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Archivan pedido de juicio político contra las cabezas de los 3 poderes del Estado

PRESUNTO ASADO

“No existen las pruebas suficientes”, señalaron desde la comisión encargada de resolver la solicitud presentada por referentes del PRO Tucumán a partir de una nota del secretario de Redacción de La Gaceta.

Manzur y Jaldo en la asunción de Daniel Leiva en la Corte Suprema. Foto: gobjustucuman.gob.ar




La comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán resolvió archivar el expediente del pedido de juicio político presentado por el PRO Tucumán contra el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador Juan Manzur; del Poder Legislativo, Osvaldo Jaldo; y el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, por un presunto asado en el que -según la denuncia- habrían violado el aislamiento social preventivo y obligatorio vigente.

“Entendimos, por unanimidad, que no existen las pruebas suficientes para llevar adelante un Juicio Político”, explicó el presidente de la comisión de Juicio Político, legislador Zacarías Khoder.

El pedido de Juicio Político contra las autoridades de los 3 poderes del Estado provincial fue presentado por el PRO Tucumán, encabezado por el referente de su equipo de legales, Nicolás Mirande, el pasado 22 de mayo en la Legislatura provincial y fue ratificado el 28 de mayo.



Integran la comisión de Juicio Político el presidente Zacarías Khoder; el vicepresidente Sergio Mansilla; el secretario Julio Silman; y los legisladores Enrique Bethencourt, Norma Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela del Valle Gutiérrez, Reneé Ramirez, Carlos Gómez, Raúl Pellegrini, Mario Casali.

Encuentro de la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Foto: legislaturadetucuman.gob.ar

El pasado 18 de mayo, el abogado Gustavo Morales solicitó a la Justicia tucumana investigar un presunto (y convocado) asado al gobernador Juan Manzur; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; a la diputada nacional Gladys Medina; a los intendentes Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes); a los ministros de Salud, de Desarrollo Social y de Interior, Rossana Chahla, Gabriel Yedlin y Miguel Acevedo; y al legislador y vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse.

El letrado alegó violaciones al artículo 205 del Código Penal Argentino, además de la supuesta comisión de delitos relacionados al artículo 249 del mismo código, que hace alusión al abuso de poder y establece penas monetarias e inhabilitación de un mes a un año a cualquier funcionario público que violente la mencionada normativa.

La denuncia llega luego de que el periodista Federico Türpe, secretario de Redacción de La Gaceta, denunciara el polémico encuentro en un artículo titulado “Fraude al octavo mandamiento”, publicado en la edición sabatina del matutino. En la mencionada publicación, Türpe describe la reunión realizada –siempre según su relato- en el domicilio del intendente de Banda del Río Salí, en la que asegura asistieron una gran cantidad de comensales que brindaron con “abundante y costoso vino”.