El superávit primario de las provincias alcanza mínimos históricos: el impacto del ajuste nacional en Tucumán

Según los últimos datos de la consultora Empiria ─publicados por el sitio Ámbito─ el superávit primario provincial en Argentina se redujo al 0,2% del PBI, una cifra que marca una fuerte desaceleración respecto al 0,4% registrado en 2025 y queda a una distancia abismal del pico del 0,9% alcanzado en 2024. Este registro es el más bajo de los últimos 13 años, solo comparable con los niveles de 2012 y 2013, lo que refleja un agotamiento del margen de maniobra de los gobernadores.

Esta asfixia financiera es el resultado de un "efecto pinza": por un lado, el severo recorte de las transferencias discrecionales por parte del Gobierno Nacional y, por el otro, la caída real de los impuestos coparticipables debido al freno en la actividad económica. Para las administraciones provinciales, esto significa que el margen fiscal para cubrir gastos corrientes o cumplir con el pago de deudas se ha reducido a la mitad en comparación con el año pasado.

Tucumán no es ajena a este fenómeno de erosión recaudatoria. A la caída de los fondos nacionales se suma el retroceso de su propia recaudación. De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los impuestos locales sufrieron bajas sensibles por la caída del consumo y la actividad. En el caso específico de la provincia, la recaudación del impuesto Automotor registró una caída real del 7,7%, ubicándose entre las jurisdicciones con mayores descensos en este rubro junto a Buenos Aires y Santiago del Estero.

Este retroceso fiscal se produce en un contexto donde otros tributos clave a nivel nacional, como Ingresos Brutos y Sellos, también muestran signos de debilidad, con caídas consolidadas del 3,4% y 2,7% respectivamente.

La situación de Tucumán adquiere una dimensión más delicada cuando se analiza su realidad social. En el ranking nacional de condiciones de vida, la provincia ocupa el puesto 22 de 24, superando únicamente a San Juan y Chaco. El dato más alarmante que arroja el informe es que el Jardín de la República ostenta la tasa de informalidad laboral más alta del país, alcanzando el 60%. Esto significa que seis de cada diez trabajadores tucumanos no cuentan con protección social ni aportes jubilatorios, en un mercado laboral que además registra un 6% de desempleo.

La precariedad también se traslada al hogar. El déficit habitacional es crítico: el 32% de las viviendas tucumanas se encuentran en zonas inundables o basurales, el porcentaje más alto de todo el relevamiento nacional. Además, un 4% de los hogares son considerados irrecuperables y un 19% requieren mejoras urgentes.

Los indicadores de desarrollo humano tampoco ofrecen alivio. En el ámbito educativo, los resultados de las Pruebas Aprender sitúan a Tucumán entre los peores desempeños del país. Apenas el 45% de los alumnos alcanza niveles satisfactorios o avanzados en Matemática, mientras que en Lengua el nivel de aprobación es del 69%.

En materia de salud, la vulnerabilidad se manifiesta en que solo el 65% de la población cuenta con cobertura médica, dejando a una gran parte de los habitantes bajo la exclusiva órbita de un sistema público que hoy enfrenta el desafío de la reducción de fondos. Con un 25% de pobreza y 108 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada 1.000 habitantes, la dependencia de la asistencia estatal y la inversión pública es altísima en un momento donde el superávit fiscal se ha vuelto una quimera.

El escenario para el resto de 2026 se presenta desafiante. Mientras jurisdicciones como CABA o Río Negro logran mantenerse en la cima del ranking social y fiscal, Tucumán queda expuesta a las consecuencias de un ajuste nacional que amenaza con profundizar aún más la brecha de desigualdad en el norte argentino.