Este martes continúa el juicio por el desfalco de fondos de YMAD que debían destinarse a la Ciudad Universitaria

Este martes se llevará a cabo la segunda audiencia del juicio oral y público de la causa por defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra el ex Rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola, y funcionarios de su gabinete, en el proceso por corrupción más importante de la historia de nuestra provincia: allí se investiga el supuesto desmanejo de unos U$S 85 millones provenientes de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que debían destinarse a la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. 

La semana pasada, durante la audiencia inaugural, las partes coincidieron en calificar como "histórico" el inicio del proceso, al tratarse probablemente de la causa por corrupción más importante de la historia de Tucumán. Se juzga en este caso a Cerisola y tres exfuncionarios de su Gabinete por defraudación contra la administración pública, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Por primera vez, Cerisola y los imputados Olga Cudmani –titular de la Dirección de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –Director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- mostraron sus cartas ante la Justicia y ante la Universidad, querellante en querellante en la causa.

Ya se vislumbra que más allá de las colocaciones financieras o el precio de las obras realizadas, el quid del debate será el origen de los fondos malversados, las atribuciones que tenía –o no- el Rector Cerisola para firmar el acta que declaró “satisfecha” a la UNT en su derecho a recibir el 40% de las utilidades de YMAD para construir la Ciudad Universitaria, ratificando que estaba “terminada” al ser reemplazada por un plan de obras y reduciendo así esos fondos a la mitad, para que sean de libre disponibilidad.

También se deberá dilucidar los antecedentes de aquella acta firmada el 2 de enero de 2008: a esa acta que la UNT calificó años después como lasciva la antecede la rubricada el 27 de diciembre de 2007 por el directorio de YMAD, donde la UNT estaba representada por los ex Rectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, ambos dirigentes de fuste de la Unión Cívica Radical de Tucumán. Allí se redactó de puño y letra la que firmaría el imputado Rector días después.

Más de un lustro después, hasta la inexistente querella de la UNT, a cargo de Rodolfo Tercero Burgos ─de fuertes vínculos con la justicia federal y que se encuentra a las puertas de un juicio, acusado por el abuso sexual de su hija─, calificó la investigación como "limitada", y el accionar de Carlos Brito fue muy cuestionado por las partes. En 2018, le dedicó apenas un párrafo al origen de los fondos y 35 páginas a los presuntos sobreprecios en las obras y las colocaciones financieras con ese dinero, pero nunca su proveniencia, la potestad para tomar tal decisión y reducir los fondos a la mitad, pasando a ser los mismos de libre disponibilidad.

Hasta la fecha se desconocen actuaciones encabezadas por el también lobbista del diario La Gaceta, que no se especializa en derecho penal. Sin embargo, a pesar de no tener experiencia en este tipo de casos, Burgos es muy cercano a la política universitaria, ya que fue subsecretario legal y técnico de Alicia Bardón y abogado personal de la ex Rectora a la que defiende en una causa en la que se acusa por "malversación de fondos" universitarios. Luego fue designado en el directorio de Canal 10 en representación de la UNT; desde 2019 fue contratado por la Universidad en el Rectorado de José García para ejercer la querella que estaba a cargo de Diego Lamoglia y fue ratificado en esa función y recontratado por Sergio Pagani. En 2022, apoyó públicamente la candidatura de Augusto González Navarro a Decano de Derecho.

Burgos tuvo sus primeras acciones como querellante el pasado lunes y apuntó contra el dictamen de su amigo y compañero de militancia saabista, Augusto “Hochi” González Navarro. "Al pasar del 40% de las utilidades a recibir solo el 20%, de libre disponibilidad, el ex Rector había dado por ciertos hechos inexistentes, en particular la conclusión de la Ciudad Universitaria, y que para resolver un acto de esas características carecía de facultades, atendiendo las disposiciones del estatuto universitario, que juró cumplir y hacer cumplir, y que establece que los actos de disposición sobre los bienes universitarios son materia de su Consejo Superior y no del Ejecutivo", explicó Burgos al momento de hacer uso de la palabra. 

"A partir de allí y con fundamento en una posición doctrinaria en el derecho administrativo que señala que no serían obras públicas las obras que se construyen cuando el dinero no proviene del Tesoro Nacional. Es una posición de la doctrina, no es unánime, al contrario, hay muchísimas posiciones que no concuerdan con esa doctrina", acusó contra el delictivo dictamen de González Navarro, más conocido como "doctrina Hochi".

González Navarro está señalado como el padre de un nuevo paradigma delictivo en el Derecho Público, según el cual los dineros públicos de un ente público se transforman en dineros privados cuando ingresan a las arcas de la UNT para que el rector disponga a su antojo. Está sospechado de ser el ideólogo y autor del mecanismo jurídico que permitió convertir los fondos públicos en privados y malversar, así, las arcas universitarias mediante el saqueo de los fondos provenientes de YMAD.

Los jueces Dr. Abelardo Jorge Basbús, Dra. Ana Carina Farías y Dr. Enrique Lilljedah deberán dilucidar si en la Casa de Altos Estudios se montó un sistema paralelo ilegal para administrar de forma fraudulenta los dineros de la minería en el plan de obras que Cerisola llamó La Ciudad Universitaria del Siglo XXI como en las colocaciones financieras realizadas con esos fondos, con el supuesto objetivo de resguardarlos.

Seguí en vivo el juicio por el desfalco de fondos de YMAD que debían destinarse a la Ciudad Universitaria de la UNT: