Tras casi 15 años, la Justicia Federal habría fijado fecha al Juicio por el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier
La causa por el (des)manejo de los fondos de YMAD llegaría a juicio a fines de octubre: tras largas dilaciones, el exRector Juan Alberto Cerisola y exfuncionarios se sentarán en el banquillo de los acusados. Los empresarios acusados serán juzgados en otro proceso.
Juan Alberto Cerisola, a juicio.
Tras casi 15 años, la Justicia Federal habría fijado fecha para el inicio del juicio oral y público por el robo de la Ciudad Universitaria de San Javier y el (des)manejo de las regalías de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) que ingresaban a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). El exRector Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios uis Sacca, Olga Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino se sentarán en el banquillo de los acusados luego de años de dilaciones en la Justicia.
Los jueces del Tribunal Oral Federal de Tucumán hicieron lugar a un pedido del perito oficial Ing. Francisco Pedro Guzmán y habrían fijado fecha para el juicio, según La Gaceta: "El juicio se iniciará el 29 de octubre y continuará el 30 y luego el 5, 6, 12 y 13 de noviembre. De allí se irán fijando las fechas para su continuación", indicó el centenario diario, que recupera así su interés en la causa donde se investiga qué se hizo en la UNT con $353.000.000 de regalías mineras, unos U$S 85.500.000 (85,5 MILLONES DE DÓLARES) en cotización de 2010, lo que equivaldría a $19.323.000.000 a su cotización actual ($226).
La causa está caratulada "Cerisola Juan Alberto y otros s/malversación culposa" expediente 400360/2010 y no registraba avances de ningún tipo desde 2019. Dos semanas atrás, el fiscal federal general Gustavo Gómez pidió la detención de los procesados Juan Alberto Cerisola y los exfuncionarios Olga Cudmani, Osvaldo Venturino y Luis Fernando Sacca, como también de más de 20 empresarios tucumanos y la citación a indagatoria y posterior detención de María Luisa Rossi, Augusto González Navarro y José Hugo Saab, exvicerrectora y actuales director General de Asuntos Jurídicos y secretario general de la UNT.
En una entrevista exclusiva con eltucumano, el fiscal Gómez subrayó que el futuro de la causa "es una incógnita", y remarcó: "Tucumán perdió la posibilidad de tener una Universidad ejemplar en cuanto a lo edilicio. Vuelvo a repetir, no soy una persona vinculada a la universidad, no soy profesor". "Me parece que estos delitos que se han cometido, en el marco de las autoridades, provocan un prejuicio muy grande a la Universidad", insistió.
Los jueces designados son Carlos Enrique Jiménez Montilla y Noel Costa, de Córdoba. La Cámara de Casación deberá nombrar a un tercer magistrado, y a un cuarto por la duración del proceso.
Los empresarios investigados por el cobro y pago de sobreprecios en el plan de obras 2006-2009 de Cerisola que "reemplazó" a la Ciudad Universitaria son: Luis Exequiel Movsovich, Marcelo Eduardo Boero, Pedro Alberto Varela Ottonello, Juan Manuel Peña, Guillermo José Pasquini, Ana Inés Cossio, Juan Carlos Aranda, Norma del Valle Zóttola, Ricardo Aníbal Fernández, Ruth Soledad Fernández, Manuel Guillermo Galindo, Roberto Antonio Galindo, Javier Martínez Riera, Oscar Enrique Prado, Juan Vicente Guzmán, Horacio Eduardo Gordillo, Fernando Adrián Gordillo, Martín Preatonio, Héctor Gerardo Preatonio, Héctor Fidel Preatonio, Jorge Ignacio Zeballos y Máximo Federico Mellace.
La causa contra Cerisola
La causa contra el exRector Cerisola lleva muchos años en trámite. La misma partió de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, a la que se sumaron otras acusaciones del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación. La investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, constató irregularidades en el manejo de utilidades por $ 340 millones -o U$S 85,5 millones, según la cotización en 2010- que la UNT recibió de YMAD. En 2019, los coimputados lograron diferir el inicio de la audiencia en el TOF mediante el pedido de dos peritajes adicionales (uno contable y otro de ingeniería civil).
