Adoctrinamiento "woke" en el Poder Judicial de Tucumán: sólo LGTBQ, feminismo, discriminación y lenguaje inclusivo en la agenda de Derechos Humanos

“El feminismo cae en el linchamiento moral sin parámetros claros del justo proceso y eso a mí me asusta"

                                                                                        Rita Segato, antropóloga feminista argentina.

La reciente implementación de capacitaciones obligatorias en “Derechos Humanos” impuestas por la Corte Suprema provincial confirman un sesgo ideológico ajeno a nuestro ordenamiento Constitucional - la cultura de la cancelación vulgarmente llamada "Woke" - que impregna a todo el Poder Judicial Tucumano, fomentando abusos y corrupción de toda índole bajo el disfraz de legalidad tal el caso de la Censura Previa lograda por el tandem Valeria Bran - Pedro Yane Mana.

En efecto, mediante la Acordada N°1325/24 la Corte oferta "Ciclos Orientados está conformada por: Derechos de las Personas LGTBIQ+, Derechos de las Personas con Discapacidad, Discriminación y racismo, Derecho a la Identidad y Lenguaje Claro".

"En mayo se dictará el Módulo sobre Acceso a la Justicia y Perspectiva de Género, en conjunto con la Oficina de la Mujer. Esta formación forma parte del Programa de Actualización para funcionarios y funcionarias (PAF), acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (Resolución N° 386/2023)", completa el comunicado de la Corte Suprema tucumana, colonizada por poderes foráneos.

La imposición de esta agenda se inscribe en una tendencia más amplia que ha marcado al sistema judicial tucumano en los últimos años: una Justicia que parece más preocupada por la adhesión a doctrinas de ingeniería social globalista y prosionista que por garantizar un servicio eficiente e independiente para la ciudadanía de la provincia de Tucumán.

La semana pasada, en la inauguración del "Año Judicial", el presidente de la Corte Suprema de Tucumán Daniel Leiva trazó un panorama judicial plagado de autocelebraciones y métricas de "eficiencia judicial".

"Durante el año 2024 se trabajaron un total de 2104 legajos nuevos de los cuales el 57% correspondieron a delitos contra la integridad sexual; 33% del total se presentaron en un contexto de violencia doméstica y de género mientras que el resto referían a distintos delitos tales como homicidios y robos entre otros", el presidente de la Corte que denegó a este diario el acceso a la información sobre las estadísticas judiciales provinciales en materia de género y violencia y medidas autosatisfactivas.  

La Corte Suprema tucumana y su subornidación al globalismo internacional

Desde el año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán firmó un convenio con la Fundación Memoria del Holocausto y la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina (AAJRA), entidades estrechamente vinculadas con la DAIA y el gobierno de Israel. Este acuerdo, presentado como un “avance en materia de Derechos Humanos”, ha revelado en los hechos un programa de capacitaciones obligatorias y un tutelaje foráneo en las cuestiones de derecho interno, marcando una agenda ideológica de la Corte hacia los magistrados inferiores .

Las temáticas en Derechos Humanos de los representantes isralies van en consonancia con las políticas de género, diversidades sexuales y lenguaje inclusivo que ordena la Corte provincial, deja de lado principios esenciales como el derecho a la legítima defensa, la imparcialidad en los procesos y la lucha contra la corrupción. Esto ha despertado cuestionamientos sobre la verdadera finalidad de estos cursos: ¿se busca formar jueces con conocimientos sólidos en derechos humanos o simplemente adoctrinarlos dentro de una matriz ideológica específica?

Los cuestionamientos no son menores. La firma de este convenio ocurre en un momento en el que Israel enfrenta denuncias internacionales por genocidio en la Franja de Gaza ante la Corte Penal Internacional. En este contexto, resulta llamativo que la Corte Suprema tucumana elija como socios estratégicos a organismos ligados a un Estado acusado de vulneraciones graves a los derechos humanos.

La Perspectiva de Género o el mantra del adoctrinamiento

El impacto de estas formaciones se ha hecho evidente en la actividad del Poder Judicial tucumano. En los últimos años, los jueces y fiscales han incorporado de manera sistemática la perspectiva de género en sus fallos y declaraciones, al punto de convertirla en la única agenda visible del sistema de Justicia provincial.

Bajo el pretexto de modernizar la Justicia, este adoctrinamiento es impulsado - bajo la tutela de organizaciones sionistas israelíes-  priorizando la perspectiva de género, la diversidad sexual y el lenguaje inclusivo, dejando de lado pilares fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso real a la justicia social.

Esto ha generado un doble fenómeno. Por un lado, se ha promovido la aplicación de medidas como perimetrales exprés y detenciones preventivas con una simple denuncia, sin que existan sentencias firmes ni una evaluación objetiva de los casos. Según abogados penalistas, esto ha derivado en una judicialización arbitraria de la conflictividad social, con miles de varones expulsados de sus hogares o encarcelados sin pruebas concluyentes.

