no está de acuerdo con que se investigue la responsabilidad penal de ciertas personas que fueron señaladas por Gómez en la causa mencionada anteriormente”, dijo en referencia al robo de la Ciudad Universitaria investigada por eltucumano.com. 

Brito es el fiscal que consideró que sólo el exrector Juan Alberto Cerisola falsificó en soledad la construcción de la Ciudad Universitaria de San Javier, cuya edificación fue ordenada por la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Pero la Casa de Altos Estudios tucumana fue víctima de una doble violación, ya que no sólo no se erigió la Ciudad Universitaria "conforme a los planos ya aprobados" tras la expropiación de 17.000 hectáreas en los cerros tucumanos, sino que ni antes ni después de que se la diera por terminada mediante un acta firmada el 2 de enero de 2008, la UNT nunca percibió el 40% de las utilidades que por ley debiera girarle YMAD.

El fiscal no tomó en cuenta  el Acta Nº498 del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), publicada en mayo por este medio, donde los exrectores de la UNT Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano promovieron y avalaron con su firma la decisión del directorio de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) de condicionar la entrega de “créditos” a cuenta de “futuras utilidades líquidas” a la UNT. Dicha "extorsión financiera" por parte de YMAD no era otra que la de condicionar la entrega de fondos a la universidad pública tucumana a que Cerisola firmase un acta -elaborada en y por el directorio de YMAD y adjunta al acta 498- en la que el entonces rector de la UNT diera por concluída y terminada la Ciudad Universitaria de San Javier -unas 130 hectáreas parquizadas con más de 12 edificios de 7 pisos para 22 mil estudiantes, cientos de viviendas para profesores, Estadio para 30 mil personas, auditorio para 15 mil, Funiculares y Hospital, entre otros- que ordena construir la Ley 14.771 en el cerro San Javier  con el 40% de las utilidades de YMAD y "conforme a los planos ya aprobados".

En abril, Gómez, subrogando al fiscal ante el Tribunal Oral Federal, Pablo Camuñas, reactivó la causa por el robo de la Ciudad Universitaria y se presentó ante el TOF para denunciar "una mora en la sustanciación de la presente causa, por lo que vengo a solicitar se instrumenten los medios pertinentes a fin de acelerar su tramitación" y en primer lugar "dado el estado de las actuaciones y en atención a las consideraciones que se desarrollaran. Además, criticó ante la Cámara la actuación de Brito porque "no es inteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación" que dejó fuera de la mira judicial al saabismo aún gobernante en la UNT.

Además, pidió nuevamente la detención de los procesados Cerisola y los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT en el marco de la denuncia por defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

González Navarro está sindicado como presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública, de defraudación por administración fraudulenta, de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público junto a Cerisola.

Al tiempo que requirió la detención de Cerisola, el fiscal general  Gómez reiteró ampliar la investigación sobre González Navarro, como también de  Rossi de Fernández; José Hugo Saab; los integrantes del directorio de YMAD, el equipo de Planeamiento y el equipo Económico de la UNT, y los integrantes del Consejo Superior ni de los representantes de las empresas contratistas.

Gómez destacó que los “dineros aportados por YMAD, son la consecuencia de una explotación minera/industrial que es objeto de múltiples causas penales por supuesta contaminación ambiental”, y sostuvo que debía considerarse que los investigados habían conformado una asociación ilícita por cuanto “se está en presencia de una organización que supera ampliamente el mínimo de integrantes requeridos; hay una diferenciación prístina de roles y funciones en la asociación, que lucen observables sin esfuerzo, pues el grupo adoptó para sí los roles estipulados en la función a la división de trabajo que rige la actividad institucional de la Universidad”.

“A la fecha, la recusación avanzó en la Cámara Federal de Apelaciones, la cual aceptó el pedido del fiscal Britos y ahora quien debe decidir si el Fiscal Gustavo Gómez es finalmente desplazado es el Procurador General de la Nación (en palabras sencillas, el "Jefe de los Fiscales Federales de todo el país"), el Dr. Eduardo Casal”, aclara el petitorio.