Dieciocho días de silencio: La Gaceta oculta el "valijazo" de la Caja Popular mientras el frente cisnerista opera contra la reelección de Jaldo

Dieciocho días lleva el silencio del diario centenario La Gaceta sobre el mayor escándalo financiero de la provincia en una década. Desde el 3 de julio, cuando eltucumano reveló el "Valijazo" en el Banco Macro, el relevamiento de este medio sobre el archivo digital de lagaceta.com.ar —búsquedas por "valijazo", "Caja Popular", "Legajo 9492" y los montos del caso, entre el 3 y el 21 de julio— no arroja una sola mención al retiro por ventanilla de $21.105.019.379,18 en billetes —unos 17 millones de dólares, convertidos al tipo de cambio oficial de cada trimestre— entre abril de 2025 y marzo de 2026. En ese lapso, la única aparición de la Caja en el diario fue ceremonial: la nota del 14 de julio por los 111 años de la entidad, que registra hasta la interna gremial, pero omite el requerimiento antilavado. El contraste con su propia historia es directo: fue ese mismo diario el que en 2015 destapó el primer "valijazo" de la Legislatura. Éste, el de la entidad crediticia de todos los tucumanos, no existe en sus páginas.

Los movimientos carecen de registro de sus destinatarios finales y un 82% del monto relevado —los tres primeros trimestres del período— salió bajo la conducción de José César Díaz, el interventor que el propio diputado nacional Carlos Cisneros reconoció públicamente haber recomendado. La alarma la encendió el requerimiento antilavado que el Banco Macro cursó a la Caja —sello de recepción del Legajo 9492, 18 de mayo de 2026—, que exige informar nombres, número de identificación tributaria y motivo de cada pago en efectivo, conforme a los protocolos de la Unidad de Información Financiera que marcan como señal de alerta los retiros significativos de numerario.

El requerimiento del Banco Macro a la Caja Popular de Ahorros, con el sello de recepción "Leg. 9492 · 18-05-26 · 12:00". Fuente: documento aportado a la investigación.

La única respuesta de la Caja al control antilavado había sido una: los retiros eran sueldos.

Gerencia General de la Caja · 5 de junio de 2026 · según los considerandos de la Resolución de Intervención N° 466/26"[Las extracciones] corresponden al pago de haberes del personal de la Institución, conforme la modalidad operativa habitual que se usa para el pago de sueldos […] la totalidad de las erogaciones se encuentran debidamente respaldadas."

Esa defensa, firmada por el gerente general Pablo Díaz Sánchez por correo electrónico y sin intervención de los órganos de gobierno de la entidad, se desmoronó con la publicación. El 3 de julio —el mismo día en que este medio reveló el caso— el interventor Guillermo Norry, con acuerdo del subinterventor Antonio Bustamante, dictó la Resolución de Intervención N° 466/26 (Expediente N° 2.779/360/2026), cuyos considerandos reproducen aquella respuesta del 5 de junio, y dispuso lo contrario de lo que la Caja venía sosteniendo: suspendió toda extracción de efectivo por ventanilla, abrió una información sumaria y formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue "la posible comisión de un delito contra la administración pública provincial". Cinco días después, el Tribunal de Cuentas tomó conocimiento de esos actos por el Acuerdo N° 2663 y se reservó el juzgamiento del eventual daño al erario. Entre el "eran sueldos, todo respaldado" y la denuncia penal hay veintiocho días y una sola diferencia: en el medio, la publicación.

La publicación de eltucumano.com que dio a conocer el escándalo.- 

Días después, la propia Caja rompió el silencio y admitió que parte del personal cobra en efectivo, aunque aclaró que eso "no significa justificar las operaciones". La admisión no resuelve el fondo: la primera reconstrucción de este medio partía del estándar de una entidad financiera urbana, y el pago en efectivo a empleados —aun de existir en la escala alegada— no cierra la trazabilidad de los destinatarios ni explica que la serie de retiros salte cinco veces de un trimestre a otro. Una masa salarial no se comporta así, y el propio interventor lo dijo: no justifica las operaciones.

