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Tras más de 340 días imputado por abuso sexual, desplazan a Rodolfo Burgos del directorio de Canal 10

decisión

El Rectorado de la UNT habría dispuesto el apartamiento del también docente de la facultad de Derecho denunciado por su expareja por el presunto abuso de su hija. Sin embargo, a principios del 2023, el rector Pagani le renovó su contrato como abogado de la Casa de Altos Estudios en la causa YMAD.

Rodolfo Burgos (primero de la derecha) junto a su reemplazante Leandro Díaz el día que asumieron en el directorio del Canal. A su lado, el exrector García y José Hugo Saab.-





Luego de que en abril del año pasado fuera imputado por abuso sexual en prejuicio de su hija menor, la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decidió desplazar a Rodolfo Tercero Burgos como presidente del directorio de Canal 10.

El docente y abogado querellante en la causa por la estafa a la UNT con fondos de YMAD, que por estos días se encuentra en España, será reemplazado por Leandro Díaz, un ingeniero civil especialista en hidráulica, que asumió como director vocal de la señal junto a Burgos, en 2016. 

Burgos será sometido a juicio oral, luego de que el pasado 13 de julio de 2021 fuera denunciado ante la Justicia Penal provincial por la abogada Daniela Moris, su expareja y madre de la menor, en una causa judicial que derivó en pericias psicológicas a la presunta víctima, como al denunciado, la realización de una Cámara Gesell y órdenes de restricción con el fin de no entorpecer la investigación.

En diciembre del año pasado, Raúl Armando Cardozo, Juez de Instrucción Penal de la IV Nominación del Centro Judicial Capital decidió disponer la elevación a juicio oral y público contra el acusado. La decisión del magistrado se dio tras “no hacer lugar al planteo de nulidad y oposición” al requerimiento de elevación a juicio realizado en octubre por el fiscal Subrogante de Instrucción de Violencia de Género y Delitos contra la Integridad Sexual, Fernando Blanno. También rechazaron el planteo de sobreseimiento que hizo la defensa de Burgos, por lo que ahora la justicia deberá notificar al funcionario universitario y sortear la Sala Conclusional que se hará cargo de juzgarlo.

El abogado Gustavo Morales, representante de  Moris adelantó a eltucumano.com que solicitaría una nueva orden de captura contra Burgos, tal como lo hizo en febrero de este año, pero esta vez con caracter internacional, ya que su estadía en el exterior hace sospechar una posible fuga del imputado. 

A pesar del desplazamiento del canal, Burgos continuará ligado a la UNT, ya que además de ser docente de la cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, es el abogado querellante contrarado por la Casa de Altos Estudios en la causa YMAD, donde se investigan las irregularidades detectadas en el manejo de utilidades mineras por parte del exRector Juan Alberto Cerisola y los imputados Luis Sacca (ex diputado nacional de la UCR), Olga Cudmani y Osvaldo Venturino.

El ahora expresidente del directorio del canal de televisión encabeza la querella tras ser propuesta por la exRectora Alicia Bardón y del director de Asuntos Jurídicos, Augusto González Navarro, este último sindicado como partícipe necesario de la falsificación y del andamiaje jurídico para el saqueo de las arcas de la UNT, a través de un aberrante dictamen que transforma los dineros públicos en privados conocido como 'Doctrina Hochi'.

En septiembre de 2019, tras la renuncia del abogado Diego Lammoglia a desarrollar la querella de la UNT, el rector José García y el secretario general del Rectorado, José Hugo Saab, resolvieron contratar para impulsar esta querella nada más y nada menos que a Burgos, por el plazo de un año "con la retribución que establezca el acuerdo de locación de servicios correspondiente", según informó en su momento La Gaceta.



Sin embargo, el Tribunal Oral Federal de Tucumán no aduce registro de los avances de la querella a cargo de Burgos en la causa contra Cerisola. Esto no impidió que a comienzos de febrero, la UNT lo volviera a contratar como letrado defensor de los intereses universitarios, y que esta decisión sea la primera resolución “publicada” por el Rector Sergio Pagani en el portal de Datos Abiertos de la Universidad en 2023, pero que hasta el cierre de esta nota permanecía oculta ya que al intentar descargar el documento, el archivo arroja el error "404 Page Not Found". 

El contrato y la actividad de Burgos como el súper abogado de la UNT son secretos de Estado por disposición del director de asuntos jurídicos de la UNT. En efecto, para González Navarro ─quien posibilitó la defraudación a la UNT con fondos de YMAD a través de dictámenes delictivos─ el millonario contrato con el letrado imputado por abuso sexual y la rendición de cuentas por su (in)actividad como el supradefensor de los intereses de la Universidad Pública de Tucumán se encuentra enmarcada en el artículo 8 de la ley de Información Pública.



La prórroga del contrato de Burgos fue la primera resolución de la UNT publicada en 2023. 



