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Apuran definiciones a la Justicia Federal de Tucumán sobre la realización del juicio por los fondos de YMAD a la UNT

(IN)JUSTICIA FEDERAL

Ante la renuncia del juez Jiménez Montilla al Tribunal Oral Federal y versiones de vencimiento de la subrogancia del vocal Enrique Lilljedahal, la defensa de Luis Sacca, uno de los imputados, exige impedir que se suspenda el juicio y evitar la prescripción de la causa penal.

Luis Sacca, en sus días como diputado nacional. (Foto @LuisSacca)





La defensa de Luis Sacca,  exdiputado nacional de la UCR que se desempeñaba como subsecretario de Políticas Administrativas del rectorado de Juan Cerisola, solicitó al Tribunal Oral Federal la ratificación y/o rectificación de la fecha del debate ante las versiones de renuncias de Jiménez Montilla y el presunto vencimiento de la subrogancia del catamarqueño Lilljedahl.

El lunes 29 de abril es la fecha fijada para el inicio del juicio de la causa caratulada Cerisola Juan Alberto y otros/malversación culposa Expediente 400360/2010 donde se investigan el manejo de más de U$S 85 millones enviados por Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio a la Universidad Nacional de Tucumán en el marco de la Ley 14.771 aunque burdamente el fiscal Carlos Brito y el juez Fernando Poviña no investigaron el delito que diera origen a los fondos: la falsificación documentada de la Ciudad Universitaria de San Javier contra la UNT y contra todos los tucumanos.

eltucumano dio cuenta recientemente que presidente del Tribunal Oral Federal de Tucumán, Carlos Enrique Jiménez Montilla, solicitó su inhibición “exclusivamente” para entender y participar durante las audiencias de debate oral y días después, al otro día el diario La Gaceta anunció que Jimenez Montilla "habría" presentado su renuncia a lo que se suman rumores y versiones del operador saabista en el diario sobre el vencimiento de la subrogancia del juez Enrique Lilljedahl, de Catamarca, versiones que alientan la impunidad federal de los autores del robo a la Ciudad Universitaria.

En la causa, que comenzó en el año 2010 a partir de las denuncias del arquitecto Ramón Eudal y el abogado Oscar López, serán juzgados además los exfuncionarios universitarios Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-, Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- aunque El Robo de la Ciudad Universitaria es parte de una asociación ilícita entre exrectores, autoridades de YMAD y ex y actuales funcionarios de la UNT, como el secretario general José Hugo Saab y el director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, aclaró en FM latucumana 95.9 que este escenario no debería impedir la realización del juicio: "Es preocupante que haya tres vacantes en el Tribunal Oral Federal, la fiscalía del TOF está vacante hace diez años, hay una seria falencia institucional pero eso de ninguna manera puede significar que se va a paralizar el tribunal", enfatizó.

"La Cámara Federal de Tucumán, nosotros, tenemos jurisdicción territorial en tres provincias: Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca; los jueces de estas tres provincias se pueden subrogar y se subrogan mutuamente ante la ausencia de uno en los tribunales. En el caso de Santiago, el Tribunal Oral tiene tres miembros y la cantidad de juicios que tiene no es nada importante; en Catamarca, si bien nos están faltando jueces en el Tribunal Oral, también pueden ser suplidos desde Tucumán o Santiago del Estero. La Cámara Federal de Tucumán tiene cinco miembros, de los cuáles dos o tres podrían subrogar el Tribunal Oral Federal de Tucumán", explicó el fiscal general.

La defensa de Sacca, a cargo del abogado Víctor Hugo Taleb, quien acreditó mediante respectivos escritos haber solicitado cinco veces el socreseimiento del exfuncionario universitario y siete veces la fijación de una fecha para el juicio oral, se presentó ante el TOF para señalar en primer lugar que "nos hemos anoticiado de la renuncia del vocal Dr. Carlos Jiménez Montilla a través de los medios de comunicación, a pesar que desde el 8/3/24, el mismo Vocal, había solicitado no asistir a las audiencias de debate de esta causa por razones médicas".

Luego, señaló que "en forma extraoficial, surge que estaría venciendo la subrogancia del Sr. Vocal Enrique Lilljedahal, lo que deberá ser informado a las partes por este Alto Tribunal, atento a que si fuera cierta esta versión, Casación Penal debiera designar tres jueces para posibilitar la realización del debate en esta causa, lo que a la fecha en que nos encontramos, no se presente como factible".

El abogado del exdiputado radical insistió ante el TOF que Sacca "no quería salir libre por prescripción de la acción penal" sino "acreditar la absoluta inocencia de Sacca en los delitos que se le imputan" por lo que "ante la renuncia del Sr.Jiménez Montilla, solicitamos se aclara si se realizará el debate en fechas 29 y 30 de abril del 2024".

La defensa del exfuncionario universitario recordó que desde el 24/8/21 insiste en la "insubsistencia de la acción penal" y que su voluntad es "acreditar la absoluta inocencia" del imputado. Además, recordó el fallo del doctor Fernando Poviña respecto a la investigación sobre la obra pública, incorporado como "hecho nuevo" a la causa cuyos fundamentos avalan su "postura sobre la naturaleza jurídica de los delitos imputados".

Además, repasó que el 5/5/22 señaló la continuación del "régimen de colocaciones financieras de la época de los hechos de esta causa, e incluso haber ampliado in extremis toda vez que se aplica a todas las operaciones financieras de la UNT y no solo a los fondos provenientes de YMAD", reiterando el pedido de sobreseimiento y advirtiendo el peligro de la dilación para fijar la fecha de debate.

Sacca indicó también en su escrito que a partir de los informes de la Auditoría General de la Nación se debió disponer su "falta de mérito" en la causa pero "sin embargo el fiscal (Carlos) Brito decidió seguir investigando" a pesar de que "la investigación correspondía a inconductas de la UNT y no hace mención alguna a las constructoras hoy imputadas" por lo que "las objeciones de la AGN son por errores de procedimientos y no por presunta defraudación a la Administración" lo que consideran "es una prueba más de que Sacca debe ser absuelto por la propia naturaleza del delito que se le imputa".

El exdiputado también subrayó que el 10/4/23 a partir de una publicación de eltucumano advirtió sobre "el peligro de prescripción de la acción penal en esta causa" por lo que "solicitamos premura en la fijación de fecha de debate"; en fecha 22/9/22 reiteró el pedido de fijación de fecha de debate y que sean provistas sus anteriores presentaciones, lo que -señalan- recién ocurriría el 26/10/23 cuando insistieron para se fije fecha de debate el 23/8/23.

En su misiva al TOF, la defensa de Sacca finalmente indica que es su intención "evitar de toda manera jurídica y posible la prescripción de la causa penal" porque "solo la absolución de mi defendido, vendrá a limpiar años de escarnio público, el sufrimiento de su familia, y el que se haya truncado su carrera política con falsas acusaciones".

Así, tras requerir cinco veces que sea sobreseído y siete veces que se fije la fecha del debate oral y público, ahora la defensa de Sacca apura definiciones para que se confirme si se realizará o no el histórico juicio.



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