Por otro lado, este enfoque ha servido para encubrir los problemas estructurales del Poder Judicial. Mientras se multiplican los discursos sobre equidad y diversidad, se omiten cuestiones críticas como la falta de independencia judicial, la impunidad en casos de corrupción y la connivencia entre jueces y políticos.

Las juezas Marcela Ruiz, Valeria Brand y Claudia Inés López, vanguardia de un corrupto hembrismo judicial.

Un ejemplo de la locura y corrupción "woke" desde la magistratura tucumana:

"El instituto de la legítima defensa, por dar sólo un ejemplo, ha sido creado por hombres y para hombres. Presupone una lucha entre dos personas con fuerza similar. Las mujeres sabemos que nunca enfrentaríamos a un hombre en una batalla cuerpo a cuerpo, es una lucha perdida. ¡Cuánto costó introducir el concepto de la legítima defensa diferida en las situaciones de violencia doméstica!"

"La mayoría de las veces se disfraza la discriminación con el ropaje de la protección. La verdadera razón es que se consideraba a la abogacía como una carrera demasiado violenta para ser ejercida por una frágil mujer. La primera abogada que se recibió en la facultad de derecho de la UNT no ejerció. La segunda que se recibió y primera en ejercer, la Dra. Villagra de Billone me contó personalmente que cuando ella fue con su padre y su hermano, que la presentaron orgullosos en su primera reunión del día del abogado, el primer saludo que recibió fue de un abogado que le dijo: ¿Qué hace Ud. aquí? Dedíquese a la docencia. Yo a Ud. no le confiaría ni un cobro de pesos. ¡Qué bienvenida! ¡y eso que ya había baños de mujeres! Somos herederas también, aunque no lo sepamos, del feminismo de la diferencia que dijo: estamos de acuerdo con la demanda por la igualdad formal pero recuperemos la voz de la mujer  y el derecho a ser diferentes sin que esto signifique una pérdida de derechos. La licencia por embarazo es fruto de esta lucha, en Argentina. En Estados Unidos no existe licencia por embarazo. En Chile, todavía hay obras sociales que tienen lo que se llamó vulgarmente “planes sin útero”, o sea, planes que cubren todo menos el embarazo y el parto", escribía sin tapujos la entonces jueza del juzgado de Familia de la VI nominación Claudia Inés López en la web de los magistrados tucumanos autora de la doctrina pro autosatisfactiva "porque la señora lo pide y es una cuestión de Derechos Humanos" (SIC) como toda prueba para imponer las medidas anticonstitucionales en Tucumán.

Violencia hembrista y corrupción  judicial de la entonces jueza Claudia Inés López favoreciendo amistades en actas del juzgado VI de Familia.

El 25 de julio de 2023 nuestro diario solicitó a la Corte Suprema las estadísticas judiciales sobre la cuestión de violencia de género en la provincia en la que uno de cada tres policías tucumanos es destinado a custodiar mujeres que denuncian violencia de género: Cuatro mil uniformados por día son asignados a tareas de custodia a mujeres denunciantes de violencia de género. Representan más de la tercera parte de los 11.000 agentes de la fuerza. Abogados advierten una maquinaria judicial con la que “con una simple denuncia, un hombre es enviado a una celda o expulsado de su hogar con lo puesto”. El pedido de acceso a la información pública fue rechazado por los cortesanos.

En la provincia de Tucumán, la sobreactuación woke del Poder Judicial es posterior a la muerte de Paola Tacacho en 2020 después que la víctima denunciara en 22 oportunidades ante jueces y fiscales tucumanos a su asesino, sin lograr conmover al Poder Judicial tucumano ahora convertido en el más feminista del mundo. El asesino es hermano del principal financista del saabismo ladrón de la Ciudad Universitaria contra la UNT.

Desde entonces, todo el aparato estatal tucumano (la cúpula del Poder Judicial tucumano, el Poder Ejecutivo, la Legislatura y la Universidad Nacional de Tucumán) comenzó a incorporar fiscalías de género, juzgados penales de género, observatorios de género, secretarías y direcciones de género, dictado de miles de medidas perimetrales contra varones denunciados. Así, cuatro mil uniformados - uno de cada tres policías tucumanos – son destinados a custodiar mujeres denunciantes de violencia de género.

En efecto, post caso Tacacho uno de cada tres policías tucumanos son asignados a tareas de custodia a mujeres denunciantes de violencia de género (más de la tercera parte de los 11.000 agentes de la fuerza). Abogados advierten una maquinaria judicial con la que “con una simple denuncia, un hombre es enviado a una celda o expulsado de su hogar con lo puesto”, mientras se acumulan miles de causas sin ninguna resolución judicial que dilucide las denuncias. 

Tampoco da cuenta la Corte subitamente feminista del calvario judicial que atraviesa Marina Moris, madre que se animó a denunciar al multioperador judicial y lobbysta del diario La Gaceta Rodolfo Tercero Burgos, y sólo después de un amañado proceso judicial de más de tres años resultó condenado a 5 años de cárcel por abuso sexual de su hijita de 5 años pero sigue en libertad, sin que eso llame la atención de la Corte y su agenda de Derechos Humanos. Doble estándar evidente.

