La periodista de La Gaceta Irene Benito informó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) - de la que es miembro- que los jueces federales en la AFA violan la ley porque "no se ha identificado ninguna autorización que habilite a los jueces nacionales a desempeñar estas funciones". La ACIJ usó el "Informe Benito" para pedir ante la Corte Suprema de la Nación la renuncia inmediata de los jueces federales que integran AFA y desató la renuncia de Diego Barroetaveña y Ricardo Sanjuan al Tribunal de Ética . Sin embargo, Benito omitió deliberadamente informar sobre Fernando Poviña, camarista federal que viola idénticas normas en Atlético Tucumán. Poviña es testigo de casamiento de Lisandro Catalán y, junto al fiscal Carlos Brito, es uno de los principales encubridores judiciales del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la UNT que La Gaceta "informa" como una simple "controversia" y "malos entendidos".
el camarista Federal Fernando Poviña miembro de la Comisión Directiva de Atlético Tucumán.
La renuncia de Ricardo Sanjuan y Diego Barroetaveña —miembros de sectores de jueces nacionales en disputa interna— se produjo a raíz de una petición formal ante la Corte Suprema de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) para exigir el cese de todos los magistrados del Poder Judicial de la Nación que integran los tribunales de la AFA. Como informó La Gaceta, Sanjuan invocó "razones institucionales" para "descomprimir las presiones" en el marco de la investigación por presuntos desvíos de USD 42 millones hacia sociedades fantasma en Miami.
La investigación periodística que fundamentó el pedido de ACIJ fue realizada por Irene Benito, periodista de La Gaceta desde 2005 y colaboradora de ACIJ en Tucumán. La petición formal, ingresada el 19 de diciembre de 2025, fue firmada por la codirectora ejecutiva de ACIJ, Celeste Fernández. Pero el "Informe Benito" tiene una omisión que no puede ser casual: protege a Fernando Poviña, camarista federal que viola las mismas normas en el Club Atlético Tucumán.
Lo que Benito escribió y lo que Benito ocultó
El artículo publicado en JUSTA el 22 de diciembre de 2025 es contundente. Benito explica que participar en tribunales de la AFA "no es una actividad meramente social, sino que supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica". Detalla: "Quienes integran estos órganos revisan expedientes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias, una labor que replica la función judicial en el ámbito privado".
El argumento central es demoledor: "Tras una revisión exhaustiva del buscador oficial de resoluciones del máximo tribunal del país, la organización destaca que no se ha identificado ninguna autorización que habilite a los jueces nacionales a desempeñar estas funciones, lo que convierte su actuación en una infracción a las normas en vigor".
Irene Benito advierte que estos cargos en AFA facilitan el acceso a "beneficios de alto valor simbólico y económico, tales como entradas para espectáculos deportivos nacionales e internacionales; hospitalidades e invitaciones especiales, y viáticos". Son, concluye, "'favores' que afectan la percepción de independencia y ponen en entredicho la objetividad del juez".
Cada palabra de este análisis aplica a Fernando Poviña. Pero Benito no lo incluyó en su informe.
La omisión deliberada: El 8 de agosto de 2025, Fernando Poviña asumió como Juez Titular del Tribunal de Ética y Disciplina del Club Atlético Tucumán. Nunca solicitó ni obtuvo autorización de la Corte Suprema. eltucumano lo documentó en septiembre: el camarista se escondió deliberadamente en las fotos oficiales del acto de asunción. Sabía que violaba la ley. Benito también lo sabe. No lo publicó.
Barroetaveña: el rival político de Poviña
Diego Barroetaveña no es cualquier juez. Es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, consejero de la Magistratura de la Nación desde octubre de 2022, y líder de la Lista Bordó en la Asociación de Magistrados. Esa lista ganó las elecciones de jueces en 2022 con 286 votos contra 230 de la Lista Celeste. Es la agrupación más crítica del kirchnerismo, con 20 años de triunfos consecutivos.
El dato político que explica la operación: Según Página/12, Fernando Poviña fue candidato de la Lista Celeste para la Cámara Federal porteña en 2022. La Lista Celeste es la rival directa de la Lista Bordó que lidera Barroetaveña. El "Informe Benito" provocó la renuncia del líder de la lista opositora a Poviña en la Asociación de Magistrados.
