"Hay una clara intención de los sectores antiderechos de seguir castigando a Lucía"

Este lunes, el periodista Mariano Obarrio publicó en su blog información sobre el protocolo anestésico y quirúrgico de "Lucía", la niña de 11 años que quedó embarazada tras una violación intrafamiliar, con el objetivo de desmentir que la cesárea se practicó para resguardar su salud, tal como señalaron los médicos José Gijena y Cecilia Ousset, quienes estuvieron a cargo del procedimiento. 

El documento publicado por Obarrio, quien se desempeña en el diario La Nación y es uno de los referentes de la campaña "Salvemos las Dos Vidas", fue compartido a través de Twitter por otros usuarios identificados con esta militancia. La vulneración de la confidencialidad de este documento se suma a una serie de publicaciones con información confidencial referidos al caso de la niña.

"Desde CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres) estamos bastante alarmadas por la clara intención de los sectores antiderechos de seguir castigando a Lucía y violando todos sus derechos. El caso de Lucía pone al descubierto la cantidad de violencias y violaciones a los derechos humanos de niñas y mujeres que buscan acceder al aborto no punible en Argentina no sólo por parte del Estado sino también por un sector autodenominado "defensores de las dos vidas", expuso Luciana Gramaglio, una de las abogadas de la organización, en diálogo con eltucumano.com.

"Además devela el verdadero accionar de estos grupos mal denominados 'provida'. En ningún momento se vio la intención de estos sectores de que se garanticen los derechos de la niña, por el contrario, la violencia de estos sectores crece exacerbadamente. Divulgan información sensible en un claro intento de castigar socialmente a una niña, como fue el caso del Arzobispo de Tucumán quien dio el nombre de la niña a través de varios medios", agregó Gramaglio en referencia al audio que circuló la semana en que le practicaron la cesárea a la niña. En ese audio, Carlos Sánchez reveló la verdadera identidad de la niña de 11 años y convocó a los fieles católicos a "comprometernos cotidianamente a custodiar, a cuidar, a servir toda vida humana porque toda vida vale". A propósito de este hecho, sectores que piden el efectivo cumplimiento de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), un derecho contemplado en el Código Penal desde 1921 en caso de violación o de riesgo para la vida de la mujer, recordaron en las redes la presión que ejerció Sánchez sobre diputados tucumanos para que voten en contra de la legalización del aborto.

"La información confidencial a la que accedieron, lo dijo la abogada Mockevich, fue obtenida de forma ilegal, a través del personal del Hospital del Este. Ahora bien, este accionar está tipificado en el Código Penal como delito", denunció la profesional en referencia a las declaraciones de María Teresa Mockevich, una de las abogadas de la Red Federal de Familias (RFF) que presentó una denuncia contra los médicos que realizaron la cesárea a “Lucía”.

En una entrevista radial, la letrada identificada con el pañuelo celeste reveló que había tenido acceso a la historia clínica de la niña, un documento de carácter confidencial. En este sentido, los abogados de la Fundación Andhes que representan a los médicos denunciados, destacaron que investigarán cómo este conjunto de abogados de la RFF tuvieron acceso a este documento incluso antes que la propia familia de la nena.

"Ademas de la Justicia, este accionar deberá ser investigado por el Colegio de Abogados en el caso de la abogada Mockevich y por el Sistema Provincial de Salud, en el caso de la persona que violó documentación privada y confidencial. La estrategia antiderecho ya está puesta a la vista. No buscan garantizar derechos y no les interesa ninguna vida", sentenció.

Por su parte, la abogada Laura Casas, docente de Dererecho Constitucional en la Universidad Nacional de Tucumán y referente de Cladem, sostuvo luego de la difusión de los protocolos quirúrgico y anestésico de la niña que, en post de defender una postura sobre la legalización del aborto en Argentina, "se sienten con derecho a ventilar datos que corresponden a la intimidad de una persona".

"Médicos y profesionales de la salud que debieran conocer lo que significa la confidencialidad de la historia clínica, puesto que la revelan con total impunidad contraviniendo las normas y los deberes que tienen como profesionales. Los abogados 'pro-vida' reproducen esta información en la prensa desconociendo absolutamente los derechos que tiene la niña", aseveró. 

Por otra parte, consideró que "es gravísimo que, por parte de una institución de salud estatal, se revelen estos datos que son absolutamente confidenciales. Sin lugar a dudas existen en el Estado profesionales que carecen de la más mínima ética y que brindan esta información a quienes no deben brindársela".

En este sentido, la letrada destacó que el personal del Hospital del Este podría ser pasible de denuncia penal por el artículo 157 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de 1 a 4 años, el funcionario publico que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos".