Fiscal Federal apura las detenciones de Saab, González Navarro y otros partícipes del robo de la Ciudad Universitaria de la UNT

El pasado 12 de abril, el fiscal federal Gustavo Gómez requirió ante la Cámara Federal de Apelaciones se le ordene al Juez Federal de primera instancia Fernando Poviña, que cite a indagatoria y "oportunamente se dicten las órdenes de detención de Maria Luisa Rossi de Hernández, Augusto González Navarro y José Hugo Saab "conjuntamente con "la formación de un nuevo legajo" que evite mayores dilaciones en la causa por el robo de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). 

Este viernes, Gómez pidió al Tribunal Oral Federal, que haga lugar a la solicitado dos meses atrás y lleve adelante las detenciones la exvicerrectora de Juan Alberto Cerisola y los actuales funcionarios universitarios luego de que “habiéndose expresado las partes restantes a quienes se les corrió vista del requerimiento de este Ministerio Público, y habiendo fenecido el plazo legal a tal efecto, corresponde que el Tribunal Oral resuelva las cuestiones planteadas” (Nota de la R. el lector puede descargar el documento federal al final de éste artículo).

“Consta en la causa que todas las partes en cuestión fueron debidamente notificadas, y que además las defensas técnicas de los imputados Juan Alberto Cerisola y Osvaldo Venturino emitieron su opinión al respecto”, explicó Gómez.

Por lo expuesto, el fiscal federal solicitó “se haga lugar a las detenciones oportunamente requeridas por esta parte en el escrito de fecha 12 de abril de 2023”.

El expediente a cargo del fiscal federal Nº1, Carlos Brito, investiga la malversación de fondos de Minera La Alumbrera en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a partir del año 2008 y la estafa sobre la construcción de la Ciudad Universitaria. En esta causa están procesados el ex rector Cerisola, y los exfuncionarios Olga Cudmani, Luis Sacca y Venturino, todos ellos con pedido de detención desde 2017.

Gómez criticó ante la Cámara la actuación de Brito porque "no es inteligible el recorte que se observa en el despliegue de la investigación" que dejó fuera de la mira judicial al saabismo aún gobernante en la UNT y le solicitó ampliar la investigación, imputar y detener a la ex vicerrectora de la UNT, Rossi de Hernández, al actual secretario general, Saab, y al Director General de Asuntos Jurídicos del Rectorado, González Navarro. 

Cabe recordar que entre abril y mayo de 2009, y presidiendo sesiones del Consejo Superior, la vicerrectora María Luisa Rossi de Fernández firmó 9 resoluciones mediante las que se convalidó el ingreso de fondos de Ymad y su distribución dentro del presupuesto universitario por casi 100 millones de pesos en aquel entonces (unos 27 millones de dólares de aquel entonces).

En cuanto al González Navarro, el fiscal federal general apunta que "la aprobación de las resoluciones n° 365/366/367 del año 2008 y el pago a las empresas contratistas por parte de Cerisola contó con el previo dictamen positivo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Universidad. "Es decir, sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública. Por ello es que cabe y así postulo (su) citación a indagatoria". Cabe recordar que eltucumano.com dió cuenta de la burda maniobra del hasta hoy jefe del servicio jurídico de la UNT y profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la  UNT (colega docente de los fiscales federales Carlos Brito y Pablo Camuñas y Rodolfo Burgos que debieron investigarlo -éste último recibe suculento contrato como exclusivo apoderado querellante por toda la UNT).

González Navarro es el mismo que adulteró la letra de la Ley 14.771 para que los fondos mineros no se destinen para al mega proyecto de 1947 en San Javier equiparando  una ciudad de 130 hectáreas construidas con “la compra o alquiler de locales, remodelación o trabajos de refacción, adquirir equipamientos servicios de mantenimiento tales como instalaciones eléctricas, pintura, plomería y gas” (SIC) y “por fuera de la ley de Obras Públicas” (SIC).

El director del servicio Jurídico es el autor, además, de un singular dictamen que transforma los dineros públicos en privados en la UNT conocido como 'Doctrina Hochi' que completa el iter criminis contra la Universidad Pública y que permitió a Cerisola el uso de los fondos mineros al margen de la Ley de Obras Públicas, desatando un festival de sobreprecios en refacciones y obras improvisadas del rectorado (por $ 28.346.052,17 - U$S 8.098.872 a valores constantes) junto a colocaciones financieras discrecionales (por unos $193.000.000 - unos U$S 55.000.000 a valores constantes) de acuerdo al requerimiento de elevación a Juicio del fiscal Brito .

A Gonzalez Navarro le cabe, según el fiscal, además de la prisión por estafa a la UNT la accesoria del artículo 248 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

En ese sentido, la máxima autoridad fiscal federal de Tucumán también apuntó a José Hugo Saab, quien "en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de 'urgente' la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694)". Gómez afirma que "este dato es más que suficiente para endilgarle responsabilidad por el hecho ilícito cometido".