El éxodo no se limitó a Barroetaveña. Renunciaron también Juan Ignacio Pérez Curci (Cámara Federal de Mendoza), Néstor Barral (camarista federal de San Martín), Martín Peluso, Esteban Mahiques y Ricardo Sanjuan. Hasta hace una semana, la AFA contaba con 26 magistrados y funcionarios judiciales en sus tribunales internos. Poviña —que viola las mismas normas en Atlético— sigue intacto.
La red de poder que protege a Poviña
La respuesta a la selectividad de Benito está en la red que conecta a Poviña con el poder político. Según publicaron Letra P e Infobae en septiembre de 2025:
— Letra P, 10 de septiembre de 2025
Poviña está casado con Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y ex fiscal de Estado durante la gestión de Juan Manzur. La pareja conecta el máximo tribunal provincial con la Cámara Federal de Apelaciones y, a través de Catalán, con el gobierno de Javier Milei. Catalán hoy cobra 140 millones de pesos mensuales como director de YPF.
Como reveló eltucumano, Carlos Cisneros - el nuevo dueño de La Gaceta, donde trabaja Benito - pactó con Milei para instalar a Catalán como "líder de la oposición tucumana". Germán García Hamilton, bisnieto del fundador del diario, lo denunció públicamente: "La cúpula de La Gaceta se sometió a Cisneros".
El patrón Poviña: beneficiar a sus aliados y amigos desde el estrado
Hay otra omisión de Benito que confirma el patrón. En agosto de 2025, la periodista publicó en JUSTA un artículo sobre presunta "venta de sentencias" en la Cámara Federal de Tucumán. Menciona que la Cámara —"Leal, Poviña, Cossio, Sanjuan y Moltini"— revisaba una causa. Lo que Benito no menciona: Mario Martínez Salazar Pérez, el denunciante en esa causa, es compañero de Fernando Poviña en la comisión directiva de Atlético Tucumán.
El 5 de mayo de 2025, en plena campaña electoral para Atlético, la Cámara Federal —con firma de Poviña— rechazó el pedido de prisión preventiva para Jerónimo Martínez Parada, hijo de Martínez Salazar, procesado por asociación ilícita y lavado de activos en la megaestafa piramidal RT Inversiones que afectó a más de 2.500 víctimas en Catamarca.
En diciembre de 2025, eltucumano reveló que Martínez Salazar —jefe de Investigaciones de ARCA Tucumán— opera una cueva financiera a 300 metros de su oficina. Cuatro videos documentan a su esposa con máquina contadora de billetes en compraventa de dólares.
— eltucumano, 27 de septiembre de 2025
El perfil del encubridor: Ciudad Universitaria
Poviña no es solo un juez que viola normas de incompatibilidad. Es un encubridor con antecedentes documentados. Junto al fiscal federal Carlos Brito, condujo el encubrimiento del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier —el mayor despojo patrimonial sufrido por la Universidad Nacional de Tucumán.
Carlos Brito - al centro- flanqueado por los fiscales Federales de La Cámpora Pablo Camuña y Agustín Chit, encubridores del robo de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la UNT.
La Ley 14.771 establecía que el 40% de las utilidades de YMAD debía destinarse a construir una ciudad universitaria según planos ya aprobados: un campus de 130 hectáreas para 30.000 estudiantes, con hospital, estadio y funiculares. El 27 de diciembre de 2007, los exrectores Rodolfo Campero y Mario Marigliano falsificaron el destino de esos fondos en YMAD. Una semana después, el rector Juan Cerisola consolidó la maniobra: la UNT renunció al 40% para percibir apenas el 20% de "libre disponibilidad". El campus fue reemplazado por un escueto plan de obras menores.
