Conflicto sin fin: Jaldo viajará a Buenos Aires para desactivar el paro de transporte

Si bien el 2022 no contó con episodios como los de 2020, en los que el servicio de colectivos estuvo parado durante tres semanas durante octubre, sí hubo varios momentos de tensión en los que tuvo que intervenir el gobierno provincial o el nacional para evitar medidas de fuerza. Las disputas entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios del transporte, las asimetrías entre Buenos Aires y el interior del país, los constantes aumentos del combustible y una inflación descontrolada mantienen atada con alambres la situación del transporte público.

El año comenzó con el planteo de concejales de la Capital en torno a estatizar el servicio de transporte público. La medida era impulsada por el oficialismo provincial e inclusive el gobernador Osvaldo Jaldo recibió, el 12 de enero, al presidente del Concejo Deliberante capitalino, Fernando Juri, y un grupo de concejales. En aquella ocasión, Juri declaró que "la decisión política está y ahora hay que hacer un replanteo de los costos en cuanto a lo tendría que poner el Estado provincial, que no es un costo es una inversión”. La idea era emular el sistema que funciona en Salta, pero desde entonces no hubo novedades al respecto.

En febrero se dio el primer chispazo, cuando hubo un retraso en el pago a los choferes. Allí intervino el gobierno de la provincia y evitó un paro previsto para el martes 8. "Llegamos a un acuerdo con los empresarios y trabajadores de que a partir de la semana que viene se trabajará en buscar la instrumentación que se necesita para que la Tarjeta SUBE llegue a Tucumán”, manifestó el gobernador en la conferencia de prensa junto a sindicalistas y empresarios. Además, contó que en las reuniones les había pedido a los responsables del transporte "un plan de inversión que tenga que ver con comprar colectivos nuevos para prestar un mejor servicio y mejorar la frecuencia”.

Una semana más tarde, la provincia firmaba un acuerdo con Nación por el que se conseguía un aumento del 72% de los subsidios para el servicio. El gobernador insistió con el pedido de mejoras en el servicio y de renovación de las unidades, además del pago en tiempo y forma a los trabajadores. Por esos días, el titular de la Asociación de Empresarios de Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), Jorge Berretta, declaraba que "seguramente durante el año habrá alguna suba, pero no será planteado en el próximo tiempo". La promesa del empresario duró un mes, ya que en una nota televisiva del 21 de marzo afirmó que "el impacto de los ajustes en los combustibles y los incrementos salariales son insostenibles" y que analizaban pedir una suba del boleto.

El primer día de paro efectivo llegó el 26 de abril pero duró hasta las 14, ya que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria. La medida de fuerza era similar a la que se vivió en octubre: se daba en todo el país excepto Buenos Aires y el reclamo era que se firme un acta paritaria en la que se aprueben los mismos aumentos que se autorizaron en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La conciliación obligatoria se extendió hasta el 14 de mayo, pero no hubo acuerdo y finalmente se convocó al paro de 72 horas para el 17, 19 y 20 de mayo (la medida se dividió en dos ya que el miércoles 18 se realizó el Censo Nacional). La primera jornada se cumplió, pero se llegó a un acuerdo y el jueves se levantó la medida de fuerza.

El 2 de junio el boleto tuvo un incremento del 44%, llevando el mínimo a $65. El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante y el presidente de la Comisión de Transporte, José Luis Coronel, dijo que "no tenemos otra opción, así como cuidamos a los usuarios debemos cuidar a los trabajadores, fuera de la conducta de los empresarios".

En agosto hubo otra amenaza de paro desactivada por la conciliación obligatoria: el 2 de agosto a las 22 debía suspenderse el servicio, con el reclamo de un ajuste de las paritarias y un bono de compensación, pero la intervención estatal impidió el cese de las actividades.

A fines de septiembre se anunció que los jubilados tucumanos viajarán gratias en los colectivos a partir del 1° de noviembre, haciendo uso de 16 boletos al mes. "Sabemos que los ingresos que tienen los jubilados no les alcanzan para llegar a fin de mes”, dijo Jaldo durante el anuncio, junto a los empresarios.

El 3 de octubre, AETAT pidió un nuevo incremento del boleto y entre sus argumentos para pedir un mínimo de $192 incluyen "el constante aumento de los sueldos del personal afectado a la actividad, que, hasta fin de año, reflejarán un incremento del 100 % para el 2022". Y agregan que "sobre esto cabe acotar que los mayores salarios que se acuerdan primeramente para el AMBA y que son sostenidos con aportes del gobierno nacional, son trasladados a todo el interior de país sin ningún aporte adicional al efecto".

En la primera quincena de este mes, el gremio de los choferes completó por primera vez en el año un medida de fuerza: el 12 y 13 de octubre Tucumán y otros 21 distritos del país (en AMBA no se convocó el paro y Chaco evitó el corte de servicio) quedaron sin colectivos debido al reclamo salarial de UTA: equiparar las negociaciones salariales de AMBA con el resto del país. Desde entonces, empresarios y sindicalistas tuvieron varias reuniones pero no llegaron a un acuerdo, por lo que se esperan nuevas medidas de fuerza más duras para la semana que viene: el gremio anunció que habrá 72 horas de paro.

Este jueves, Jaldo viajará a Buenos Aires para mantener reuniones y tratar de evitar la medida de fuerza de la próxima semana. Junto a otros gobernadores del Norte Grande mantuvieron reuniones con el ministro de Economía, Sergio Massa, para exigirle una ampliación de los subsidios al transporte y que sean contemplados en el Presupuesto 2023. En conferencia de prensa, envió un mensaje a los choferes: "el secretario general de UTA y los secretarios de los diferentes distritos de Argentina saben que si quieren cobrar los sueldos necesitan la ayuda de los gobiernos provinciales y Tucumán no va a pagar subsidios si los colectivos no están funcionando".

En el año hubo apenas tres días y medio de paro. Sin embargo, la situación parece todo el tiempo a punto de estallar, entre los reclamos de mejoras salariales y negociaciones que son dilatadas indefinidamente, por un lado, y las quejas por las demoras o la escasez de los subisidos por parte de los empresarios, por el otro. Llegando a fin de año, se dio la primera medida de fuerza que no pudo ser desactivada. Las promesas de estatización parecen haber quedado en el olvido y la implementación de la Tarjeta SUBE tal vez deba esperar a que venza el convenio del servicio actual.

Salvo que ambos sectores acerquen posiciones (lo que parece difícil, teniendo en cuenta que el titular de UTA nacional, Carlos Fernández, declaró tras la última reunión que "está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir") o una intervención fuerte del Estado, el interior del país se dirige a un nuevo corte de servicio para la próxima semana. La fecha establecida por UTA para el inicio de la medida es el 25 de octubre.