Piden la intervención de los colegios Boisdron y Reina de la Paz

La presentación fue realizada esta mañana ante el Ministerio de Educación de la provincia y está dirigida al titular de la cartera, Juan Pablo Lichtmajer. El documento lleva la firma de Fernanda Marchese, Directora Ejecutiva de ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y solicita al ministro la intervención de los colegios Boisdron y Reina de la Paz, instituciones educativas pertenecientes a la red FASTA en Tucumán. Este pedido se realiza luego de que alumnos y egresados de los colegios de FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) en todo el país denunciaron haber sufrido distintos tipos de violencia (física, sexual y psicológica) en estas instituciones. En la provincia, múltiples testimonios de egresados revelaron casos de abuso sexual y distintas humillaciones. Una ex alumna del Boisdron denunció al colegio por acoso, violencia y discriminación ante el INADI.

“A raíz de los hechos de público conocimiento que involucran a los Colegios Boisdron y Reina de la Paz, solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia tomar las medidas pertinentes desde una perspectiva de género y un enfoque de derechos”, encabeza el documento en el cual los abogados especialistas en Derechos Humanos nucleados en ANDHES solicitan, además, una reunión con el ministro. La presentación insiste en la necesidad de revisar y evaluar las prácticas institucionales y el accionar del equipo directivo de estos colegios, como así también las prácticas de enseñanza y las propuestas pedagógicas llevadas a cabo por los docentes. “Fundamentamos este pedido haciéndonos eco de las múltiples denuncias de público conocimiento difundidas por medios periodísticos respecto a horrores sufridos e irregularidades producidas en torno a abusos y violencias relatadas por estudiantes y egresados/as que asistieron a las instituciones educativas Boisdron y Reina de la Paz”, reza en otro de sus párrafos el documento.

Según se explica en la presentación, de acuerdo con la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (ley 26.061), los miembros y responsables de los establecimientos educativos tienen la obligación de comunicar ante la autoridad pertinente una vez que toman conocimiento de malos tratos o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de niñas, niños y adolescentes o cualquier otro tipo de violación a sus derechos. En el caso de los colegios Boisdron y Reina de la paz, no se supo hasta el momento de ninguna medida institucional ante la gravedad de las denuncias realizadas por los ex alumnos.

Otro de los puntos en el que insisten los abogados a través de la presentación, es en la obligación que tienen estas instituciones educativas de implementar la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) a los contenidos curriculares impartidos a sus alumnos. Además, instan a tener en cuenta la resolución del Consejo Federal de Educación que impulsa la creación de equipos docentes referentes en ESI en estos establecimientos. Uno de los aspectos denunciados es la presencia de contenidos homofóbicos y lesbofóbicos en los manuales pedagógicos que se utilizan en los colegios de la red FASTA, así como también la presencia de material escolar en el cual se desaconseja el uso de preservativos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. La presentación en Tucumán se realizó el mismo día en que se conoció que el gobierno de la provincia de Córdoba intervendrá para que los colegios de la red FASTA en ese territorio adecuen los contenidos que brindan en sus aulas a los lineamientos obligatorios de la Ley Educación Sexual Integral, según anuncia la periodista Mariana Carbajal en una nota publicada hoy en el diario Página 12. “Tienen textos que parecen del siglo XIX”, reveló una fuente de la cartera educativa cordobesa a la periodista: “Observamos que no están cumpliendo con los cinco lineamientos definidos en la resolución del Consejo Federal de Educación (340/18) y que son obligatorios más allá del ideario institucional que pueda tener Fasta”.

La presentación de ANDHES es consecuente con el proyecto de resolución presentado por la diputada Mara Brawer ante la Cámara de Diputados de la Nación en el cual solicita a las autoridades provinciales investigar las denuncias de los ex alumnos de los colegios de la red FASTA y el contenido pedagógico que imparten estas instituciones. En el documento, los diputados consideraron que esos contenidos educativos podrían violar las leyes: Antidiscriminatoria, la de Salud Sexual y Procreación Responsable, la de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes la de Educación Sexual Integral, la de Matrimonio Igualitario y de Identidad de Género. “La Red de Colegios FASTA pone en evidencia un paradigma pedagógico antidemocrático que despliega metodologías basadas en contenidos y prácticas de enseñanzas disciplinadoras y dogmáticas que, en nombre de la supuesta búsqueda de un comportamiento adecuado de sus estudiantes, arrasa con sus derechos, coartando su identidad sexual, el acceso a la información científica sobre su salud y su cuerpo, y la posibilidad de elegir su identidad de género, un derecho adquirido para todos los habitantes del territorio argentino”, establece en uno de sus párrafos el proyecto presentado por la diputada.

Tanto el colegio Boisdron como el Reina de la Paz reciben subsidios millonarios de parte del Estado provincial. Según consta en el último balance que la red FASTA presentó ante la Inspección General de Justicia, el organismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se encarga de fiscalizar a las asociaciones civiles, en 2018 el colegio Reina de la Paz recibió subsidios por un total de $16.889.965. Mientras que, en el mismo año, el colegio Ángel María Boisdron de Yerba Buena recibió $ 13.340.565. Es decir, más de 30 millones de pesos entre ambas instituciones.

El pasado 19 de junio, Victoria Caram, ex alumna del colegio Boisdron, presentó en la sede de Tucumán del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) una denuncia contra esta institución educativa por episodios de acoso, violencia y discriminación que padeció durante el transcurso de la primaria y  la secundaria.

“Esta clase de acciones se suma a las múltiples denuncias de público conocimiento ocurridas a nivel nacional contra la institución educativa FASTA, donde se desmanteló la ejecución de prácticas abusivas y discriminatorias que atentaron contra la integridad de ex alumnos y alumnas que concurrieron a estos colegios. Entre los públicos relatos se puede hacer la lectura de cómo estos establecimientos religiosos y educativos se alejan de lo direccionado por la Ley de Educación Sexual Integral, formando e incitando discursos de odio contra las personas que no encuadran en su idea de normalidad, patologizando identidades y atentado de manera coercitiva contra la salud de los y las adolescentes”, explicó Martín González, abogado del equipo de género y de litigio estratégico de ANDHES que asesoró a Caram en la denuncia.

En cuanto al pedido de intervención de estos colegios realizado por el organismo, el abogado puntualizó: “Se torna necesario y urgente que se realice un seguimiento y monitoreo a las diferentes instituciones educativas tanto de gestión privada y pública, como parte de las responsabilidades y obligaciones del Ministerio de Educación”.