Jaldo confirmó el asado aunque negó haber violado la cuarentena
explicación
El vicegobernador admitió el encuentro del pasado sábado del que participaron autoridades de los tres poderes, pero señaló que no violaron ninguna ley ya que se encuentran exceptuados del decreto presidencial.
Foto Twitter/ Osvaldo Jaldo.-
Este jueves el vicegobernador Osvaldo Jaldo se refirió al polémico asado, que autoridades de los tres poderes de Tucumán compartieron el pasado sábado y que derivó en una denuncia realizada por el abogado Gustavo Morales, que los acusó de violar la cuarentena decretada por el presidente Alberto Fernández el pasado 20 de marzo.
“El almuerzo fue el sábado, cuando salimos con el gobernador a recorrer distintas obras y trabajos realizados para prevenir los efectos de contagios de coronavirus que se pudieran presentar. Estuvimos en un hospital de campaña anexo al Hospital del Este, donde estará hoy el presidente Alberto Fernández”, explicó el presidente de la legislatura minutos antes de comenzar la sesión de este jueves.
Y agregó: “Al terminar la recorrida el intendente Monteros nos invitó a comer a su casa. Porque nosotros tenemos la responsabilidad de tomar todas las previsiones para garantizar la salud de todos los tucumanos y en algún momento del día tenemos que comer y lo hicimos en la casa del intendente. No violamos ninguna ley, ninguna disposición”, sentenció en Los Primeros.
En su denuncia presentada el lunes, Morales pidió a la Justicia –paralizada por el asueto extraordinario vigente- investigar un presunto (y convocado) asado al gobernador Juan Manzur; Jaldo; al vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; a la diputada nacional Gladys Medina; a los intendentes Darío Monteros (Banda del Río Salí), Carlos Najar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo) y Aldo Salomón (Alderetes); a los ministros de Salud, de Desarrollo Social y de Interior, Rossana Chahla, Gabriel Yedlin y Miguel Acevedo; y al legislador y vicepresidente primero de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse.
El letrado alega violaciones al artículo 205 del Código Penal Argentino, además de la supuesta comisión de delitos relacionados al artículo 249 del mismo código, que hace alusión al abuso de poder y establece penas monetarias e inhabilitación de un mes a un año a cualquier funcionario público que violente la mencionada normativa.
