La UNT designaría en YMAD a un abogado denunciado por la Provincia

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llevará a cabo este martes una nueva sesión del Consejo Superior de manera virtual. En la oportunidad, entre los temas del día, se tratará la designación del abogado José Roberto Toledo en el Directorio de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD), en reemplazo de Alfredo Grau. 

Sobre Toledo, quien de ser designado presidiría el emprendimiento minero durante cuatro años, pesa una denuncia penal de la Fiscalía de Estado por la presunta comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública. Una denuncia realizada mientras el letrado se desempeñaba como apoderado de la empresa que administra la Terminal de Ómnibus de San Miguel de Tucumán. Durante la gestión del exgobernador Ramón Ortega, el acusado Toledo se desempeñó como secretario de Relaciones Institucionales, como representante de la provincia ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y como asesor del Poder Ejecutivo; este último entre julio de 1994 y octubre de 1995. “Hasta allí, que el abogado Toledo resulte ahora el apoderado de la Terminal implicaría un típico caso de puerta giratoria donde los funcionarios que integran gobiernos que otorgan concesiones terminan luego de empleados de esas mismas empresas al culminar la gestión. Esta conducta puede ser examinada moral y éticamente por la sociedad pero no configuraría, prima facie, delito alguno”, explicó en una entrevista con La Gaceta el director judicial de la Fiscalía, Leonardo Francisco Debono, en 2018.La Fiscalía de Estado entendió que la conducta del abogado “va mucho más allá”. “El poder general judicial que él mismo (Toledo) acompaña en el proceso judicial fue otorgado por Terminal del Tucumán SA el 4 de agosto de 1994, en un registro notarial de Buenos Aires. Es decir, ese poder le fue otorgado por la empresa 10 días antes del decreto que lo designaba como asesor del PE, con rango de secretario”, planteó.

Además, Debono señaló que “mientras el abogado Toledo revestía ese doble carácter (asesor del PE y apoderado de la empresa) la Provincia suscribió con Terminal del Tucumán SA, el 15 de diciembre de 1994, un convenio por el cual las partes acordaron específicamente modificar las pautas existentes en relación con el ‘toque de andén’”. Según el punto 5° del convenio al que se hace referencia, la Provincia dejó de percibir las tasas por “toque de andén”. “Dicho convenio implicó para el Estado Provincial concedente la renuncia por todo el plazo del contrato a su participación en la recaudación de las tasas o tarifas por toque de andén”, sintetizó el abogado. La denuncia de la Fiscalía de Estado de Tucumán, fue en respuesta a la demanda promovida por La Terminal por daños y perjuicios contra la Provincia para reclamar una indemnización varias veces millonaria. En ese juicio, la empresa exige la suma que surja del cálculo por los “toques de andén” no efectuados como consecuencia del incumplimiento de las empresas de ómnibus de su obligación de ingresar en los servicios programados.

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Denuncias que involucran al YMAD“Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio” fue eje de denuncias en los últimos años, luego de que el caso Paradise Papers expusiera la red de sociedades offshore de Glencore, una de las multinacionales que explotan las reservas de oro y cobre en la Argentina. En noviembre de 2017, el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, solicitó ante la Cámara Federal de esa provincia la detención de Juan Alberto Cerisola –ex rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) entre 2006 y 2009-; Olga Cudmani –directora general de Construcciones Universitarias-; Osvaldo Venturino –director de Inversiones y Contrataciones- y Luis Fernando Sacca –subsecretario de Políticas Administrativas y Gestión- en el marco de una investigación penal por presunto lavado de activos de fondos que percibía dicha Alta Casa de Estudios y provenían de YMAD, empresa explotada comercialmente por Minera La Alumbrera Ltda.s de la Nación, y asesor del Poder Ejecutivo; este último entre julio de 1994 y octubre de 1995.El recurso del fiscal se presentó luego de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara los procesamientos dictados por el juez federal Fernando Poviña, que resolvió procesar sin prisión preventiva a Cerisola, Sacca, Cudmani y Venturino por los delitos de administración  fraudulenta contra la Administración Pública e incumplimiento de deberes de funcionario público. Además, les trabó embargos de entre 3 y 50 millones de pesos. Cerisola fue sobreseído por otros delitos. Ante las revelaciones de Paradise Papers, realizadas en Argentina por el sitio Perfil, la fiscalía consideró que “estos aportes son contundentes al momento de considerar el origen, ingreso y manejo del flujo del dinero por los funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán. Por lo que no es ininteligible el recorte que se  observa en el despliegue de la investigación (…). La ingeniería financiera desplegada hacia fuera y hacia dentro de la Universidad Nacional de  Tucumán indican la envergadura de la investigación de marras y que no está siendo atendida por las premisas investigativas en la instancia de grado”.La investigación global llevada a cabo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), informó que los documentos obtenidos por el diario alemán Süddeutsche  Zeitung y muestran que la firma Glencore operaría la  extracción de minerales como socia de la firma Minera La Alumbrera Ltda., “con los consecuentes reproches por evasión fiscal y deficiencias en la  política ambiental, que le pudiera corresponder y por los que la firma local –que aporta dinero al YMAD- es investigada”, dijeron fuentes de  la causa en Tucumán. En los últimos días, Glencore volvió a sonar con fuerza en el país, ya que se conoció que es socia de la firma agroexportadora Vicentín, hoy en la mira del Estado Argentino por el desfalco a través de los créditos otorgados por el Banco Nación por $18.500 millones.