Las acefalías en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) llevaron al Poder Judicial a reprogramar las declaraciones indagatorias previstas para junio de 2021. Los magistrados subrogantes Enrique Lilljedahl (Catamarca) y Jorge Abelardo Basbus (Santiago del Estero) debieron cumplir compromisos en sus jurisdicciones y reprogramaron las audiencias de la causa YMAD. En 2017, en el marco de la investigación de los Paradise Papers, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez solicitó la detención de Cerisola como de Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de que el manejo indebido de fondos.
Con el arribo de los fondos de YMAD, Cerisola dispuso la elaboración de un ambicioso plan de obras a través de Construcciones Universitarias, área a cargo de Cudmani. El 2 de enero de 2008 se firmó un acta con el director de YMAD en la que se declaraba concluida la tarea de la Ciudad Universitaria, con lo cual se disminuía el porcentaje de regalías al 20%, que a partir de entonces quedaban de libre disponibilidad. El restante 20% debía distribuirse, por la ley 14.771, a otras universidades nacionales.
Con ese propósito, Cerisola dictó tres resoluciones (365, 366 y 367/08), que según la acusación “resultaron contrarias a la Ley Nacional de Obras Públicas, violando sus deberes de funcionario público, ya que con la puesta en vigencia de estas disposiciones creó un sistema de licitación por fuera de la ley... lo que permitió que se adjudicaran de manera directa 12 obras, autorizando en todas ellas el pago de sobreprecios por $ 28,3 millones de pesos”.
En el pedido de detención de Cerisola se lee: "Sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública. Por ello es que cabe y así postulo la citación a indagatoria de Augusto González Navarro, responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos".
Además, se establece que "el contexto de la inconducta indica, el Sr. José Hugo Saab en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de “urgente” la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694). Esto habilita la convocatoria de Saab a prestar declaración indagatoria".
El acta del 2 de enero de 2008
El convenio firmado por Cerisola y el secretario del Directorio de YMAD, Diego Salmuni, el 2 de enero de 2008 acuerda:
"La Universidad Nacional de Tucumán, por intermedio de su Rector, recibe como parte integrante de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables correspondientes al ejercicio que cierra el 31 de diciembre de 2007".
"La Universidad Nacional de Tucumán deja sentado expresamente por intermedio de su Rector: a) Que con los fondos que su mandante recibe en esta ocasión se da por satisfecha la obligación de distribuir a favor de dicha universidad el porcentaje del cuarenta por ciento (40%) contemplado en el artículo 18, incido b), de la Ley 14.771; b) Que, como consecuencia de o indicado en a) toda suma que en el futuro pudiere percibir la Universidad "a cuenta de futuras utilidades líquidas y realizables" o en concepto de "utilidades líquidas y realizadas", será calculada aplicando el porcentaje del veinte por ciento (20%) que surge de lo previsto en el artículo 18, inciso c) de la Ley 14.771".
"En base a lo convenido en el punto primero, se crea a favor de YMAD un crédito por el importe entregado a la Universidad Nacional de Tucumán, esto es, por PESOS TREINTE Y SEIS MILLONES el que se extinguirá en la oportunidad en que se haga la distribución final de utilidades líquidas y realizadas, las que se determinarán en oportunidad de la aprobación de los estados contables correspondiente al balance cerrado el 31 de diciembre de 2007".
No es posible que el por entonces Rector Cerisola ni los representantes de la UNT en el directorio de YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, hayan podido ignorar tamañas violaciones al Estatuto de la UNT, ya que el acta rubricada por el exRector no pasó por el Consejo Superior, órgano que debe autorizar la disposición de bienes universitarios y causó un perjuicio a la Casa de Altos Estudios.
Lo llamativo del acta del 2 de enero que firmaron Cerisola e YMAD es que el 13 de septiembre de 2007, menos de cuatro meses antes del acta que daba por culminadas las obras de la Ciudad Universitaria, los vocales directores de YMAD, Mario Alberto Marigliano y Rodolfo Martín Campero requerían a Cerisola "la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria" ya que "a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso".
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