Tucumán cierra sus fronteras contra el Coronavirus
BARRERA SANITARIA
Pese a las críticas por su legalidad, fue promulgada la ley sancionada en la Legislatura provincial la semana pasada. En qué consiste la medida.
Control de ruta contra COVID-19. (Foto: Ministerio de Gobierno y Justicia)
La ley provincial 9.269, aprobada por la Legislatura provincial la semana recién pasada, fue promulgada este martes por el gobernador Juan Manzur. La norma establece el cierre casi total de las fronteras de la provincia por 60 días, para frenar la propagación de Coronavirus en territorio tucumano.
Ayer lunes, el vicegobernador Osvaldo Jaldo había insistido con la promulgación de la norma. “Tenemos que evitar que los camiones ingresen a la provincia y que después los tengamos que andar persiguiendo porque nos dimos que estaban contagiados”, dijo en el programa televisivo ‘Los Primeros’.
La medida llegó al recinto legislativo luego de registrarse casos de camioneros que pasaron por la provincia para dejar mercadería y luego dieron positivo por COVID-19 en controles camineros de otras jurisdicciones cercanas. También por la insistencia de tucumanos que intentan ingresar de forma clandestina.
¿Quiénes podrán ingresar a Tucumán?- Personas que estén afectadas al traslado de mercaderías, productos e insumos por operaciones de comercio a través del transporte de carga. No podrán permanecer en la provincia un tiempo mayor a 48 horas.- personas afectadas a vuelos y traslados sanitarios que cumplan las mismas con los protocolos sanitarios del COE.- Productores que deban desplazarse a provincias limítrofes en relación a su actividad y acrediten fehacientemente su condición de tales, debiendo reingresar en un plazo no mayor a 48 horas.
El Ministerio de Salud podrá disponer otras excepciones, no incluidas en el texto vigente. Los controles se realizarán mediante tres áreas programáticas: Oeste, Este y Sur. En total, 12 límites serán los que quedarán bajo vigilancia permanente.
La ley que cierra las fronteras tucumanas desde este martes fue tildada como “terriblemente inconstitucional” por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien aseguró que la decisión es casi es un alzamiento contra el estado federal. “Viola los artículos 8 y 9 de la Constitución Nacional, atenta contra el sistema federal y desconoce las normativas vigentes dictadas por el presidente y el Congreso", detalló el letrado ad hoc.
