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"En la UNT hubo fuertes irregularidades": siguen los cruces entre el Gobierno de Milei y las universidades por las auditorías

AUDITORÍAS EN LAS UNIVERSIDADES

La Universidad de Buenos Aires acudirá a la Justicia al considerar que las auditorías que le pidió el gobierno a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) violan la autonomía universitaria, y reclaman ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Sergio Pagani, Rector de la UNT. (Foto: Medios UNT)





"Los chorros no van a tener paz en Argentina", afirmó el presidente Javier Milei en declaraciones a Radio Mitre al referirse al pedido de la Universidad de Buenos Aires (UBA) de ser auditada por la Auditoría General de la Nación (AGN) y anunciar que acudirá a la Justicia para denunciar que la auditoría que el Gobierno Nacional encargó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es una intervención institucional que viola la autonomía universitaria. "En la UNT hubo fuertes irregularidades", recordó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro El Gallego Álvarez, quien ya puso como ejemplo del desmanejo de fondos el Robo de la Ciudad Universitaria a la Universidad Nacional de Tucumán.

A través de las redes sociales, el Vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, remarcó que "la UBA le ha solicitado por escrito a la Auditoría General de la Nación que audite los gastos de la universidad en el 2025 tal como lo hizo en el 2021, 2022 y 2023", y subrayó que "la UBA inició un proceso de licitación para que una firma privada nacional o internacional realice, además de la AGN y las auditorías internas, la verificación de los gastos y el sistema de control interno de la universidad".

Respecto de la auditoría que el Gobierno requirió a la SIGEN, Yacobitti manifestó: "Ante la insistencia del Gobierno de que la SIGEN (cuyas autoridades las designa directamente el presidente) intervenga las universidades públicas, la UBA le pidió a la justicia una declaración de certeza para dejar claro si eso corresponde o no, en virtud que, según toda la jurisprudencia, es a la Auditoría General de la Nación que corresponde dicha tarea.   Se trata de preservar la libertad de enseñar y aprender de tentaciones autoritarias y populistas. Obviamente, la UBA acatará lo que la justicia decida".




El vocero presidencial Manuel Adorni había apuntado en duros términos contra la UBA alegando que buscaba "evitar que se inicien auditorías" al rechazar que la misma sea realizada por la SIGEN: "La Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías que muchos argentinos reclaman. La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo. Fin", remató.




En declaraciones radiales que hoy reprodujo el sitio Página12, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que las Universidades están "violando" los derechos de los estudiantes al rechazar ser auditadas, y recordó que la SIGEN auditó a la Universidad Nacional de Tucumán.

"Es muy interesante el documento de la UBA. En 2011, la Sigen hizo una auditoría y no hubo planteo de nada. Hay un antecedente de la Sigen de algunas auditorías. En la Universidad de Tucumán hubo fuertes irregularidades con las autoridades", arremetió, en respuesta al documento titulado "Sí a las auditorías, no a la intervención del Ejecutivo" de la UBA.

"Nosotros lo que hicimos fue volver a la normalidad. La SIGEN es un organismo muy organizado. Hoy el cuatrimestre no se perdió, se dan clases", insistió Álvarez. El funcionario nacional compartió un artículo de Todo Noticias (TN) titulado "La auditoría de la UBA pone la lupa en $8000 millones sin rendir y más de dos mil convenios".

Vale recordar que desde el Gobierno Nacional no se avanzó en la conformación de la comisión de seguimiento de la Auditoría General de la Nación. La semana pasada, se conformó la comisión bicameral Revisora de Cuentas, el vínculo entre el Poder Legislativo y la AGN, que encabeza el peronista Juan Manuel Olmos, y su presidente es el diputado Miguel Ángel Pichetto.



Ante las críticas de Álvarez pero también de funcionarios nacionales como Lisandro Catalán y Patricia Bullrich respecto del Robo de la Ciudad Universidad y el juicio que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal solo contra el exrector Juan Alberto Cerisola y exfuncionarios de su Gabinete, la UNT respondió que "los procesos judiciales que involucran a ex funcionarios de nuestra casa tienen como base auditorías a las que nos hemos sometido y nos seguiremos sometiendo siempre".

Además, el Consejo Superior insistió en "que si algún funcionario conoce delitos cometidos en el marco de la función pública haga lo que le corresponde: denunciarlo en la Justicia y no en una tribuna o ante la prensa". 

