Acoso sexual y anomalías administrativas: el nuevo escándalo que salpica a la Corte Suprema de Tucumán
JUSTICIA EN LA MIRA
El abogado Gustavo Morales inició acciones legales contra el secretario administrativo del máximo tribunal, Gustavo Ahmad, a quien acusa de maltratar psicológicamente a una empleada judicial que denunció al vocal decano Antonio Estofán por acosarla sexualmente. El letrado denuncia, además, una “sociedad económica” entre los implicados, licitaciones arbitrarias y anomalías en el trámite de expedientes de jubilaciones. Pedido de destitución, inicio de sumario y respuesta de uno de los acusados.
Vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. (Foto: Dirección de Comunicación del Poder Judicial)
Un nuevo escándalo salpica a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Se trata de una denuncia promovida por el abogado Gustavo Morales contra el secretario administrativo del cuerpo judicial, el contador público Gustado Ahmad, a quien acusa de maltrato laboral y psicológico en contra de Elvira de las Mercedes Mayol (la denunciante autorizó por medio de su abogado hacer pública su identidad), empleada judicial que denunció por “acoso sexual” al vocal decano Antonio Estofán.
En la presentación, el letrado denunciante describe una serie de maltratos por parte de Ahmad y de su esposa, la secretaria de la Corte Carina Sleiman, en contra de su defendida. “Después de trabajar con ahínco con el secretario administrativo Ahmad, a pesar de sus tratos degradantes, de manera verbal comunicó a la suscrita (Mayol) que ‘había perdido la confianza” (sic) y aprovechando que había sacado licencia ordenó a otra empleada que utilizara no solo la PC de la suscrita sino que también le proveyó la clave informática”, reza un extracto del documento.
En este sentido, Morales asegura que el vocal del máximo tribunal tenía conocimiento de estos abusos administrativos contra su defendida, posibles gracias a “una relación que supera holgadamente lo estrictamente laboral” entre Estofán y Ahmad. El letrado apunta anomalías en un centenar de expedientes relacionados con jubilaciones de personal judicial, que atribuye a una “maliciosa parálisis”. Y agrega que el integrante de la Corte también es consciente de “arbitrarias licitaciones” en las que actúa el secretario Ahmad.
El mes pasado, Gustavo Ahmad fue señalado por Morales por la promoción de una secretaria, precisamente de su cónyuge, Carina Sleiman, quien pasó de ser prosecretaria “C” a secretaria “A” por decisión de los integrantes de la Corte y la intervención directa del contador. “El alto tribunal dijo (en la acordada correspondiente) que el contador Ahmad había informado que el programa presupuestario de la Justicia de Paz disponía de la partida para un cargo de secretario de Corte, lo que permitió el ascenso hasta el 31 de diciembre de 2020 de Raúl Scrocchi a superintendente de la Justicia de Paz y a Sleiman a secretaria ‘A’”, había explicado el letrado a La Gaceta, a principios de agosto.
Sobre la denuncia, Morales agrega que Mayol tuvo que trabajar en condiciones de notable desventaja psicofísicas debido a que el propio Ahmad rechazó un pedido de licencia, pese a haber presentado un certificado expedido por una psicóloga que desaconsejaba cualquier tipo de prestación de servicio. “En este contexto, agravado por el acoso sexual del vocal decano Antonio Estofán, provocaron en la suscrita un evidente deterioro psicofísico lo que obligó, por razones psiquiátricas y por motivos psicológicos, a solicitar la pertinente licencia médica”, se lee en otro párrafo del documento acusatorio.
El abogado denunciante solicita un sumario administrativo contra el vocal Antonio Estofán y su apartamiento de la Corte Suprema mientras dure el proceso. En cuando a Gustavo Ahmad, pide un traslado como medida preventiva y la máxima punición que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley Provincial 6238).
Para demostrar los hechos descritos, Morales requiere como pruebas pericias informáticas a la computadora de la denunciante y pericias psicológicas y psiquiátricas a la misma para demostrar su “verdadero y actual estado de salud psiquiátrico y psicológico, así como los motivos que obligaron a la suscrita a peticionar la correspondiente licencia”.
La denuncia contra Estofán reviste el segundo escándalo en menos de un mes que implica a integrantes del máximo tribunal provincial. El 1° de septiembre, el juez de Impugnación, Enrique Pedicone, denunció al vocal Daniel Leiva por tráfico de "influencias", a partir de un supuesto encuentro entre ambos en el que el integrante de la Corte le habría solicitado “medir la intensidad” de una denuncia por acoso sexual que pesa contra el legislador Ricardo Bussi. Antes de realizar la presentación judicial pertinente, Pedicone entregó los audios grabados de la conversación señalada a diversos medios de comunicación, lo que generó un escándalo y una oleada de pedidos de juicio político de un lado y otro.
"Podemos salir, tomar algo y luego hacer algo más"
La denuncia por acoso sexual contra el vocal decano Antonio Estofán fue presentada en la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 23 de septiembre. En el documento se describe un hecho ocurrido en 2019, en donde el denunciado habría realizado una "propuesta indecente" a la denunciante para solucionar una medida judicial en la que estaba implicada.
“He solicitado que la investiguen inmediatamente”, fue la respuesta que envió Estofán mediante mensaje de texto, junto con el rechazo a las acusaciones, a diario La Gaceta una vez que las acusaciones se hicieron públicas. “Considero que soy víctima de una difamación por lo que iré hasta el fondo del asunto y cada uno asumirá la responsabilidad que le corresponda”, agregó el magistrado.
Durante la presidencia de Daniel Posse, Elvira de las Mercedes Mayol fue propuesta para un ascenso, que más tarde quedaría demorado en la Vocalía de Estofán. Por esta razón –y siempre según lo que reza el documento acusatorio-, Mayol solicita una audiencia, entre fines de julio y comienzos de agosto, para ser oída por el integrante de la Corte denunciado.
Una vez logrado el encuentro, la denunciante describe que, sin mediar palabra, Estofán supone y le explicita que el motivo de la audiencia solicitada por Mayol estaba relacionado a una causa judicial en la que ella solicitaba el pago de una indemnización por parte de la empresa Andreani. “Conjeturó (Estofán) que el motivo de la audiencia impetrada por la suscrita versaba sobre la causa penal fraguada por el abogado Alfredo Falú en representación de la persona jurídica Andreani en connivencia con el entonces titular de la Fiscalía de Instrucción de la Xº Nominación Guillermo Segundo Herrera, con la finalidad de evitar el pago de una indemnización de dicha empresa a la suscrita”, reza el documento.
Sin poder aclarar la confusión, la denunciante describe que el vocal decano le expresó rápidamente que “esto se soluciona de otro modo” (sic) –en referencia a la causa penal que la incluía- y que, luego, Estofán le dijo “podemos salir, tomar algo y luego hacer algo más” (sic) para después directamente proponer un encuentro sexual para resolver el proceso penal.
A partir del rechazo a la propuesta del vocal decano, señala la denuncia, “empezó un verdadero ‘vía crucis’ que terminó afectando seriamente la salud psicofísica de la suscrita y, como era de prever, por no ceder a las apetencias sexuales del Vocal Decano, hasta la actualidad no puede ascender, a pesar de corresponderle legalmente”.
En este caso, las pruebas solicitadas por el letrado Morales son pericias psicológicas y psiquiátricas a la denunciante y que se libre un oficio a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) a fin de que se remita el acto y en el estado que se encuentra la causa penal caratulada “Mayol Elvira de las Mercedes s/ Administración fraudulenta en perjuicio de la Empresa Andreani”.
