"Está prohibido": abogadas repudian juicios abreviados en casos de violencia de género

Un conjunto de abogadas y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán presidida por Claudia Sbdar y ante el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo Jiménez manifestando alarma por la sistemática violación de derechos y el deficiente manejo en casos en los que las víctimas son mujeres. 

Este viernes a las 11 se definirá el curso que se dará al caso de Fátima Aparicio, una mujer que estuvo al borde de la muerte luego de una brutal golpiza que le dio su expareja, Luis Rondón. La defensa Rondón quiere ir a juicio abreviado para que le bajen la condena de 15 a 6 años. Este jueves y viernes organizaciones sociales acompañaron el pedido de Fátima en contra de la medida.

En los juicios abreviados, se deja afuera a la víctima y entre el fiscal y el juez convienen años de prisión o el monto del resarcimiento patrimonial, dependiendo de cada caso.

Según informaron desde las organizaciones que realizaron la presentación, en los casos de violencia de género está expresamente prohibido el uso de ese instituto jurídico, por la norma que rige a nivel nacional, la ley 26.485 de protección integral a las mujeres y el artículo 7 de la Convención Belén Do Pará. 

“Aducen que es una cuestión de celeridad por el desgaste judicial. Pero por estos motivos, se archivan todas las causas, como le pasó a Claudia Lizárraga o a Paola Tacacho”, expuso en diálogo con eltucumano.com Dolores Remis, una de las abogadas que firmó el escrito. Además, recalcó que, cuando se realizan los juicios abreviados de prueba, las condenas son mucho menores. “En el caso de Abigail Luna, había pruebas de sobra y se trataba de un femicidio. La nena muere en manos del padrastro. En ese caso, a él le correspondía cadena perpetua, pero hicieron un juicio abreviado y la condena fue menor”, explicó la profesional en referencia al caso que conmocionó a Tucumán en octubre, en el que el femicida recibió una condena de 25 años de prisión. 

La difusión de muchos casos con las mismas características en las que se violan los derechos de las víctimas y no se les garantiza seguridad, impulsó a las profesionales a unirse para hacerle saber al Poder Judicial los errores que se están cometiendo en estos procesos.

“El Estado tiene el deber de garantizar que la víctima pueda acceder al procedimiento. A un juicio con debate oral y público ya se que se condene o no al imputado”, dijo Remis y añadió que lo que buscan desde las organizaciones firmantes es “no callarse”. “Si vemos que se está procediendo mal vamos a decirlo en la justicia. Si ellos no lo pueden advertir, les mostramos para que arbitren los medios y hagan algo al respecto”, señaló.

Por último se refirió a que en estos casos es sumamente necesario que tanto los abogados, como las organizaciones sociales, los medios de prensa y los jueces trabajen en conjunto para que se dejen de violar los derechos de las mujeres.

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