"El jueves voy a pedir el juicio político", adelantó Morales sobre la denuncia a Estofán

“Esto no es nuevo, eso sí, por un pedido expreso de la víctima, hicimos pública su identidad”, explica el abogado Gustavo Morales, representante legal de Elvira de las Mercedes Mayol, empleada judicial que denunció al vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Estofán, por acoso sexual en el ámbito de trabajo. En diálogo telefónico con eltucumano.com, el letrado explica que la publicación del nombre de la denunciante responde a una estrategia para prevenir cualquier tipo de presiones y amenazas para retirar la medida judicial, cosa que ya ocurrió antes de que Morales se hiciera cargo de la causa presentada en la Superintendencia del máximo tribunal, el pasado 23 de septiembre.

El abogado defensor no se guarda nada y asegura que, como su defendida, existen en Tribunales otras víctimas del denunciado, mujeres que han visto paralizados sus ascensos en la vocalía del integrante más antiguo de la Corte actual. “No es la primera vez que Estofan está involucrado en esto; en 2010 hubo otro caso a una empleada que tiene un actual rol destacado en el Poder Judicial”, señala Morales, quien critica duramente el accionar de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) del Poder Judicial donde, asegura, le cerraron puertas y ventanas. “La víctima ha acudido a donde debía hacerlo y se le han cerrado las puertas y ventanas; fue a la OVD y no le quisieron recibir la denuncia, soy claro, es decir que en su propia casa le han cerrado puertas y ventanas”, reclama el letrado. Y agrega: “Por otro lado, en la Corte, por lo menos uno de sus integrantes le pidió (a la denunciante) que no efectuara la denuncia”.

Morales señala, además, que, en su desesperación, la víctima llegó a acudir hasta uno de los hijos de Estofán, recientemente designado en la Superintendencia de la Corte Suprema, para intentar frenar el acoso que venía padeciendo desde que rechazó la supuesta “propuesta indecente” realizada por el vocal decano.

“El viernes tuvimos una audiencia con Claudia Sbdar (presidenta de la Corte)”, recuerda Morales. “Nos dijo que personalmente se iba a encargar y que le iba a dar la contención a la víctima”, agrega al tiempo que destaca la apertura de diálogo de quien encabeza el Poder Judicial tucumano. “Está muy sola, le están dinamitando la Corte con estas inconductas”, se anima a opinar el letrado denunciante.

En medio del periplo, la víctima asistió a la Junta Médica reunida para analizar su caso. Es allí donde ocurre –se podría decir- una segunda “propuesta indecente” según Morales. “En la junta médica, el médico que la revisó le preguntó a qué cargo quería que la asciendan, que es una forma más o menos sutil de sobornarla”, denuncia.

Sobre el estado de salud de su defendida, el abogado describe que “prácticamente no puede hablar” y que se encuentra en uso de licencia. Explica, además, que la razón del ascenso elevado por el otrora presidente de la Corte, Daniel Posee, tenía que ver con un exceso de trabajo asignado tanto por Antonio Estofán como por Gustavo Ahmad, secretario administrativo del máximo tribunal, también denunciado por maltratar psicológicamente a la denunciante, a sabiendas –según el documento acusatorio- del supuesto acoso sexual sufrido. “Ella era una ordenanza que hacía tareas administrativas; trabajaba para Estofán y para Ahmad”, detalla Morales.

“El jueves voy a pedir el juicio político contra Estofán”, adelanta el abogado de Mayol. Ese día está programada una nueva sesión de la Legislatura. De concretarse la presentación, el vocal decano de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán será el segundo integrante, después de Daniel Leiva, en ser denunciado por su desempeño ante la Comisión de Juicio Político.

 

“Estofán y Ahmad son socios”, asegura Morales. Una acusación que está explicitada en la denuncia contra el segundo mencionado, contador público y secretario administrativo de la Corte. El abogado acusa a ambos de tener una relación más allá de los estrictamente laboral, de hacer negocios usar el sistema judicial a su favor. 

“Fíjese cómo arma esto Estofán: lo tiene a Gustavo Ahmad, secretario administrativo de la Corte que maneja el presupuesto y las licitaciones, y en la Superintendencia del Juzgado de Paz, que tiene autarquía financiera, pone de secretaria para que maneja los fondos a Carina Sleiman, esposa de Ahmad. ¿Y quién trabaja a la par de Carina Sleiman? Juan Pablo Estofán, hijo del vocal denunciado”, detalla el letrado denunciante.

Sobre este último mencionado hace hincapié Morales para sustentar la acusación que realiza contra Estofán y Ahmad por presunta administración arbitraria de licitaciones –cuestión que figura en la demanda de Mayol contra Ahmad-, ya que asegura que se ha favorecido a la empresa con obras del Poder Judicial pese a que su hijo es uno de los gerentes y que él mismo posee capitales invertidos en la firma creada en 2012 con el nombre Edifimet SRL. “Juan Pablo Estofán fue designado gerente de Edifimet SRL, que es una empresa constructora, y quienes lo eligen como gerente en 2012 fueron Mariano Estofán, otro hijo de Antonio, y Antonio Mahtuk”, explica.

 

 

“Estofán estaría incurriendo en dos figuras penales graves: negociación incompatible con la función pública y lavado de activos”, advierte Gustavo Morales, quien dice conocer al menos 100 víctimas del manejo fraudulento que sale a la luz a partir de las denuncias de su defendida, personas que prefieren mantener en reserva su identidad para no ser víctimas de represalias. 

“No son todos los vocales de la Corte, son Estofan y Ahmad, hay que decirlo”, apunta Morales. “Les piden entre un 30 y 40 por ciento de la suma jubilatoria a quienes quieren destrabar los expedientes, se traban los ascensos de las mujeres, se traban las causas penales porque Estofán hace votos preopinantes”, alerta.

“Deben iniciar un sumario administrativo, deben votar el resto de los vocales de la Corte y pedir juicio político, pero como no lo van a hacer lo voy a hacer yo; el accionar de Estofán compromete internacionalmente al Estado argentino”, recrimina Morales, quien señala que espera que la Corte asuma su compromiso institucional con la causa y que, de no prosperar la presentación, trasladará el caso a la fiscalía especializada en estos casos. “Lo invito a Estofán a que la querelle a la ordenanza, en juicio oral y público vamos a probar el daño psicofísico que le ha provocado a la denunciante”, sentencia.

“Todo lo que está pasando ahora deriva de que se ha tratado de tapar la enorme corrupción que hay en el Ministerio Público Fiscal, esto hay que decirlo; todo esto deriva de que no quisieron hacer una audiencia pública con Pedicone para que no salga a la luz”, concluye.