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Entra en vigencia la ley IVE: ¿qué pasará con las causas por aborto en Tucumán?

informe

La Interrupción Voluntaria del Embarazo comenzará a regir desde el próximo domingo 24 de enero. En ocho años, la provincia acumuló mas de 400 procesos contra mujeres. Carátulas con delitos inexistentes y la enorme diferencia con otras jurisdicciones del NOA.

Foto de LatFem.





La promulgación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que tuvo lugar el pasado 14 de enero, implica que el aborto practicado dentro de las primeras 14 semanas deja de ser ilegal en la Argentina. Desde el momento en que la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo entre en vigencia el próximo 24 de enero, todas las causas abiertas por prácticas de abortos enmarcados en la flamante normativa nacional deberán caer.

Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hay 1532 expedientes en curso en 17 jurisdicciones y con 402 causas entre 2012 y 2020, Tucumán es una de las que más cantidad de procesos registra.

El caso de “Belén”, la joven tucumana que estuvo presa por un aborto espontaneo, impulsó una investigación para dar con los números de presas y causas por aborto en Argentina. El informe fue elaborado desde CELS, en conjunto con el Centro Universitario San Martín (CUSAM) y las investigadoras Gloria Orrego-Hoyos, María Lina Carrera y Natalia Saralegui, con la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y el apoyo de la Asociación de Pensamiento Penal y el Comité Nacional contra la Tortura.

El trabajo conjunto de estas organizaciones se desarrolló a partir de dos relevamientos diferentes y complementarios. Por un lado, se analizó un corpus de notas de prensa de diversos medios gráficos digitales provinciales y nacionales, entre 2012 y 2020. Y por otro lado acudieron a información oficial a la que únicamente pudieron acceder en algunas jurisdicciones.

A partir de los datos oficiales recabados en los pedidos de acceso a la información se reconstruyó parcialmente el panorama nacional sobre el número de causas penales iniciados por el delito de aborto. De esta información se desprende que, “vivir en distintas jurisdicciones implica estar sometidas a políticas criminales muy diversas y con distintos grados de adversidad. Esas diferencias son notables entre dos provincias que limitan entre sí como Catamarca y Tucumán. Mientras en la primera los registros oficiales indican 6 causas con carátula de aborto entre 2012 y 2020, Tucumán para el mismo período informó 402 causas”.

En diálogo con eltucumano.com la abogada feminista, Soledad Deza, aseguró que desde la fundación Mujeres x Mujeres, pedirán el sobreseimiento de todas las mujeres acusadas y criminalizadas por aborto en la provincia.  Según nuestra legislación actual, el aborto realizado hasta semana 14 inclusive, dejó de ser delito. A partir de esto enfrentamos dos desafíos. Por un lado, pedir el sobreseimiento de todos todas las mujeres que enfrentan causas por eventos obstétricps y también de todas las personas involucradas en esas causas”, manifestó.

Por otro lado, con respecto al discernimiento dentro de cada causa penal la determinación de la edad gestacional en cada caso, Deza especificó que "sólo en 2018 y 2019, unas 72 mujeres fueron imputadas y en algunos casos no sabemos la edad gestacional. Buscaremos resolver la absolución del cuerpo y cargo. Será un desafío del Misterio Público Fiscal y los Jueces de garantía. En caso de duda entendemos que deberá interpretarse en favor del sobreseimiento".

Cabe destacar que muchas de estas causas, están caratuladas con eventos obstétricos que no son delito, como, por ejemplo: “aborto seguido de homicidio agravado por el vínculo”, “homicidio agravado cometido contra bebé varón”, “aborto espontáneo” o “lesiones calificadas por aborto sin consentimiento”. “Estas calificaciones carecen de correspondencia con tipos penales previstos en el Código Penal, es decir, constituyen invenciones de los operadores judiciales o policiales en franca violación al principio de legalidad, ya que acusan por supuestos delitos que no existen”, detallan en el informe.
 

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