Top

Ajuste fiscal en las cuentas públicas nacionales del primer trimestre 2021

OPINIÓN

"Cuando la pobreza alcanza al 42,2% de la población, por lo tanto la prioridad debe ser asistir a la población y en segundo término el de tratar de reducir el déficit fiscal". Por el economista tucumano, Horacio Rovelli.

Imagen ilustrativa.-


Las cuentas de la Administración Nacional presentan serias inconsistencias que se inician en los ingresos que, deflacionados, son menores a los esperados, máxime que se debe tener en cuenta el mayor gasto público que debe realizarse por la segunda ola del covid-19.


La recaudación total tributaria acumulada del primer trimestre 2020 fue de $1.590.524,6 millones y el ingreso del primer trimestre 2021 fue de $ 2.253.313 millones, acrecentándose en un 41,7%, cuando anualizado los datos de abril 2020 a marzo 2021 la inflación fue del 42,6%, y ello es así, pese al supuesto beneficio que implica para el erario público la combinación de devaluación y de inflación, dada la regresividad de los gravámenes atados a los precios (IVA, Combustible, Impuestos Internos, etc.) que deberían haber sido mayores por la suba de los precios y, al ingreso de los derechos de exportación y aranceles ajustados por la constante depreciación de nuestra moneda y los mayores precios internacionales.  


El ingreso neto de la coparticipación para la Administración Nacional fue para el primer trimestre 2021 de $ 973.357 millones.


También fueron menor a lo esperado los ingresos no tributarios, la venta de bienes y servicios, las transferencias recibidas por utilidades del BCRA y del Banco de la Nación Argentina y, los ingresos de capital.


En síntesis, neto de coparticipación y otros recursos propios de la Administración Nacional, significaron un ingreso total acumulado para el primer trimestre 2021 de solo $ 1.690.234 millones, cuando los ingresos totales  estimados de la Ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021 en su Artículo 2do,  prevé una recaudación para todo el año de $ 6.941.309 millones


LOS GASTOS


De igual manera sucede con el gasto público, que en términos reales dichas erogaciones fueron menores al ajustarse las partidas, principalmente jubilaciones y pensiones (que representa en torno al 42% del gasto público de la administración nacional) y los salarios de los empleados de la Administración Nacional (aproximadamente el 9,2% del gasto total de la Administración Nacional), por debajo de la inflación acumulada en el trimestre que, medida por el IPC del INDEC fue del 13%.  Pero, paralelamente debe computarse el efecto neto de los programas propios de asistencia a familias y empresas en el marco del ASPO, que registra un incremento real de los mismos y descompensan el ajuste fiscal realizado sobre remuneraciones y gastos previsionales.


En el Ministerio de Economía insisten que  la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021 que se estimaba en el 4,5% del PIB, será menor e incluso cercano al 3%.


En primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer trimestre del año, donde el déficit fiscal total suma $ 184.408 millones,  que representa el 9,84% del gasto total y, es un monto mayor a todo el gasto de capital del período (que representó el 5,69% del gasto).


En segundo término, el mismo gobierno tuvo que readaptar las erogaciones para principalmente comprar y distribuir vacunas para enfrentar la pandemia del covid-19 y, en asistir a la población con REPRO II y con salarios complementarios a empresas adheridas al Programa AETP, mediante las Decisiones Administrativas  85 y  281 de 2021 que, en términos financieros, incrementaron las erogaciones de la Administración en $ 47.905 millones y los ingresos en solo $ 2.137 millones. Sumas que deben agregarse a los presupuestados y ejecutados programas sociales como Potenciar Trabajo y planes alimentarios.


El tercer indicador es el de las transferencias corrientes (subsidios económicos) por $168.150 millones, para energía (esencialmente la asistencia financiera a CAMMESA por $71.100 millones)  y al transporte de las provincias  y el AMBA.
 
Como resultado, en el primer trimestre del año los gastos totales base caja fueron por $1.874.642 millones


PROBLEMA


Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública el Estado no puede garantizar que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad, como fundamenta en sus considerandos la ley 27.591 de Presupuesto Nacional 2021.


La propuesta del ministerio de economía es menos sostenible al ser la caída del PIB del 9,9% en el año 2020, motivada por un descenso del 13,1% en el Consumo y del 13% en la Inversión Bruta Fija con respecto al año 2019, año en que había disminuido el PIB en un 2,1%.  Cuando la pobreza alcanza al 42,2% de la población, por lo tanto la prioridad debe ser asistir a la población y en segundo término el de tratar de reducir el déficit fiscal.


Obviamente se debe realizar un sideral cambio en las cuentas públicas si se quiere realmente impulsar el mercado interno. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores ingresos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez, permite desacoplar los precios con los internacionales para el mercado local.  Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública  (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte y la energía en las áreas más pobres).


Se calcula que hay alrededor de pesos, lo cual equivale a menos del  1 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI).

Horacio Rovelli

Tucumano, Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.