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La denuncia contra Alperovich y el gran desafío de la Justicia tucumana

ESCÁNDALO NACIONAL

El Poder Judicial de Tucumán tiene una posibilidad histórica de demostrar su independencia si logra estar a la altura de la denuncia por violación contra el exgobernador. La colonización de la Justicia durante los 12 años de alperovichismo.

Edmundo "Pirincho" Jiménez y José Alperovich, colonizadores de la Justicia tucumana.





"Alperovich no puede ser juzgado ni en este ni en ningún caso en Tucumán" disparó el periodista tucumano Joaquín Morales Solá en su columna en La Nación+, y señaló que "en Tucumán la Justicia la maneja Alperovich. Él durante 12 años designó puntualmente a todos los jueces y fiscales y todos estaban relacionados con él por vía directa o indirecta de la política".

La denuncia por violación contra José Alperovich fue presentada por la denunciante -que además es su sobrina- de forma paralela en la Justicia tucumana y en Capital Federal, donde la investigación está a cargo del titular interino de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, Santiago Vismara. La defensa de la denunciante, a cargo del abogado Ricardo Santoro apunta a reforzar la denuncia presentada en el juzgado porteño, luego de que la misma ya fue ampliada y ratificada ante la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, María del Carmen Reuter.

En 2015, Reuter fue designada por Alperovich al frente de la Fiscalía Penal III de los tribunales de la capital tucumana y antes se desempeñó como secretaría de la Fiscalía X, a cargo de Guillermo Herrera, quien renunció en 2015 "acorralado por múltiples denuncias en su contra por irregularidades en la tramitación de causas, en connivencia con un grupo de abogados con vínculos políticos", según apunta La Nación.

Señala el matutino porteño que "entre los letrados que Herrera habría favorecido con sus dictámenes figuraban Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez, hijos del actual jefe de los fiscales tucumanos, Edmundo Jiménez, quien antes de ser nombrado en el Poder Judicial se desempeñó, durante 11 años, como ministro de Gobierno y Justicia de Alperovich. En ese cargo, Jiménez se transformó en una pieza clave en la ingeniería de colonización del Poder Judicial mediante la designación de jueces y fiscales afines".

"La designación de Reuter fue cuestionada por el Colegio de Abogados de Tucumán, que objetó que haya sido nombrada mientras se tramitaban las pesquisas contra su superior, Herrera, por considerar que podría haber estado implicada, según se desprendía de una pericia realizada por la Corte Suprema. Sin embargo, la mayoría peronista en la Legislatura provincial aprobó sus pliegos por pedido de Alperovich", amplía La Nación, que además recuerda que tuvo a su cargo la investigación del caso Lucía.

La causa por violación recayó en manos del juez Facundo Maggio, sobrino político de Edmundo "Pirincho" Jiménez, designado jefe de fiscales por Alperovich tras desempeñarse como ministro de Gobierno durante más de 10 años. Maggio sobreseyó a Alperovich en la causa que investigaba los "gastos sociales" de los legisladores tucumanos en la denominada "causa de las valijas".

En 2006, Alperovich impulsó la reforma de la Constitución provincial, donde se estableció que a efectos de la reelección, su mandato 2003 - 2007 no sería tenido en cuenta, habilitándolo a un tercer mandato que le permitió estar al frente del Ejecutivo hasta 2015. Ante la posibilidad de que su re-reelección se dirima en la Corte Suprema, el exgobernador comenzó su plan para colonizar el máximo tribunal.

La primera vacante la generó al ofrecer al por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Dato, encabezar la lista de diputados nacionales. En su lugar asumió Antonio Estofán, exfiscal de Estado de Alperovich.

Mientras Dato estuvo al frente de la Corte, se otorgó a los magistrados locales el beneficio de jubilarse con el 82% móvil al igual que los jueces federales, lo que generó una ola de jubilaciones y vacantes a cubrir en Tribunales.

Uno de los jueces que se jubiló fue Eduardo Area Maidana, designado durante el gobierno constitucional del genocida Antonio Domingo Bussi. Francisco Sassi Colombres, funcionario durante el gobierno de facto de Bussi, había sido avalado como su reemplazante por la Legislatura, pero desde Casa Rosada el kirchnerismo ordenó bajar su postulación y su lugar fue ocupado por Claudia Sbdar.

El viernes, mientras se conocía la denuncia contra Alperovich, Claudia Sbdar era elegida como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, siendo la primera mujer en ocupar la presidencia del máximo tribunal judicial provincial. 

En 2018, Chequeado denunció que en 219 causas judiciales por corrupción en los tribunales tucumanos entre 2005 y 2018, Alperovich estaba denunciado en 29 pero ninguna registró avances y nunca fue ni siquiera llamado a indagatoria. En 2005, el por entonces gobernador suprimió la Fiscalía Anticorrupción creada en el año 2000.

En diálogo con eltucumano.com, Alberto Lebbos -padre de Paulina Lebbos- analizó que la Justicia tucumana enfrenta una "oportunidad histórica", y pidió "que se investigue, se condene y se aplique el mayor rigor de la ley a este personaje nefasto que tanto daño le ha hecho al pueblo tucumano.

Con esos antecedentes y luego de que Morales Solá sostuvo que "en Tucumán la Justicia la maneja Alperovich", el Poder Judicial provincial tiene una oportunidad histórica de mostrar autonomía y eficacia. La denuncia paralela radicada en Capital Federal los obligará a estar a la altura de las circunstancias.