El paracaídas de oro y las auditorías en familia

El silencio del diario no cubre un episodio: cubre una serie. Tampoco publicó una línea sobre el "paracaídas de oro" de José Díaz: en junio de 2023, el subinterventor Hugo Ledesma —cuñado de Carlos Cisneros— firmó la Resolución N° 494/23 para designar a su propio jefe en un cargo de planta permanente como Subgerente General Adscripto, acto que el Tribunal de Cuentas anuló por "desviación de poder" y remitió al fuero penal. La designación le permitió a Díaz percibir dos haberes de jerarquía del Estado en simultáneo, en infracción al artículo 9° de la Constitución provincial, durante 31 meses de cobro irregular; la cuantificación del perjuicio está en curso ante el Tribunal de Cuentas y la reconstrucción de este medio la ubica en torno a los $700 millones. La Justicia investiga, además, cómo Díaz ejercía la abogacía privada en causas de censura por los intereses de la familia Cisneros mientras gozaba en la Caja de una licencia psiquiátrica de largo tratamiento.

Nota de eltucumano.com del pasado 6 de mayo.- 

Y tampoco registró el diario la anulación de las auditorías "en familia": la gestión de Díaz contrató de forma directa al estudio Concilio & Sarralde para el control externo de la entidad, pese a que su socio gerente, Octavio Concilio, es hermano del gerente de Riesgos del Trabajo de la propia Caja. El mismo estudio que preparaba la contabilidad firmaba después los informes que la validaban. El Tribunal de Cuentas declaró esos contratos nulos, de nulidad absoluta e insanable, pese a que asesores y gerentes financieros de la entidad habían advertido internamente contra su renovación.

Nota de eltucumano.com del pasado 27 de junio.- 

La ampliación federal: veinticuatro matrículas y una soldadura

Lo que ese silencio protege quedó escrito, además, en el expediente federal. El Juzgado Federal N° 2 investiga una denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica cuya ampliación y acumulación a la causa 23/2026 fue solicitada — el expediente donde Cisneros ya está investigado por trata de personas y el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió su indagatoria. La maniobra de Cisneros denunciada en sede Federal tiene veinticuatro matrículas documentadas por folio real y tres sociedades como vehículo, con un total escriturado por el círculo de $130,9 millones de pesos  —poco más de un millón de dólares al cambio oficial de cada acto— contra piezas cuyos comparables de mercado superan, sólo en los tres casos con fuente, los USD 4,8 millones de dólares. Según la propia declaración jurada 2024 del diputado Carlos Aníbal Cisneros, todo su parque inmobiliario vale unos USD 130.600 dólares.

La investigación Federal sobre Cisneros incorpora lo que describe como una confesión documental: el cotejo de las seis declaraciones juradas del diputado contra el Registro Inmobiliario mostraría superficies declaradas correctamente en 2019 y 2020, degradadas después a valores de relleno y restauradas al centímetro registral en la última declaración, presentada el 30 de julio de 2025 — una secuencia que excluye el error y evidencia la falsedad maliciosa: Cuatro de las seis unidades del complejo Terrazas Park, jamás fueron declaradas; las seis se compraron al mismo precio de $9 millones cada una, para superficies que difieren más de catorce veces, a un vendedor —empleado de firmas de la red del juego e identificado por esta investigación como hijo de crianza de Roberto Sagra— que fue detenido el 12 de mayo en el aeropuerto Benjamín Matienzo cuando intentaba abordar un avión con un arma cargada. Los informes comerciales acompañados registran, además, una relación de empleo del diputado con el Banco Macro, con aportes patronales mes a mes desde octubre de 2019, que su declaración jurada omite: el mismo banco de la ventanilla del valijazo.

