No viene: cancelaron la visita de Alberto Fernández a la UNT
Luego de horas de incertidumbre respecto a la agenda presidencial, desde Nación confirmaron que el mandatario no compartirá escenario con actuales funcionarios sindicados por la Justicia Federal como coautores del robo a la UNT de la Ciudad Universitaria en San Javier.
Alberto Fernández, preocupado. (Foto: Twitter @alferdez)
Finalmente, el presidente Alberto Fernández no visitará Tucumán este viernes. Se especuló, en la mañana de este jueves, con que concurriera a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para dejar inaugurada una nueva sede de la Facultad de Bioquímica, con fondos del Programa Nacional de Inversión en Infraestructura Universitaria anunciado en 2020. También se habló de que compartiría un acto de inauguración de un hospital de rehabilitación con el gobernador electo Osvaldo Jaldo y la fórmula presidencial Eduardo de Pedro - Juan Manzur. Sin embargo, el viaje íntegro fue descartado y Fernández no visitará la provincia.
El mandatario nacional se exponía a ser parte del acto en la UNT en medio del escándalo que atraviesa la Casa de Altos Estudios, ante la reactivación de la causa por el Robo de la Ciudad Universitaria de San Javier que ordena construir con las regalías mineras de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) la Ley 14.771.
La falsificación de la construcción de la Ciudad Universitaria fue sentenciada en actas firmadas por tres exrectores radicales: el por entonces Rector Juan Alberto Cerisola y quienes eran los directores por la UNT ante YMAD, Mario Marigliano -ya fallecido- y Rodolfo Martín Campero, además de autoridades de YMAD y actuales funcionarios universitarios, que estarían presentes este viernes junto a Fernández.
En julio de 2020, el titular de la Secretaría de Proyectos y Obras de la Universidad, Sergio Mohamed, precisó que a través de este Programa en Tucumán se financiará la reactivación de la inconclusa Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia que dormía desde 2012 en el Centro Herrera (ex Quinta Agronómica).
La piedra fundacional de ese edificio había sido puesta por el exrector Cerisola, justamente uno de los acusados de falsificar la construcción de la Ciudad Universitaria ordenada por ley y que nunca se llevó a cabo.
En marzo de este año, el diario eltucumano.com publicó por primera vez la polémica investigación del fiscal federal Carlos Brito, quien consideró que sólo Cerisola falsificó la construcción del campus que iba a construirse en San Javier y cuya edificación fue ordenada por la Ley 14.771 de creación de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Pero la UNT fue víctima de una doble violación, ya que no sólo no se erigió la Ciudad Universitaria "conforme a los planos ya aprobados" tras la expropiación de 18.000 hectáreas en los cerros tucumanos, sino que ni antes ni después de que se la diera por terminada mediante un acta firmada el 2 de enero de 2008, la UNT nunca percibió el 40% de las utilidades que por ley debiera girarle YMAD.
La Ley 14.771, del gobierno radical de Arturo Frondizi ordena construir el campus en los cerros tucumanos "conforme a los planos ya aprobados". Las obras se paralizaron en 1955 y el proyecto debió reactivarse hacia el año 2006 con la llegada de las regalías mineras de YMAD, pero la Ciudad Universitaria se declaró culminada mediante las actas del directorio de YMAD que firmaron los exRectores radicales Mario Marigliano y Rodolfo Martín Campero el 27 de diciembre de 2007, y la que firmó el exRector Cerisola el 2 de enero de 2008,
La "reformulación" del concepto de Ciudad Universitaria (basada en la tésis del arquitecto Franco Marigliano, hijo del exrector Marigliano) se ejecutó a partir de una serie de dictámenes de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UNT, a cargo de Augusto González Navarro desde 1999, quién adulteró la letra de la Ley 14.771 para que esas regalías mineras no se destinasen a construir la Ciudad Universitaria. La localización de los planos de la Ciudad Universitaria hubiese obligado a construirla en el año 2006 "conforme a los planos ya aprobados".
En mayo de este año, eltucumano.com localizó los planos y alertó de su existencia a las autoridades universitarias y la Justicia Federal. Desde la UNT se informó que ya se relevaron 600 de los cerca de mil planos que se pudrían en doce cajas de aires acondicionados. Los planos están bajo custodia de funcionarios que dependen directamente de los sospechados por el Robo de la Ciudad Universitaria.
Los planos fueron encontrados en la Planoteca de la Secretaría de Planeamiento y Obras a cargo del ingeniero Sergio Mohamed, quien es amigo personal del actual rector Sergio Pagani. El abogado Gustavo Morales requirió a la Justicia Federal y al Rectorado la preservación de los planos, ya que su mera localización desató una verdadera conmoción en la Universidad tras años de ocultar y negar la existencia de los mismos. El propio Pagani se apersonó en la Planoteca al alertarse que allí estaban los planos de la Ciudad Universitaria, tras años en las sombras.
Desde La Gaceta, el Saabismo busca instalar que los planos localizados no son los planos “originales” de Sacriste, Caminos y Vivanco, como si acaso existiesen planos originales y planos no originales. Los investigados Saab y González Navarro oficiaron de voceros: "Estamos buscando en el digesto universitario resoluciones que nos digan la factibilidad o no que hubiese tenido la Universidad de construir eso que está dibujado en estos supuestos planos de la Ciudad Universitaria", indicó Saab, mientras que González Navarro adujo que "la 14.771 no dice que estén adjuntos esos planos, sino solamente que fueron aprobados. Pero no se sabe dónde están".
Con una presunta fecha de juicio para octubre, esta semana el Tribunal Oral Federal autorizó otra dilación más en la causa federal que supuestamente investiga el Robo de la Ciudad Universitaria. En efecto, tras hacer lugar el 30 de marzo a un primer pedido de prórroga de 49 días requerida por el perito oficial Ingeniero Francisco Pedro Guzmán, el juez Carlos Jiménez Montilla le otorgó el 12 de junio (fecha prevista para su presentación) otros 45 días hábiles al perito para la culminación de una supuesta pericia arquitectónica que considera "imprescindible a los fines de fijar fecha para la realización de la audiencia de debate oral y pública".
