Nueva denuncia sacude a la Liga Tucumana de Fútbol por presuntas maniobras ilegales para alterar su Comité Ejecutivo

La crisis institucional en la Liga Tucumana de Fútbol sumó un nuevo y gravísimo capítulo tras salir a la luz una denuncia pública y judicial por "maniobras irregulares orientadas a alterar la composición de su Comité Ejecutivo". Según un documento fechado el 19 de octubre de 2026 en San Miguel de Tucumán, un grupo de dirigentes formalmente suspendidos habría confeccionado "actas con fechas retroactivas" el pasado 16 de octubre con el propósito de concretar el "desplazamiento directivo" del vicepresidente primero, Darío Zamoratte, y colocar en su lugar a Walter Sánchez.

La presentación advierte que las autoridades objetadas actuaron "sin facultades legales ni estatutarias" y que Zamoratte no recibió notificación formal ni válida sobre el cese de sus funciones o el nombramiento de su reemplazante, lo que constituye una abierta violación a las garantías estatutarias. Ante esta situación, se solicitó una investigación urgente para determinar la autenticidad y fecha real de las actuaciones, advirtiendo que, de comprobarse la "falsedad o ilegalidad de los actos", la entidad podría afrontar severas sanciones e intervenciones por parte de organismos de control como la Dirección de Personas Jurídicas.

Esta nueva acusación se integra a un complejo escenario de degradación institucional que tuvo su punto de inflexión a principios de octubre de 2026. En esa fecha, un colectivo compuesto por más de 25 clubes afiliados elevó una severa presentación formal ante el titular del Consejo Federal del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, solicitando una investigación integral sobre el funcionamiento administrativo, económico, contable, disciplinario y deportivo de la Liga Tucumana. Aquella denuncia situó en el centro de los cuestionamientos al presidente de la cúpula directiva, Eduardo Monteros, y al tesorero Ricardo René Elías.

De acuerdo con la documentación difundida por el sitio Más Deportes, entre las instituciones firmantes figuran entidades de vasta trayectoria como Central Norte, Amalia, San Juan, Villa Mitre, Tucumán Central, San Pablo, Atlético Famaillá, La Providencia, Concepción FC, Almirante Brown, Cruz Alta, San José, San Antonio, Santa Lucía, El Corte FC, Atlético Concepción, San Fernando, Sportivo Guzmán y La Florida. La totalidad de los clubes fundamentó su reclamo en la imperiosa necesidad de restablecer el orden estatutario, transparentar la gestión financiera y devolver garantías de seguridad jurídica y competitiva al torneo provincial.

El capítulo económico de los antecedentes contiene los señalamientos de mayor gravedad, destacando la acusación de una "desviación sistemática de fondos institucionales hacia cuentas bancarias personales", apuntando en forma directa a la gestión del tesorero Ricardo René Elías. Según la presentación, la recaudación de aranceles, aportes de los clubes y contribuciones directas habría sido canalizada mediante cuentas privadas, "quebrantando los principios de trazabilidad y transparencia financiera". A esto se añade la exigencia de pagos periódicos por un seguro deportivo obligatorio sobre el cual no se entregaron copias de pólizas, contratos con aseguradoras, costos reales ni detalles de cobertura.

En el plano administrativo, los denunciantes documentaron un "descontrol orgánico" manifestado en la omisión de convocar a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ciclo 2026, impidiendo poner a consideración la Memoria, el Balance General, el inventario y la cuenta de recursos y gastos del ejercicio 2025. La falta de fiscalización se profundizó con el vencimiento de los mandatos del Tribunal de Cuentas en marzo de 2026. Esta acefalía institucional encuentra antecedentes en la temporada 2024, cuando la falta de constitución del Tribunal de Disciplina paralizó el campeonato durante 45 días, generando perjuicios económicos a las instituciones al deber mantener salarios sin percibir ingresos por recaudación.

El plano deportivo y de convivencia también registró hechos de extrema tensión. Por un lado, se cuestionó la reprogramación unilateral de la final entre Concepción Fútbol Club y Deportivo Graneros para el 21 de agosto de 2026 mientras el trámite se encontraba abierto en el Tribunal de Disciplina, medida que "vulneró el debido proceso reglamentario" e incrementó la desconfianza hacia la conducción. Por otro lado, el conflicto escaló al ámbito penal mediante el legajo D-647817/2026 de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, en el que se investiga si el tesorero Elías ingresó al campo de juego con custodios privados tras un partido oficial para "agredir con golpes de puño en el rostro" al Director Técnico de Concepción Fútbol Club.

Frente a la acumulación de irregularidades, las instituciones afiliadas solicitaron al Consejo Federal de la AFA la "suspensión inmediata e inhabilitación preventiva en sus funciones" para el presidente Eduardo Monteros y el tesorero Ricardo René Elías como medida precautoria[11]. Asimismo, requirieron una auditoría contable integral sobre los períodos 2024, 2025 y 2026, el secuestro y resguardo de libros de actas y archivos digitales, la prohibición del uso de cuentas particulares para fondos institucionales y la posterior normalización del organismo. Por el momento, la definición sobre el futuro de la Liga Tucumana de Fútbol permanece bajo el análisis del Consejo Federal.