El modelo salteño de Transporte Público que anhelan para Tucumán

CRISIS DEL TRANSPORTE

Empresarios de colectivos y representantes de choferes aseguran que el cambio de sistema es la solución para superar el estado crítico que atraviesa el sector. En qué consiste y cómo se financia.




150 choferes en proceso de desvinculación y un déficit mensual de $185 millones. La situación que atraviesa el Transporte Público de pasajeros en Tucumán es crítica. Desde hace más de un mes que representantes de la delegación tucumana de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), negocian en la Secretaría de Trabajo de la Provincia una salida al conflicto. Este último jueves, ambas partes decidieron una conciliación voluntaria para evitar la interrupción del servicio. Sin embargo, por ahora sigue sin aparecer una solución definitiva a la cuestión.

Tanto gremialistas como dueños de líneas de colectivos coinciden en un nuevo modelo para subsanar la crisis que atraviesa el sector. Se trata de un sistema aplicado en Salta, donde el Estado provincial subvenciona recorridos a las distintas empresas, subsidia parte de los boletos y eroga por mes una parte del costo del servicio. Todo lo contrario a lo que ocurre en Tucumán, donde la Provincia subsidia la oferta (empresas) y una parte de la demanda (pasajes gratuitos) con recursos exclusivamente de las arcas provinciales.

La Sociedad Anónima de Transporte Automotor (SAETA) fue creada en la vecina provincia en 2005 por el exgobernador Juan Carlos Romero como respuesta a un servicio colapsado y deficitario. Se objetivo, desde su origen, fue brindar previsibilidad, innovación y garantizar las condiciones de trabajo de los choferes y empleados del sistema de transporte. “En Salta se atrasaban los sueldos y no había controles estrictos”, asegura a eltucumano.com quien es actualmente el gerente general de la empresa de participación múltiple, Claudio Juri.

SAETA opera a través de un fideicomiso al que las empresas ceden el derecho de recaudación y de recursos provenientes de subsidio nacional. La cuenta además está compuesta por un monto restante variable, a cargo del Gobierno provincial, el cual se obtiene de la diferencia entre los montos de recaudación y subsidios y del costo mensual del servicio. El contrato está diseñado de tal forma de asegurar en primer término los sueldos de los trabajadores y, por último, lo correspondiente a las empresas, que cobran por los kilómetros recorridos por todas sus unidades. “Hasta el cuarto día hábil se pagan sueldos y aportes, después los impuestos y con lo que queda al último el costo kilómetro, premios y todo lo que corresponda a las empresas”, explica Juri.

En Salta las empresas cubren 5.200.000 kilómetros. El costo actual cada mil metros, detalla Juri, no llega a $60. Es decir, las empresas perciben alrededor de $312 millones por mes. En Mendoza, otra de las provincias que implementa un modelo similar al salteño, el costo ronda entre $75 y $80. Todo aumento de costo, ya sea por inflación o aumentos salariales, se equipara por fuera de la estructura de fideicomiso.

La recaudación además tiene en cuenta dos ítems adicionales al pago de sueldos de choferes y del servicio prestado por las empresas: premios por recaudación y por modernidad. Ambos se desprenden del 12% de la recaudación mensual total. “Incentivar es el objetivo”, dice el funcionario, que detalla que antes de la crisis las unidades de transporte público tenían una antigüedad promedio de 1,74 años, cifra que se extendió a tres años en la actualidad por la falta de créditos y precio de los vehículos.

El sistema salteño tiene en cuenta, además, gratuidad de servicio para distintos sectores: estudiantil, jubilados, pensionados y personas en situación de pobreza. Según cada caso, el Estado cubre hasta 100 viajes sin cargo por mes, y 40 viajes con 40% de descuento para usuarios vulnerables. Esto se sostiene un 50% con recursos provinciales, 4% por subsidio nacional y el resto por recaudación.

Con un boleto mínimo a $25, una recaudación mensual promedio de $200 millones y un subsidio nacional de $28 millones sólo para el área metropolitana salteña ─zona en la que opera SAETA─ (en total la provincia recibe $34 millones), el Gobierno provincial asume un costo de $2.200 millones anuales promedio, aproximadamente $183 millones por mes, una suma similar al déficit mensual que denuncian empresarios tucumanos. Todo esto con una flota de poco más de 600 unidades, de las cuales 100 pertenecen a la Provincia. La planta de trabajadores asciende a 2.200, con 3,5 choferes promedio por unidad.

- $53 millones es el subsidio nacional que reciben las empresas de colectivo de Tucumán por mes.
- $130 millones le otorga el Gobierno provincial a modo de subsidio mensual.

“Si habláramos del costo mensual dividido en la cantidad de pasajeros, el boleto tendría que valer $60”, explica Juri. “Con este sistema asegurás la provisión de los fondos y la transparencia”, agrega.

“Nunca va a alcanzar, nunca vas a tener un índice de satisfacción absoluto, pero las discusiones en Salta ya son otras: si hacen falta más unidades o las frecuencias y paradas; perfeccionar el servicio”, concluye el funcionario salteño.


La intención del Gobierno tucumano

El sistema de subsidios sigue gozando de aceptación en Casa de Gobierno. Según dijo días atrás a este medio el titular de la cartera de Transporte provincia, Benjamín Nieva, apuestan a perfeccionar el sistema de contribuciones de Nación y Provincia, de modo que la erogación se realice en función de las empresas que realmente lo necesiten.

“Hay que hacer un estudio pormenorizado, porque los regímenes pueden ser subsidio a la oferta (empresas) o a la demanda (pasajes) y, en este caso se subsidió la oferta. Acá en Tucumán también se hace un esfuerzo para subsidiar la demanda, como es el caso del boleto estudiantil”, había explicado Nieva, en la previa de la primera reunión que tuvieron todas las partes con competencia en el servicio público de transporte: empresas, gremios, Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Provincia que ofició de anfitriona.

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