Pero el punto que une todos los hilos es otro. La ampliación señala como probable delito precedente del lavado, precisamente, el circuito de fondos del juego de la Caja Popular —incluido el retiro en efectivo de los $21.105 millones que este medio reveló y que La Gaceta lleva dieciocho días sin mencionar—. Si esa hipótesis prospera, el silencio del diario no habrá omitido un escándalo administrativo ajeno: habrá omitido el eslabón que la Justicia Federal está llamada a rastrear entre la caja del juego y el patrimonio del círculo cisnerista.

Lo que el fiscal federal ya tiene probado del Clan Cisneros

El fiscal federal Rafael Vehil Ruiz recibió un cuerpo documental con la prueba ofrecida que se compone, según las propias presentaciones, de veinticuatro informes de dominio del Registro Inmobiliario de la Provincia —instrumentos públicos del artículo 27 de la Ley Nacional 17.801, expedidos entre el 5 y el 11 de junio de 2026—; las seis declaraciones juradas patrimoniales íntegras del diputado (ejercicios 2019 a 2024), obtenidas por el régimen de publicidad de la Ley de Ética Pública; los boletines oficiales que instrumentan la trama societaria, de la hotelera de las hijas a la financiera de objeto ilimitado y a la sociedad del juego del Hipódromo; la individualización de diecinueve escrituras por número, fecha y registro notarial —diez de ellas concentradas en un mismo registro, dato que la presentación ofrece a la luz del deber de reporte que la ley antilavado impone a los escribanos—; los informes comerciales que contrastan el perfil de ingresos de cada adquirente con su patrimonio registral; y el registro audiovisual del programa El Avispero del 15 de junio, cuya preservación y secuestro se solicitó con transcripción certificada. Sobre esa base se pide el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de todo el círculo desde 2019; oficios al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera, a los organismos recaudadores, a Caja de Valores, a las billeteras electrónicas y a las plataformas de criptoactivos; una pericia contable que convierta cada acto al tipo de cambio oficial de su fecha exacta y una pericia de tasación que mida la brecha entre valores declarados y de mercado; y las cautelares: anotación de litis y prohibición de innovar sobre las veinticuatro matrículas, inhibición general de bienes de los nombrados e indisponibilidad de las cuotas de las tres sociedades, con miras al eventual decomiso.

El funcionario en las dos puntas

La ampliación suma, además, dos calificaciones que la denuncia de abril no contemplaba: negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) y tráfico de influencias (artículo 256 bis). La base que invoca es documental: Cisneros es socio único y administrador de Emprendimientos Argentinos, una Sociedad por Acciones Simplificada cuyo estatuto la faculta a designar agentes para la comercialización de los juegos del Hipódromo de Tucumán y condiciona expresamente esa operatoria, por partida doble, a la "previa autorización de la Caja Popular de Ahorros" — el organismo sobre el que el propio diputado ejerce, según la presentación, influencia determinante. Esa sociedad representa cerca del 46 por ciento de su patrimonio declarado al cierre de 2024. El 15 de junio, en El Avispero de Enterate Play —una radio del ecosistema mediático en el que admitió "una participación importante"—, Cisneros habría reconocido públicamente que decide qué plataformas de apuestas operan en la provincia, que recomendó al interventor Díaz y que le "transmitía el criterio", según el registro audiovisual cuya preservación pide la denuncia (bloque 1:03:45 a 1:05:12). El funcionario que requiere la habilitación y el que la concede, en la misma persona.

Entre las personas cuya investigación se solicita figuran el propio Díaz —abogado de las hijas del diputado antes de ser interventor—, Roberto Sagra, el cuñado Hugo Ledesma —ex subinterventor de la Caja— y el ingeniero Maximiliano Paolini, nodo técnico común de las operadoras de apuestas presentadas como competidoras entre sí y titular, desde abril de 2026, del 20 por ciento de Golden Game —la operadora de TucuApuestas— por una cesión de $100 millones: un mercado sólo aparentemente competitivo, servido por un mismo anillo técnico y de cobros, montado sobre el monopolio del juego que movilizó unos 9.500 millones de dólares en tres décadas, según la proyección conservadora de este medio sobre balances sin auditoría externa.

