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Elevan a juicio oral una emblemática causa contra el empresario Grandi

"Boom" inmobiliario

Un abogado penalista relató los avatares que sufrió en la Justicia tucumana una demanda contra la constructora por la caída de una pared lindera en Virgen de la Merced al 200.

Foto: Inés Quinteros Orio





En la madrugada del 17 de febrero del 2014, ocurrió lo que estaba previsto. La pared de una vivienda lindera a una construcción cedió ante el avance descontrolado de las máquinas que lastimaron sus cimientos. Como resultado, una familia tucumana despertó al borde de un abismo de 15 metros, que se había cavado para erigir un edificio de la constructora Grandi.

Desde ese episodio, que puso en serio riesgo a los ocupantes de la casa, pasaron tres años. Y recién ahora la causa será elevada a juicio oral, a pedido del fiscal Claudio Osmar Bonari. La noticia es que es la primera vez que Miguel de la Cruz Grandi deberá comparecer ante un tribunal por los daños ocasionados a una familia tucumana.

El abogado de los damnificados, Joaquín Olaizola, explicó en diálogo con eltucumano.com que el caso es relevante porque “es el primera vez que se va a elevar a juicio oral a un empresario de la construcción”. Añadió que “el poder punitivo del Estado siempre va contra los más vulnerables, contra los ladrones de gallinas, pero no contra el poder económico. Por eso esperamos que en esta oportunidad haya una condena ejemplar”.

Olaizola llegó a esta conclusión luego de peregrinar por los pasillos de Tribunales.  En primer término, la causa recayó sobre la Fiscalía Nº2, a cargo de Carlos Albaca, quien intervino en causas tan resonantes como la de Paulina Lebbos. Sin registro de novedades, el expediente pasó a la fiscalía de Adriana Giannoni, donde tampoco hubo avances. Finalmente, las pruebas llegaron al fiscal Claudio Osmar Bonari, quien firmó la elevación a juicio oral, a tres años del incidente que dejó a los damnificados sin vivienda.

“Hay un poder político y económico que es el que influye en los otros poderes. Sin duda, estos empresarios manejan un poder económico importante. Nosotros tuvimos la suerte de encontrar funcionarios judiciales que no se dejaron intimidar”, sostuvo Olaizola en referencia al último fiscal que tomó la causa caratulada y le imprimió celeridad.



Un negocio redondo

La pared lindera cayó en un tórrido mes de febrero. Una vecina vio que las máquinas de la constructora Grandi trabajaban a destajo para cavar el pozo desde donde se erigirían los cimientos de un nuevo edificio en corazón de San Miguel de Tucumán.

La Municipalidad capitalina tomó la denuncia y, por orden de la ingeniera Elena Forgas, se ordenó la clausura de la obra en los días previos al derrumbe. “Grandi tenía un plan aprobado por el municipio, pero ese verano las lluvias fueron constantes y el movimiento de tierra se tornó imprevisible, al punto que los cimientos de la casa quedaron al descubierto”, reveló Olaizola para luego explicitar que la clausura suponía que la constructora encare las tareas de submuración necesarias para evitar la caída de la pared que estaba en riesgo.

Sin embargo, según el relato del abogado, Grandi retiró a los trabajadores de la construcción y la familia quedó librada al azar. Los crujidos de esa noche se tradujeron en la caída de la pared. Lo que sigue después es historia: la familia tuvo que abandonar la casa de calle Virgen de la Merced para mudarse, por gestión de Grandi, a un departamento de la constructora Mas y Rovira

Meses anteriores al inicio de la obra, Grandi había ofrecido a los propietarios la compra de la vivienda por $3.500.000, los cuales se pagarían con los departamentos a construir. Según el abogado, ese era sólo el precio del terreno, por lo que sus clientes decidieron rechazar la oferta. “No sólo quería quedarse con el terreno si no estafarlos con cartón pintado”, dijo Olaizola. “Estas constructoras destruyen las propiedades linderas para bajarles el precios de venta y entrar a negociar el valor que tiene. A futuro, se quedan con un terreno de gran valor sobre el cual construye castillos en el aire”, denunció.


En el banquillo

Miguel de la Cruz Grandi deberá enfrentar el cargo de estrago culposo agravado por peligro de muerte que se le imputa. Las pruebas fueron aportadas por el municipio, representado por la ingeniera Forgas, y por personal de Bomberos. La pena es de hasta cinco años de prisión.  

“Grandi puso en riesgo la vida de los habitantes de la casa. Para tener una idea, la pata de una cuna quedó al vacío cuando se cayó la pared. Si la criatura estaba ahí en ese momento, fallecía”, expresó el especialista en Derecho Penal. Por otra parte, aportó que en las acusaciones “se tomó en cuenta el peligro que representó el derrumbe para la seguridad pública”, debido a los cortes de gas y electricidad que se registraron a causa del incidente.



De tucumano a tucumano

El pedido de elevación a juicio oral del empresario Miguel de la Cruz Grandi tiene lugar en un contexto particular. En febrero pasado, el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, José Luis Avignone, informó que 93 edificios de la capital tucumana no cuentan con Certificado Final de Obra. Según la Dirección de Catastro, 62 pertenecen a las constructoras Mas, Barenbreuker y Grandi.

La situación destapó una problemática más amplia en torno al negocio de las empresas constructoras. En redes sociales, decenas de personas se organizan para denunciar a Grandi por excesivas demoras en las entregas de departamentos. Por otra parte, un numeroso grupo recurrió a la Justicia para demandar a Otto Barenbreuker por vender departamentos que nunca llegaron a construirse. 

Finalmente, están quienes viven en  edificios sin habilitación expuestos a serios riesgos, como por ejemplo la provisión de gas a través de garrafas y la falta de extintores y/o mangueras de incendios. Avignone y la concejal Sandra Manzone (Acuerdo para el Bicentenario) denunciaron, respectivamente, que las reiteradas negligencias podrían ocasionar “un nuevo Cromañon” o un episodio similar a “la tragedia de Rosario” en nuestra ciudad.