Esta declaración avalada por el Rector Sergio Pagani y la vicerrectora Mercedes Leal llamó la atención ya que el propio Consejo Superior tomó conocimiento de que fueron los directores de YMAD por la propia UNT, Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, quienes promovieron declarar terminada la Ciudad Universitaria, pero en lugar de denunciarlos ante la Justicia pidió la anulación de tal convenio, como hizo con el acta del 2 de enero por la que fue llevado a juicio Cerisola.

LEER El Consejo Superior de la UNT exige a funcionarios denunciar delitos a pesar de haber encubierto el robo de la Ciudad Universitaria en 2017


La auditoría de la AGN a la UNT en el año 2013

La AGN realizó en el año 2013 una auditoría en la UNT (se puede descargar al final de la nota) con el objetivo de "evaluar la gestión desarrollada por la UNT en relación al Plan de Obras encarado con recursos provenientes de YMAD para la construcción de la Ciudad Universitaria". Allí se analizó el Régimen Jurídico que la Universidad creo ad hoc para realizar esas obras al margen de la Ley de Obras Públicas, se relevaron los antecedentes y evolución del proyecto como la ejecución física y financiera de esas obras por las que se reemplazó el campus de San Javier.

No obstante, el informe de la AGN no endilga responsabilidades en los presuntos ilícitos detectados: usa impersonales, no hay responsabilidad en nada ni en nadie. Así, a pesar de las auditorías nunca fueron debidamente investigados los promotores desde el directorio de YMAD de la megaestafa como los exRectores Rodolfo Martín Campero y Mario Marigliano, poderosos funcionarios del Rectorado como José Hugo Saab y Augusto González Navarro, director de Asuntos Jurídicos cuyos dictámenes posibilitaron que sea resignificado el “concepto” de Ciudad Universitaria, para que la Ciudad Universitaria sea reemplazada por un plan de obras, y que además esas obras se hagan al margen de la Ley de Obras Públicas.

El informe de la AGN sí subrayó que "de acuerdo a lo informado por la UNT (...) la ejecución del proyecto de Ciudad Universitaria, tal como fuera concebido en el Artículo 18 de la Ley "terminación de la ciudad universitaria, conforme a los planos ya aprobados" nunca llegó a concretarse.

También señaló que el "primer desembolso" de remesas de utilidades desde YMAD tuvo lugar el 8 de agosto de 2006 (Campero y Marigliano reclamaron a Cerisola por el pago adelantado de un millón en 2005) y que "el total de fondos a remitir (...) dependía de la política de dividendos de la empresa".

De ello se desprende que "la UNT no conocía con certeza la fecha cierta de los flujos futuros de ingresos procedentes de YMAD , ni el plan de obras a ejecutar se encontraba finalizado a ese fecha, razón por la cual no resultaba posible a la UNT elaborar una estrategia de mediano plazo".

La auditoría arrojó entre otros resultados que la UNT que manejaba y maneja Saab a su gusto incurrió en una "errónea calificación del carácter privado asignado a los recursos universitarios"; "incorrecta interpretación del alcance asignado al concepto de Obra Pública"; "inexistencia de antecedentes o estudios previos en base a los cuales se haya obtenido autorización legal para modificar el Proyecto de Ciudad Universitaria previsto en la Ley 14.771".

También, reprochó la "falta de aprobación formal del plan definitivo de obras destinado a la construcción de la Ciudad Universitaria" como de "antecedentes que justifiquen la decisión de la UNT de suscribir con YMAD el convenio que dio por cumplida la obligación de distribuir a favor de la Universidad el 40% de las utilidades líquidas y realizadas de dicha empresa".

 

El día que la UNT pidió a la AGN que audite las obras que se realizaron con los fondos de YMAD

El 10 de abril de 2018, la Rectora Alicia Bardón le pidió mediante nota escrita al contador Oscar Lamberto, presidente de la Auditoría General de la Nación, que realice "una auditoría externa respecto de todas las obras realizadas en el ámbito de esta Casa de Estudios con fondos provenientes de la empresa YMAD, por el período comprendido entre el año 2006 a la fecha, así como también en relación a todo otro destino dado a los mismos, antes o con posterioridad al 2 de enero de 2008".

"La auditoría (…) deberá incluir destino de todos los fondos, cumplimiento de la normativa aplicable a la administración y disposición de los fondos y contratos, así como toda normativa tributaria aplicable", requirió.

El destino de aquel pedido es totalmente incierto.



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