La otra mitad de la operación: el armado contra la reelección

Mientras calla todo lo anterior, el frente mediático cisnerista —La Gaceta, Enterate y Tendencia de Noticias— sobreactúa una preocupación republicana: la constitucionalidad de una eventual candidatura de Osvaldo Jaldo en 2027. El eje de la campaña fue la filtración en medios nacionales de un supuesto "informe jurídico reservado" que fundamentaría la impugnación: un texto de autoría anónima, donde ningún jurista asume responsabilidad profesional, que recurre a la pseudocuantificación —un "riesgo probable del 45-60 por ciento" sin sustento metodológico— y que pone al mismo nivel notas de opinión y fallos de la Corte Suprema. Al armado se sumó el radical Mariano Campero, que declaró en Enterate que la candidatura de Jaldo "está floja de papeles" y que "él lo sabe", agitando el antecedente de San Juan y Formosa.

El debate jurídico real es más angosto de lo que el operativo sugiere. La lectura literal del artículo 90 de la Constitución de Tucumán habilita la candidatura: un vicegobernador con dos mandatos puede ser elegido gobernador y aspirar a una reelección, y así lo sostienen el oficialismo y los constitucionalistas que consultó este medio. La tesis adversa no se apoya en la letra del artículo, sino en proyectar sobre Tucumán el criterio que la Corte Suprema aplicó en San Juan y en el antecedente que sufrió Juan Manzur en 2023. No existe hoy fallo que resuelva el caso, y litigar antes de que la candidatura se oficialice es procesalmente frágil — de allí que el objetivo del operativo, más que un fallo, parezca ser la incertidumbre misma. La columna publicada este martes en La Gaceta —"Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?"— reinstala la pregunta en el diario del holding. En la lectura de este medio, la función de esa agenda es el desgaste: repetir sobre el armado territorial de Jaldo, a días de los comicios, el fantasma de una inhabilitación de último minuto, para que la estructura cruja bajo la duda jurídica.

La columna "Rosca posmundial: ¿puede la Justicia frenar la reelección de Jaldo?" publicada este martes. Fuente: lagaceta.com.ar.

El silencio y el ruido son la misma operación

Puestas una al lado de la otra, las dos conductas del frente mediático se explican mutuamente. Lo que se calla protege la caja; lo que se grita disciplina al que la controla ahora. El diario que no encuentra espacio para $21.105 millones salidos en billetes por una ventanilla —señalados en un expediente federal como probable delito precedente de un lavado— dedica sus columnas a un "informe reservado" sin firma sobre una candidatura que todavía no existe. Mientras la provincia enfrenta urgencias reales, la organización que administró el monopolio del juego durante tres décadas usa sus terminales mediáticas para encerrar a Tucumán en un bucle de inestabilidad institucional. El derecho como arma; el silencio como blindaje.

Derecho a réplica: Carlos Aníbal Cisneros, La Gaceta, la Caja Popular de Ahorros, su intervención y todas las personas mencionadas pueden ejercer su derecho a réplica ante este medio; sus respuestas se publicarán con el mismo relieve que esta nota.

Seguí la serie

→ "Valijazo" en el Macro: nadie sabe quién retiró en efectivo más de $21.000 millones de la Caja Popular
→ Turbio monopolio del juego: 9.500 millones de dólares en 30 años de manejo sobre la Caja Popular
→ Las hijas de Cisneros y su operador, dueños de un complejo en Tafí del Valle de 3,7 millones de dólares
→ Los ocho inmuebles de Petraglia: el patrimonio del operador de 25 años
→ El doble sueldo de José Díaz que costó más de $700 millones a la Caja Popular
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