En secreto, la Justicia nombró a familiares como Abogados del Niño pero no les asignó funciones

Mediante cinco resoluciones mantenidas bajo un rotundo hermetismo hasta hoy, el ministro de la Defensa Washington Navarro Dávila nombró con el mismo cargo de "encargado principal" -y de manera discrecional- a Lourdes Romano Norri, María de los Ángeles Martinez, Alejandra María Jorrat, Gustavo Eduardo Estofán y Julio Facundo Maseguer para representar “legalmente los intereses personales e individuales de los niños, niñas y adolescentes en cualquier procedimiento prejudicial, judicial o administrativo que los involucre, en el que intervendrá en carácter de parte”. Lo curioso es que Navarro Dávila omitió un pequeño detalle: son abogados con cargos pero no tienen funciones según las propias desiganciones.

El Ministerio Pupilar de la Defensa quedó así en medio de una polémica con el Colegio de Abogados, institución a la que venía retaceando la información respecto de las designaciones arbitrarias desde comienzos de marzo, a pesar de elevar requerimientos formales en tal sentido. Ayer jueves se realizó un debate en la sede de los abogados para solicitar a la Corte Suprema su intervención ya que -consideran- las resoluciones de Navarro Dávila son inconstitucionales, conforme los propios dichos de la especialista Marisa Herrera en una reciente visita a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.

Los polémicos nombramientos salen a la luz luego de que el juez en lo Penal de Menores de la II° Nominación, Federico Moeykens, advirtiera que en Tucumán no se instituyó aún la figura del "Abogado del Niño" en el ámbito de la Justicia. Asimismo, señaló que existen proyectos para corregir la situación, pero que aún no han sido tratados en la Legislatura.

Moeykens recordó en una columna titulada “Continuamos tratando al Niño como una persona inimputable” que hace 14 años se sancionó en nuestro país la ley 26.061 que instituyó la figura del "abogado del niño", que garantiza a los niños, niñas y adolescentes a ser representados por un letrado preferentemente especializado -que no sería el caso de los letrados nombrados por el dedo de Navarro Dávila- desde el inicio de un procedimiento judicial o administrativo que lo incluyera.

Pese a que la provincia adhirió a la norma nacional y dictó su propia ley de protección integral, la institución de la figura del “Abogado del Niño” aún no se concretó. En ese sentido, en la Legislatura hay proyectos que esperan llegar al recinto. "No reconocer al niño – cualquiera sea su edad-  como un sujeto que goza de los mismos derechos y garantías que un adulto con un plus proteccional en un proceso de naturaleza judicial o administrativo, es una cuestión cultural que empieza dentro del propio sistema judicial", recuerda Moykens.