La Cámara Federal de Tucumán
• Ricardo Sanjuan: Sindicado por voces judiciales como el protector de la gavilla delincuente de la UNT. Su hijo fue nombrado síndico de Canal 10 por José Hugo Saab. • Mario Leal: Alto funcionario del entonces rector Cerisola. • Marina Cossio: Vinculada al Opus Dei. • Patricia Moltini, quien llegó a la cámara federal de la mano de su amiga personal Matilde O’Mill, Ministra de Justicia y Derechos Humanos de Santiago del Estero, envuelta en causas millonarias de presunta corrupcion en manejo de fondos públicos, y de manipulación de padrones electorales. • Fernando Poviña: Cubre la quinta vocalía, vacante desde septiembre de 2018 cuando falleció el juez Ernesto Wayar. Como titular del Juzgado Federal Nº2, condujo el encubrimiento junto al fiscal Brito.
Esta Cámara mantuvo años la extraña tesis de Brito: la falsificación de todo un campus universitario fue "resignificada" por Brito y Poviña como "renuncia arbitraria a la percepción del 40% de las utilidades mineras" por parte del rector Cerisola.
Poviña, como juez federal Nº2 junto al fiscal federal Carlos Brito, desvió la "investigación federal" hacia la malversación de los fondos obtenidos de la falsificación de 2005 -contrato ronney Marigliano- mientras encubría el delito precedente que dió origen alos fondos malversados y que se remonta a fines 2005 y que estaba en poder de la fiscalía federal nro1 desde 2007. Fraganti Delito de juez y fiscal.
El delito precedente que nunca se investigó: Cualquier estudiante de Derecho sabe que en la investigación de lavado de activos o malversación de caudales públicos, un fiscal medianamente honesto debe investigar el delito precedente que dio origen a los fondos. Ese delito —la falsificación del campus— es el que Brito y Poviña sistemáticamente se negaron a investigar.
El encubrimiento cuenta desde 2005 con el apoyo de La Gaceta SA. El lobbista del diario Rodolfo Tercero Burgos fue contratado por la UNT como —falso— querellante para asegurar "la cadena de la felicidad" a sectores judiciales y mediáticos. Como documentó eltucumano, recién en agosto de 2024 —"cercado por las pruebas documentales"— el diario reconoció lo que ocultó casi 20 años.
Irene Benito trabaja en ese diario. Irene Benito es colaboradora de ACIJ. Irene Benito nunca publicó una línea sobre este encubrimiento.
Las preguntas que Benito debe responder
• ¿Por qué omitió a Poviña de su informe si viola las mismas normas que los jueces de la AFA?
• ¿Por qué no mencionó que Poviña firmó una sentencia beneficiando al hijo de su compañero de lista electoral en Atlético?
• ¿Por qué no investigó el rol de Poviña en el encubrimiento del robo de la Ciudad Universitaria?
• ¿Por qué La Gaceta —donde trabaja— no publica las investigaciones de eltucumano sobre Poviña?
• ¿Por qué el "Informe Benito" afectó precisamente al líder de la lista rival de Poviña en la Asociación de Magistrados?
"Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia."— Disclaimer al pie del artículo de Irene Benito en JUSTA
El disclaimer es revelador: ACIJ se desmarca de Benito. Pero usó su informe para presentar la petición ante la Corte Suprema. La operación funcionó: Barroetaveña renunció, Sanjuan renunció. Poviña sigue intacto.
Fuentes documentales:
• Petición ACIJ ante la Corte Suprema (19/12/2025)
• Artículo JUSTA sobre jueces en AFA (Irene Benito, 22/12/2025)
• Artículo JUSTA sobre venta de sentencias (Irene Benito y Ezequiel Nino, 22/08/2025)
• Letra P sobre Lisandro Catalán y Fernando Poviña (10/09/2025)
• La Gaceta sobre renuncia de Sanjuan (29/12/2025)
• La Nación sobre desvíos AFA (28/12/2025)
Investigaciones de eltucumano citadas:
• Poviña en Atlético Tucumán (24/09/2025)
• Poviña benefició a compañero de lista (27/09/2025)
• Cueva financiera de Martínez Salazar (diciembre 2025)
• Retardo de Justicia en causa Ciudad Universitaria (20/10/2023)
• Cruzada contra la impunidad de Brito (11/03/2024)
• Localización de planos Ciudad Universitaria (10/05/2023)
• La Gaceta reconoce el robo (18/08/2024)
• Pacto Cisneros-Milei-Catalán (30/11/2025)
• Sueldo de Catalán en YPF (noviembre 2025)