"Efecto suspensivo": una apelación vuelve a paralizar los comicios de la Asociación de Magistrados de Tucumán

En un nuevo capítulo del enfrentamiento institucional que atraviesa al Poder Judicial tucumano, las elecciones para la renovación de autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) volvieron a quedar formalmente suspendidas este jueves 12 de noviembre. La paralización se produjo luego de que el juez en lo Civil y Comercial Común de la XIII° Nominación, Raúl Tejerizo, concedió "con efecto suspensivo" el recurso de apelación interpuesto por la camarista Malvina Seguí contra su propia sentencia de fondo del pasado 10 de noviembre.

Con esta resolución, el magistrado dejó en suspenso la ejecución del punto segundo del fallo con el que había rechazado el amparo y levantado el freno comicial, lo que restableció de manera automática la vigencia de la medida cautelar de no innovar dictada por la Cámara Civil el pasado 29 de octubre. De este modo, se neutraliza nuevamente el llamado a las urnas convocado para el próximo 3 de diciembre y se traslada la definición definitiva a la alzada. En su proveído, notificado de urgencia por el director de la Oficina de Gestión Asociada N° 3, Fernando Moyano, Tejerizo dispuso la elevación inmediata del expediente habilitando días y horas inhábiles, e intimó a notificar al apoderado de la entidad para que lo informe al Consejo Directivo y al Tribunal Electoral, emplazando a las partes a comparecer ante el tribunal superior en un plazo perentorio de 24 horas.

La apelación de Seguí, confeccionada en un escrito de 28 páginas con el patrocinio del abogado Eduardo Racedo, cuestionó en primer término la competencia del juez de grado para extinguir una medida cautelar que había sido dispuesta por un tribunal jerárquicamente superior. El recurso enfatizó que el artículo 28 del Código Procesal Constitucional establece de forma expresa que los recursos contra sentencias definitivas en procesos de amparo proceden siempre con efecto suspensivo, por lo que reanudar el calendario electoral antes de un pronunciamiento firme de la Cámara tornaría abstracta la revisión y provocaría un daño institucional irreparable.

En cuanto al eje de la contienda —el cómputo de cuatro años de antigüedad requeridos a los funcionarios judiciales o socios adherentes para votar e integrar listas—, Seguí atacó la interpretación de Tejerizo, quien en su fallo del 10 de noviembre había considerado que el artículo 5° reformado constituía una regla especial que desplazaba la cláusula transitoria del artículo 40. La presentación calificó este razonamiento como un absurdo jurídico, fundamentando que la reforma estatutaria aprobada en 2021 difería expresamente su vigencia a la publicación en el Boletín Oficial, hecho acontecido recién el 31 de octubre de 2025. En esa línea, se citó un dictamen técnico de la Asesoría Letrada de la Dirección de Personas Jurídicas que certificó dicha fecha de vigencia, lo que implicaría que ningún adherente alcanzaría la antigüedad estatutaria antes de octubre de 2029. La postulación advierte que la inclusión irregular de aproximadamente 50 funcionarios sobre un cuerpo electoral regular de unos 200 magistrados altera sustancialmente el padrón.

Por el contrario, la actual conducción de la AMT, presidida por la camarista Marcela Machi Ruiz junto al vicepresidente Jorge Jakobsen, defiende que los funcionarios asociados venían abonando sus cuotas mediante descuento por planilla desde noviembre de 2021 y participando de la vida institucional. Sobre esa base, el fallo de primera instancia había invocado el artículo 157 del Código Civil y Comercial de la Nación, la doctrina de los actos propios y lo volcado en el Acta N° 8 de la asamblea del 23 de abril de 2026 para sostener el principio pro sufragio.

Este nuevo freno comicial se inscribe en un laberinto de excusaciones y recusaciones que ha sacudido al fuero civil local. Tras la inhibición inicial del propio Tejerizo por ser socio activo y las excusaciones en cadena en la Cámara Civil, el vocal Benjamín Moisá debió asumir una presidencia subrogante para frenar los apartamientos bajo la advertencia de que la complacencia hace crujir los cimientos de la República. Posteriormente, las camaristas Florencia Natalia Presti y María Soledad Monteros dictaron la cautelar del 29 de octubre que frenó los comicios. La parálisis se mantuvo incluso tras el colapso de una audiencia de conciliación privada el 6 de noviembre y un enérgico reclamo de pronto despacho en el que Seguí manifestó que la regularidad electoral no se negocia en democracia, antes del fallo del martes que ahora vuelve a quedar suspendido.

Más allá de la disputa por las urnas, la confrontación refleja un mapa de poder político cruzado que se remonta a la renovación de representantes ante el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en octubre de 2025. En aquella elección, la lista apadrinada por sectores cercanos a la conducción de la AMT e integrada por Daniel Marranzino y el fiscal Carlos Saltor se impuso en Capital por un ajustado margen de 80 a 79 votos contra la lista del fuero penal, luego de que el juez Gonzalo Ortega retirara su candidatura a favor de Saltor. En esa misma fecha, Malvina Seguí logró la representación titular por el Centro Judicial del Sur. El escenario institucional suma además la presencia de Adela Seguí, hermana de Malvina, al frente de la Escuela Judicial del CAM.

Asimismo, la entidad enfrenta severos frentes judiciales en materia contable. En el Juzgado Civil en lo Comercial Común de la XI° Nominación tramita una demanda de nulidad promovida por la jueza penal Ana María Iacono contra la asamblea que aprobó a libro cerrado el balance 2025. En ese expediente, tras la recusación sin causa del juez Pedro Esteban Yane Mana —tristemente célebre por dictar un fallo contra eltucumano.com mediante el cual le ordenó eliminar publicaciones existentes y le prohibió difundir futuros contenidos relacionados con una exjueza de Familia—, la causa recayó en la jueza Inés de los Ángeles Yamuss. Yamuss realizó una inspección ocular el 13 de octubre, donde constató la existencia de un libro de Bancos sin registros desde mayo de 2017, planillas informales en Excel con notas manuscritas, facturas de medicina prepaga a nombre de personas físicas y comprobantes sueltos por sumas millonarias, como un recibo sin membrete por $6 millones en concepto de comida. Posteriormente, la magistrada requirió los extractos de todo 2025 al Banco Macro, lo que motivó que la AMT la recusara con causa alegando un anticipo de criterio por un mensaje de WhatsApp, planteo rechazado por Yamuss invocando el principio de no contradicción de Aristóteles y que aguarda resolución de la Cámara. A ello se añade la observación sobre la relación de amistad pública en redes sociales entre la jueza Yamuss y las hermanas Seguí.

En forma paralela, el juez penal Gonzalo Ortega formuló severas intimaciones reclamando auditorías sobre el ejercicio 2024 y el período de acefalía entre 2022 y 2024 constatado por Personas Jurídicas. Ortega cuestionó gastos de $22,7 millones en cafetería, erogaciones en farmacias y transferencias a la UNSTA, retiró su solicitud de reafiliación denunciando que se le impidió auditar los libros y manifestó sentir vergüenza ajena por la falta de transparencia.

Aunque la presidenta de la AMT, Marcela Machi Ruiz, calificó públicamente la situación de bochornosa en una entevista con el periodista Carlo Cazón, pero atribuyó los planteos a una maniobra de la interna para debilitar a la institución, la concesión del efecto suspensivo por parte de Tejerizo traslada ahora la responsabilidad a la Cámara Civil, que deberá resolver de forma urgente si convalida el padrón ampliado o si dispone diferir la participación de los socios adherentes hasta el año 2029.