Adela Seguí y Diego Lamoglia: los rostros de una Justicia sin independencia

El avance de esta agenda ideológica en el sistema judicial tucumano se ve reflejado en el perfil de algunos de sus principales actores.

Por un lado, Adela Seguí, actual directora de la Escuela Judicial de Tucumán, es una de las figuras clave en el encubrimiento del robo de la Ciudad Universitaria de la UNT. A pesar de los múltiples cuestionamientos en su contra, Seguí ha sido recompensada con el control de la formación de futuros magistrados. Bajo su dirección, la “Escuela Judicial” tucumana se ha convertido en un centro de adoctrinamiento donde se impone la perspectiva de género como un dogma incuestionable.

Por otro lado, el juez Diego Lamoglia se ha consolidado como otro engranaje del encubrimiento institucional. Su rol ha sido central en la protección de funcionarios implicados en delitos de corrupción y en la manipulación de causas que involucran a sectores de poder en la provincia. Lejos de ser sancionado, Lamoglia sigue ocupando su cargo con total impunidad.

El juez Pedro Yane Mana y la locura woke en el Poder Judicial tucumano

Otro de los episodios recientes que ponen en jaque la independencia judicial en Tucumán es el fallo del juez Pedro Yane Mana, que impuso censura previa al diario eltucumano.com por supuestos casos de “hostigamiento mediático”. Esta decisión, que va en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional, ha sido denunciada como un claro intento de silenciar a los medios que investigan las irregularidades del Poder Judicial.

Con este fallo, Yane Mana sienta un peligroso precedente: un Poder Judicial que no solo restringe el acceso a la información, sino que castiga a quienes intentan develar sus vínculos con el poder político y económico.

Estos ataques mafiosos y selectivos disfrazados de legalidad con medidas autosatisfactivas (que sólo satisfacen a las mujeres que acceden al lobby de la familia judicial) se han convertido en moneda corriente en el ex fuero de Brand: así lo atestiguan casos como el de una falsa denunciante, abogada experta en divorcios de extrema vinculación con el juzgado de la VI nominación - expediente 6419/20-, quien logró una autosatisfactiva que aún pervive extorsivamente después de 5 años a pesar que la propia patrocinante de la mujer - la abogada Myrna Dip- reconoció que el denunciado/extorsionado "jamás" había ejercido violencia ( la falsa denunciante confesó años después entre sollozos ante el juez - constatado en actas- lo que su entonces abogada Mirna Dip ya había consignado sobre la falsa acusación). Bajo estas condiciones asimétricas "autosatisfactivas" basadas en falsas denuncias, en Tucumán un mismo juez de familia impone restricciones de acercammiento, falla por alimentos o dispone divisiones de bienes sobre los falsamente denunciados.

También en Tucumán, esta visión/locura woke -promovida por las élites financieras globalistas- tuvo su culmen en la celebración mediática de la pena de destierro por cuestiones de Género promovida por la jueza Mariana Rey Galindo. La condena de destierro no existe en el Código Penal argentino y su imposición pretoriana es fruto de las "capacitaciones" a magistrados como las promovidas por la Corte tucumana.

Lea el reclamo completo de eltucumano sobre la censura judicial.

¿Hacia una Justicia subordinada al globalismo?

El caso de Tucumán evidencia cómo el Poder Judicial puede ser cooptado por intereses ideológicos y políticos que poco tienen que ver con la imparcialidad y la equidad.

• La imposición de capacitaciones en Derechos Humanos con un claro sesgo doctrinario.
• La priorización de la perspectiva de género en detrimento de principios básicos como la presunción de inocencia.
• La presencia de jueces y magistrados vinculados a casos de corrupción y encubrimiento.
• La censura previa a medios de comunicación críticos del sistema.

Todos estos elementos configuran un escenario alarmante: un Poder Judicial que ha dejado de ser un garante de derechos para convertirse en un aparato de adoctrinamiento y blindaje de privilegios.

Urge un debate profundo sobre el futuro de la Justicia tucumana y la necesidad de recuperar su independencia real. De lo contrario, los principios constitucionales seguirán siendo letra muerta en una provincia donde la balanza ya no se inclina hacia la justicia, sino hacia los intereses de unos pocos.

Una reciente encuesta impulsada, curiosamente, por la Suprema Corte de Mendoza, publicada por LA NACION y en la que se observa que más del 90% de los consultados tiene una opinión negativa del Poder Judicial: el 58,9% considera que es “pésimo” mientras que el 33% indica que es “regular”. En tanto, la mayor queja y demanda ciudadana está relacionada con la inseguridad y la falta de agilidad en los procesos judiciales. La Corte tucumana parece no haber tomado nota.

La agenda de Género,refugio intelectual de los magistrad@s tucumanos adoctrinados anticonstitucionalmente.