El error que arroja la página al intentar descargar la Resolución Nº 4/2023.-





La causa YMAD por la que Burgos fue contrado como querellante por la UNT

La causa contra el exRector Cerisola lleva 11 años en trámite. La misma partió de una denuncia del arquitecto Ramón Eudal, a la que se sumaron otras acusaciones del peronista disidente Oscar López y de la Sindicatura General de la Nación. La investigación a cargo del fiscal federal N°1, Carlos Brito, constató irregularidades en el manejo de utilidades por $ 340 millones -o U$S 85,5 millones, según la cotización en 2010- que la UNT recibió de YMAD. En 2019, los coimputados lograron diferir el inicio de la audiencia en el TOF mediante el pedido de dos peritajes adicionales (uno contable y otro de ingeniería civil).

Las acefalías en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) llevaron al Poder Judicial a reprogramar las declaraciones indagatorias previstas para junio de 2021. Los magistrados subrogantes Enrique Lilljedahl (Catamarca) y Jorge Abelardo Basbus (Santiago del Estero) debieron cumplir compromisos en sus jurisdicciones y reprogramaron las audiencias de la causa YMAD. En 2017, en el marco de la investigación de los Paradise Papers, el fiscal general Antonio Gustavo Gómez solicitó la detención de Cerisola como de Olga Cudmani, directora general de Construcciones Universitarias; Osvaldo Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; y Luis Fernando Sacca, subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión, ante la sospecha de que el manejo indebido de fondos.

En el pedido de detención de Cerisola se lee: "Sin la intervención de esta Dirección hubiera resultado imposible el misce in scene tendiente a defraudar a la administración pública. Por ello es que cabe y así postulo la citación a indagatoria de Augusto González Navarro, responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos".

Además, se establece que "el contexto de la inconducta indica, el Sr. José Hugo Saab en su condición de Secretario General de la Universidad, impulso con carácter de “urgente” la definición sobre las formas y procedimientos a seguir para concretar del plan de obras en la Universidad (vr. fs. 1694). Esto habilita la convocatoria de Saab a prestar declaración indagatoria".

No es posible que el por entonces Rector Cerisola ni los representantes de la UNT en el directorio de YMAD, Rodolfo Campero y Mario Marigliano, hayan podido ignorar tamañas violaciones al Estatuto de la UNT, ya que el acta rubricada por el exRector no pasó por el Consejo Superior, órgano que debe autorizar la disposición de bienes universitarios y causó un perjuicio a la Casa de Altos Estudios.

Lo llamativo del acta del 2 de enero que firmaron Cerisola e YMAD es que el 13 de septiembre de 2007, menos de cuatro meses antes del acta que daba por culminadas las obras de la Ciudad Universitaria, los vocales directores de YMAD, Mario Alberto Marigliano y Rodolfo Martín Campero requerían a Cerisola "la documentación necesaria que permita ponderar la marcha de los trabajos y/o actos conducentes a obras para la construcción de la Ciudad Universitaria" ya que "a la fecha no se encuentra concluida la Ciudad Universitaria, por lo cual la recepción de los fondos se hace en el marco del precitado inciso".


Del requerimiento de elevación a juicio presentado por el Fiscal Federal Nº1 Carlos Brito se desprende:

Ahora bien, merece especial análisis la conducta del ex  Rector Juan Alberto Cerisola, al rubricar, como representante de la Universidad Nacional de Tucumán, el Convenio N° 6 UNT - YMAD, de fecha 02/01/2008 el que dio por satisfecha la obligación del YMAD de distribuir el porcentaje 40 % de sus utilidades, previsto en el art. 18°, inc. "b", de la Ley 14.771, reduciendo el porcentaje al 20 % de manera arbitraria y sin un examen fundado de especialistas en la materia, es decir que no existe ningún antecedente y/ o informe técnico que avalase tal decisión, advirtiendo además la llamativa fecha en que se firmó.

Sumado a ello, se determinó que incluso previamente a la firma del citado convenio, las utilidades giradas por YMAD a la Universidad nunca alcanzaron el porcentaje del 40 % determinado por la Ley 14.771, así en el 2006 se giró un 19,28 %, equivalente a $ 57.112.000; en el 2007 un 25,35 % por lo que se recibieron $ 233.000.000, e incluso después de la rúbrica del convenio, tampoco se alcanzó el "nuevo" porcentaje legal del 20%, así en el 2008 se giró un 10,15 %, que resultaron unos $ 36.800.000 y en el 2009 un 6,41 % equivalentes a $ 26.300.000, adviértase que en su declaración indagatoria el procesado Cerisola manifestó "no es función del rector de la Universidad, ni de la Universidad controlar la exactitud de los montos recibidos'’, (fs. 1619 vta.)

Ahora bien, respecto a las utilidades percibidas por la empresa YMAD, según los estados de resultados con fecha de cierre al 31 de diciembre de los años 2006 al 2009, es dable señalar que las ganancias del ejercicio del año 2006 fueron de $ 296.183.332,32, las ganancias de! ejercido del año 2007 ascendieron a la suma de $ 884.307.553,13, las ganancias del ejercicio del año 2008 fueron de $ 362.426.327,81 y las del año 2009 alcanzaron la suma de $ 410.257.132,77, Es decir, no existe evidencia alguna de que durante la gestión del procesado Cerisola se hubiese realizado algún control sobre el YMAD, a los fines de determinar si las utilidades recibidas por la Casa de Altos Estudios, eran efectivamente las que fe correspondían percibir.

A pesar de la causa y lo presentado por Brito, Burgos no realizó avances en rol de abogado querellante.