Cabe recordar que el Secretario General de la UNT José Hugo Saab es desde hace 40 años la primera autoridad administrativa de la Universidad Nacional de Tucumán e increíblemente no fue citado en la causa a pesar de que está probado que el 2 de marzo de 2008 (Expediente 248/08) apuró a las áreas de la UNT una reglamentación especial para la contratación de obras por fuera de la ley de obras públicas.

Saab también participó de la increíble y voraz pirueta de la UNT según la cual el mandato de la Ley 14771 de culminación de la ciudad universitaria "conforme a los planos ya aprobados en 1958" (N.de la R: elaborados por un prestigioso equipo de arquitectos liderado por Eduardo Sacriste) se pudo cambiar por un plan con planos a las apuradas realizados por el hijo del entonces vocal de YMAD por la UNT y ex rector de la Casa de Altos Estudios Mario Marigliano. Este "cambio" de lo ordenado por la ley de Ymad contó con la vista gorda de Gonzalez Navarro y constituye un ejemplo cabaldel desprecio por la legalidad en la Universidad Pública tucumana.

La justificación del fiscal para pedir los llamados a indagatorias y detenciones se encuentran en el siguiente pasaje: "Entre los procesados en la causa encontramos personas que cumplieron funciones en la Universidad Nacional de Tucumán y otros que a la fecha continúan desempeñando roles en la estructura jerárquica como es el caso de José Hugo Saab y González Navarro. Este dato objetivo torna ostensible el riesgo de obstrucción del avance del proceso penal con afectación seria de la producción de prueba de cargo. La envergadura del perjuicio económico y la complejidad de los mecanismos financieros, a través de la intervención de diversos intermediarios y formas jurídicas utilizadas para el caso, debieran sopesar sobre el análisis del dictado de una medida cautelar restrictiva de la libertad. El contraste de este factum procesal y lo que aconteció en otros procesos penales de público conocimiento, en los que se investigó el destino dado a los dineros públicos, evidencian que las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán y los empresarios procesados reprodujeron -a menor escala- el “montaje” de mecanismos administrativos que facilitaron el direccionamiento de activos públicos para beneficiar intereses espurios. El abordaje del factum a través de la figura de lavado de activos conlleva consecuencias que alcanzan para dictar medidas cautelares en contra de los sindicados como responsables del ilícito objeto del proceso. El cambio de destino de los dineros obtenidos mediante el despliegue de las maniobras defraudatorias es una consecuencia lógica y necesaria si se atiende a que la finalidad de este tipo conductas es acceder a sumas de dinero para sustraerlas de mecanismos de control y/o recuperación de activos. También es cierto que la insolvencia suele ser un denominador común entre aquellos involucrados en actividades defraudatorias, pues el riesgo de decomiso del activo es baremo contemplado por el infractor". A esto, agrega: "Estos elementos son indicativos de la necesidad de que por los medios pertinentes se disponga la detención de los imputados, hasta tanto se concluyan las medidas investigativas conducentes, se determine el destino impreso a los activos públicos detraídos y se concrete la realización del debate oral del tramo procesal que ya fue elevado al Tribunal Oral Federal. Justamente, el estado de avance del proceso y la esperable condena a prisión efectiva de Cerisola, Sacca y Cudmani juzgados en el Tribunal Oral, son elementos convictivos razonables y suficientes como para disponer las prisiones preventivas y detenciones de los sindicados en el presente dictamen".

Gómez alerta en el documento sobre la demora en los trámites judiciales, especialmente los que tienen que ver con las apelaciones por parte de la defensa, y la apuesta de los procesados por la prescripción de la causa. "Han transcurrido más de 9 meses sin que se hayan tratado debidamente las pretensiones impugnativas", señala y agrega que "si bien la complejidad de la causa contribuye a que se produzcan dislates temporales involuntarios, como ya fuera dicho, esta característica del proceso no justifica la mora que se evidencia sin que se concluya el trámite recursivo", por lo que "se torna imperativo acelerar la tramitación de las impugnaciones, garantizar el cumplimiento de los plazos procesales y evitar el acaecimiento de la hipótesis de prescripción de la acción penal".

En la parte final de su texto, el fiscal pide que "se le ordene al Juez Federal que cite en los términos del artículo 294 del CPPN, a Maria Luisa Rossi de Fernández; Augusto González Navarro y José Hugo Saab" y que "oportunamente, se dicten las órdenes de detención" de ellos tres, como así también de los empresarios que ya se encuentran procesados en la causa: "Marcelo Eduardo Boero; Pedro Alberto Varella Otonello; Juan Manuel Peña; Guillermo José Pasquini; Ana Inés Cossio; Juan Carlos Aranda; Norma del Valle Zottola; Ricardo Aníbal Fernández; Ruth Soledad Fernández; Manuel Guillermo Galindo; Roberto Antonio Galindo; Javier Martinez Riera; Oscar Enrique Prado; Juan Vicente Guzmán; Horacio Eduardo Gordillo; Fernando Adrián Gordillo; Jorge Ignacio Zeballos; Máximo Federico Mellace; Luis Exequiel Movsovich; Héctor Gerardo Preatonio; Héctor Fidel Preatonio y Alejandro Martin Preatonio".